El fin de semana de trabajo entre Génova y los presidentes regionales del PP en Murcia, especialmente para endurecer el discurso migratorio para competir con Vox, no pasó desapercibido para partidos del Gobierno como el Movimiento Sumar. Desde el principal partido de la confluencia Sumar, se exige que el Ejecutivo tome medidas y lidere la agenda en inmigración para hacer frente "al racismo" con un "modelo radicalmente opuesto". Se quiere aprobar definitivamente la regularización de cerca de medio millón de inmigrantes que ya están en España trabajando, pero que se encuentran en situación excepcional.

Es algo que llegó al Congreso en abril del año pasado vía Iniciativa Legislativa Popular (ILP) pero que actualmente está bloqueada a falta de entendimiento entre las izquierdas y partidos como Junts o el PP. La exigencia la realizó este lunes la coordinadora del Movimiento Sumar, Lara Hernández, durante la rueda de prensa semanal del partido en la que se comenta la agenda.

"Las declaraciones de [Alberto Núñez] Feijóo son miserables. Apuntan a una estrategias claras: quieren jugar con la vida y con la dignidad de cientos de miles de personas como si fuesen mercancía electoral en su batalla con la ultraderecha, con Vox", afirmó Hernández. Se refirió, entre otras, a las propuestas del dirigente popular, que a demás de vivienda y de apoyo al campo, salió de su cumbre de barones apostando por un visado por puntos para la inmigración regular. Algo que se condiciona al trabajo que requiera de mano de obra. Se penalizará la multirreincidencia o los antecedentes, y se prioriza una "cultura" próxima. Ante ello, desde Sumar se quiere competir de tú a tú en la agenda migratoria. Sin dejar más espacio a PP y Vox, para que no condicionen el marco.

"Reclamamos que la regularización de más de medio millón de inmigrantes se apruebe antes de que termine el mes de octubre. Creemos que frente a los discursos miserables (...), frente a una derecha que quiere esclavos laborales" debemos tener "personas con derechos". "Queremos que esas personas que ya viven aquí se conviertan en ciudadanos de pleno derecho (...) frente a quien estigmatiza".

Una ILP sin apoyos

La duda, en todo caso, es a través de qué procedimiento se pretende conseguir en apenas cinco semanas. La ILP está bloqueada. Junts no quiere abrirse con los socios en materia migratoria por su competencia electoral con Aliança Catalana. Será especialmente difícil después de la votación perdida la semana pasada para la transferencia de las competencias en inmigración a Cataluña, a la Generalitat. Ya entonces, Mìriam Nogueras, reclamó un mayor control migratorio alertando de que la "cultura catalana" se encuentra en peligro y de que su comunidad es el destino de uno de cada cuatro inmigrantes llegados en las últimas décadas.

El PP, por su parte, viene siendo presionado por entidades religiosas como Cáritas para secundar esa ILP. Sin embargo, la competencia con Vox en la materia le llevó a enmendar el texto original y a pedir enmiendas. Por ejemplo, para acotar la regularización a quien no tenga antecedentes penales. Ahora, ni si quiera quiere oír hablar del tema.

Preguntada por la fórmula, ante la falta de apoyos, Hernández dejó la incógnita abierta, aunque en Sumar parecen decantarse por un real decreto ley que sortearía pasar por el Congreso, como hizo José Luis Rodríguez Zapatero en 2005, con la última gran regularización extraordinaria. También requeriría, entre otros, una modificación de la Ley de Extranjería, que sí dependería del resto de grupos. "Se tiene que producir con carácter de urgencia en el mes de octubre. Tanto con la ILP como con otros mecanismos. Estos se tendrán que ver. Las cuestiones técnicas no nos interesan, lo que nos interesa es que se produzca cuanto antes una realidad que ya existe. Queremos que se le pongan nombre y la dignidad que merecen estas personas frente a un modelo migratorio [de Vox] del que el PP es rehén", añadió la coordinadora magenta.

Con esta exigencia, Hernández quiere apelar a todos los socios y a su "voluntad". "Pero la ILP viene de la calle, de las firmas. La regularización puede hacerse por múltiples vías", insistió la coordinadora, alentando indirectamente una acción del Gobierno por mecanismos, por ejemplo, como un real decreto ley que no tendría que pasar por el Congreso. No detallan en Sumar, pero quieren un movimiento "inmediato" de Moncloa después del fracaso del proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral.

Toque a Garamendi

Vinculado con las competencias de Trabajo, Hernández mandó un mensaje al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que aseguró este fin de semana que hay poca "cultura del esfuerzo" en materia laboral. A su juicio, los jóvenes y otras tantas personas en España no quieren trabajar. "¿Creéis que Carlitos [Alcaráz] trabaja solo 37,5 horas a la semana?", comparó Garamendi el trabajo de un tenista de elite con un calendario intenso de torneos sumado a la carga de entrenamientos con el trabajo que pueden desarrollar trabajadores asalariados.

La coordinadora de Sumar, evitó entrar en detalles contra Garamendi: "No somos inocentes, sabemos que detrás de esa ofensiva voraz de los ultras contra los derechos humanos hay grandes poderes financieros que quieren velar por sus intereses". "Quieren barra libre para el abuso de los débiles". "Garamendi hace apología de la esclavitud", aseguró Hernández. La "respuesta a la Patronal" que dan en Sumar es en el Consejo de Ministros.

"Mañana martes se aprobará por vía urgente la reforma del control horario para que las más de dos millones de horas extra no pagadas sean una realidad y se paguen", trasladó Hernández. En concreto, la regulación y el endurecimiento del control horario era una de las principales máximas del proyecto de ley para la reducción de jornada, junto a las 37,5 horas semanales que ya muchas empresas han adoptado por convenios propios, y frente a la tercera pata de la norma: la desconexión digital. Se realizará por real decreto, pero la duda es si tendrá el mismo impacto que de haberlo logrado por proyecto de ley. La vicepresidenta segunda y titular de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, sigue empeñada en intentar sacar de nuevo adelante la normativa y superar el escollo de Junts.