El exasesor ministerial Koldo García vuelve este jueves al Tribunal Supremo, un día después de que lo hiciera el exministro de Transportes José Luis Ábalos. Su antiguo jefe evitó la entrada en prisión provisional: aunque tanto el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, como el juez instructor, Leopoldo Puente, apreciaron riesgo de fuga, este último consideró que no era lo "suficientemente intenso" como para encarcelar al diputado del Grupo Mixto, cuya condición de aforado le otorga una protección adicional.

No está tan claro que ese vaya a ser el caso de Koldo. Primero, porque no ostenta ningún cargo público; y también porque, tal y como publicó este periódico, aseguró a su entorno que guarda más grabaciones "en un zulo en un monte de Navarra", es decir, que existen archivos que no están en poder de la Guardia Civil y que pueden ser destruidos. Cabe recordar que, hasta ahora, todas las grabaciones que se han hecho públicas provienen de los dispositivos incautados al exasesor ministerial.

Koldo ha intentado durante meses negociar con quienes estuvieran dispuestos a escucharle, con el objetivo de dejar al margen de la investigación a miembros de su familia que siguen imputados en la causa por el cobro de comisiones en la venta de material sanitario durante la pandemia, investigada en la Audiencia Nacional.

Al igual que Ábalos, García trató de posponer su declaración. El martes por la tarde, su abogada, Leticia de la Hoz, presentó un escrito en el que pedía archivar la causa, alegando que el juez Puente está investigando más de lo que autorizó el Congreso cuando concedió el suplicatorio al exsecretario general del PSOE, que continúa como diputado del Grupo Mixto.

El magistrado les citó a declarar por cuarta vez después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectara "ingresos irregulares" en el marco de las pesquisas sobre el presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública. Los agentes detallaron que Koldo y su exmujer, Patricia Uriz, reconocían en sus conversaciones de WhatsApp que parte del dinero que gestionaban —en efectivo o a través de sus cuentas— no era suyo, sino de Ábalos, al que se referían con las claves "chistorras", "soles" y "lechugas".

Puente cree que Ábalos y Koldo pudieron mantener entre ellos "métodos no transparentes de comunicación de sus respectivos patrimonios, recibiendo indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia, eventualmente fruto de la comisión de los graves ilícitos penales que se les atribuyen".

Si bien es cierto que por el momento Ábalos continúa en libertad, el juez explicó en su auto que el riesgo de fuga aumenta "conforme el conjunto de indicios de la posible comisión de graves delitos, sancionados con penas privativas de libertad muy significativas, se robustece". También argumentó que se incrementa "conforme se aproxima la fecha de celebración del juicio oral", anticipando que entonces sí podría acordar medidas más restrictivas.

La vistilla

En su última comparecencia, el pasado junio, Koldo optó por no declarar, y es probable que esta vuelva a ser su estrategia. Tras su declaración, el exasesor ministerial se enfrentará a una vistilla para revisar las medidas cautelares que tiene vigentes desde el pasado febrero: prohibición de salida del país, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales en sede judicial. Ahí será donde se decidirá si ingresa o no en prisión.

Hasta ahora, el juez ha ido de la mano del fiscal en este sentido. Este miércoles, ocho de las nueve acusaciones populares —unificadas bajo la dirección letrada del PP— pidieron el encarcelamiento de Ábalos, pero el Ministerio Público se mostró contrario, y Puente tampoco lo consideró oportuno.

El instructor solo ha acordado prisión preventiva hasta la fecha en el caso de uno de los principales investigados, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al apreciar riesgo de fuga y de destrucción, ocultación o manipulación de pruebas debido a su "papel principal" en la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas instalada en el Ministerio de Transportes cuando era dirigido por Ábalos.