La nueva Ley de Movilidad Sostenible marca un antes y un después en la gestión del transporte en España, fijando el camino hacia "una movilidad más ecológica, eficiente e inclusiva". Esta ley, aprobada en el Congreso ayer, 8 de octubre de 2025, consolida el derecho ciudadano a "moverse de manera sostenible". Además, obliga a empresas, administraciones y ciudadanos a pensar en sus hábitos, en línea con los objetivos europeos de reducción de emisiones y digitalización del sector. Estas son las claves que tienes que tener en cuenta a partir de ahora.

Reconocimiento de la movilidad como derecho ciudadano

La norma reconoce, por primera vez, la movilidad como un derecho fundamental, equiparándolo a otros servicios públicos esenciales. Esto significa que los poderes públicos tienen la obligación de garantizar a toda la ciudadanía el acceso a sistemas de transporte accesibles, inclusivos y sostenibles, independientemente de su lugar de residencia.

Nuevas obligaciones para empresas y grandes centros de actividad

Uno de los cambios más significativos es la obligación para empresas de más de 200 empleados (o 100 por turno) de diseñar y aplicar planes de movilidad sostenible en un plazo máximo de dos años. Estos planes deben incorporar:

  • Fomento de los desplazamientos a pie, en bicicleta o transporte público
  • Impulso del coche compartido y facilidades para el uso de vehículos eléctricos
  • Soluciones para teletrabajo y horarios flexibles, tratando de reducir desplazamientos en horas punta
  • Instalación de puntos de recarga eléctrica y medidas de formación en movilidad segura.

Además, estas iniciativas implican a visitantes, proveedores y cualquier persona que acceda a los centros de trabajo. Por otro lado, deben coordinarse con los planes municipales o autonómicos en vigor. Para las empresas de entre 50 y 200 empleados, esto será voluntario.

Revisión de etiquetas ambientales y promoción de vehículos eléctricos

La nueva ley de Movilidad Sostenible insta a la revisión del sistema de etiquetas ambientales de la DGT. En el plazo de un año, un estudio técnico reformará los actuales distintivos (ZERO, ECO, C, B), incorporando las emisiones reales de CO₂ a los criterios para otorgarlos. Esto tendrá un impacto en el acceso a zonas de bajas emisiones y fomentará la renovación del parque automovilístico.

Por otro lado, las estaciones de servicio que tengan mayor volumen de ventas deberán instalar, en breve, puntos de recarga rápida, y se instalarán nuevas señalizaciones que indiquen la ubicación y distancia de estas infraestructuras en la red de carreteras.

Restricción de vuelos cortos e impulso del ferrocarril

Destaca la limitación de los vuelos domésticos que pueden sustituirse por trayectos ferroviarios de menos de dos horas y media, exceptuando los que conectan con rutas internacionales. El Gobierno elaborará un estudio de impacto para evaluar esta medida. También se fomenta la recuperación de los trenes nocturnos y se impulsa la electrificación de los principales corredores ferroviarios y puertos, claves para la descarbonización del transporte de mercancías.

Plan Nacional de Impulso de la Bicicleta y movilidad activa

La movilidad activa y saludable es otra pieza central, con la creación del Plan Nacional para el Impulso de la Bicicleta. Se incentivan políticas para aumentar el número de carriles bici, zonas de estacionamiento y la intermodalidad. Con esto, se busca integrar la bicicleta en el transporte público y en el reparto de mercancías.

Financiación estatal y cogobernanza

La ley establece por primera vez un marco de financiación estatal para el transporte público urbano. Se crea el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, que proporciona una estructura de cogobernanza entre Estado, comunidades y ayuntamientos, permitiendo compartir datos, coordinar infraestructuras y planificar de forma integrada.

Impulso a la digitalización y a la lucha contra la pobreza de transporte

Se desarrollarán nuevos instrumentos como el Espacio de Datos Integrado de Movilidad, que facilitará el análisis y la gestión de datos entre administraciones, y se elaborará una estrategia estatal específica para combatir la pobreza de transporte a nivel estatal, reforzando así la equidad territorial y social.

Tasas a vehículos contaminantes y nuevos peajes urbanos

Por último, los ayuntamientos podrán crear tasas municipales o peajes para los vehículos más contaminantes en zonas de bajas emisiones, reforzando el carácter antifriccional de la ley frente al vehículo privado y promoviendo alternativas sostenibles para el desplazamiento en ciudad.