La Fiscalía ha pedido que presten declaración varios responsables de la empresa que gestiona los contratos del agua de la Diputación de Valencia. Según ha podido saber El Independiente de fuentes jurídicas, las pruebas todavía están a la espera de realizarse. Por el momento, no hay investigados.

En la causa se investiga una denuncia anónima que señala irregularidades en contratos por valor de unos 80 millones de euros. La mayoría afectan a ayuntamientos del PSOE, pero también hay otros del PP que se verían perjudicados.

La denuncia, en poder de este periódico, es amplia y muy detallada. Explica cómo se repartían, supuestamente, contratos en la Empresa General Valenciana del Agua (Egevasa), la compañía participada al 51% por la Diputación de Valencia y al 49% por Aguas de Valencia (grupo Global Omnium).

El inicio de la investigación data de julio de 2024. Entonces la Fiscalía Provincial de Valencia presentó una denuncia después de recibir una anónima. Fuentes conocedoras aseguran que el documento era tan preciso y concluyente que el ministerio fiscal no modificó el grueso del mismo. En mitad de la dana que asoló la provincia, el juez reclamó los contratos denunciados a Egevasa, la empresa pública que gestiona el agua.

Mismos empleados

La denuncia hace alusión a contratos de obras y servicios entre que se adjudicaron entre 2018 y 2022. El anónimo explica que Egevasa es una empresa pública, ya que sólo el 49% está controlado por Global Omnium. Según el denunciante, existiría un supuesto entramado por el que los contratos llegarían al conglomerado privado sin seguir la ley de contratos.

Los lotes no se dividían, se negociaban las adjudicaciones sin publicidad, se aumentaba la solvencia de los adjudicatarios... Son algunas de las irregularidades señaladas. Pero lo más llamativo es que empleados de Global Omnium, la parte privada de Egevasa, habrían participado en los procesos de contratación, a pesar de no ser parte de la plantilla de la compañía pública. Las adjudicaciones habrían terminado en empresas del grupo para el que trabajaban.

La denuncia contiene muchos detalles. Señala contratos concretos, mesas de contratación, fechas... Es sencillo comprobar lo que recoge, por eso la Fiscalía no la ha modificado antes de enviarla al Juzgado número 15 de Valencia, que es quien instruye.

Los contratos

Según la denuncia, entre 2020 y 2023 se adjudicaron 12,2 millones de euros en obras. El 36% fueron a empresas del grupo Global Omnium y el 63% a Construcciones Micó Ferrándiz, que está "estrechamente vinculada" a la primera al ser su proveedor.

En las adjudicaciones de servicios, el 75% de los 11,2 millones que se repartieron fueron para Global Omnium. Y en los contratos de suministros, 80,6 millones, el 48% se lo llevó empresas de ese grupo y 8,4 millones fueron para Micó Ferrándiz.

Uno de los contratos fue el del servicio de gestión integral de la retirada y transporte de lodos procedentes de las estaciones depuradoras de aguas residuales gestionadas por Egevasa. En la mesa de contratación participaron, presuntamente, dos empleados de Global Omnium. "Dada cuenta que la adjudicataria es una sociedad filial" de esta compañía "existe una clara y directa vinculación entre el adjudicatario y las personas que adjudican".

Otro de los señalados es el acuerdo Marco de ejecución de pequeñas obras de reparación y mantenimiento de colectores y EDAR's, y obras de mayor complejidad con carácter urgente. También habrían participado dos trabajadores de Global Omnium, y fue adjudicada a Canalizaciones Civiles, perteneciente al mismo grupo.

Un tercer ejemplo, de las 24 adjudicaciones bajo la lupa, es el de la "contratación de las obras para la estabilización de taludes en la EDAR Ontinyent (Valencia)". Además de que también participaron supuestamente empleados de Global Omnium en la mesa de contratación, la denuncia recoge otra irregularidad.

"Según consta en la Plataforma de Contratación del Estado, se rectificó el anuncio de licitación con posterioridad a la fecha límite de presentación de las ofertas, lo que supone una irregularidad grave en el proceso de licitación que impide concurrir a quienes desconozcan esta información con las debidas garantías en el procedimiento". Y en el expediente no consta "la fecha de presentación de las ofertas en ningún acta ni otro documento del proceso".