El magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo Antonio Narváez ha alertado este viernes del “grado de politización” que, a su juicio, afecta al Tribunal Constitucional, y ha considerado que el órgano de garantías “debió esperar” a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciara sobre la ley de amnistía a los implicados en el procés antes de resolver sobre su constitucionalidad.

“Cuando hay una contradicción de una norma interna nacional con la legislación europea, el principio de primacía obliga al Constitucional a preservar la prevalencia de la resolución del tribunal europeo para luego resolver sobre su constitucionalidad, pero aquí —en referencia al caso del procés— se hizo al revés”, ha afirmado Narváez este viernes en Madrid durante su intervención en la IV Jornada por el Estado de Derecho, organizada por la asociación Foro Judicial Independiente.

El juez, que también fue magistrado del órgano que ahora preside Cándido Conde-Pumpido durante ocho años y medio tras ser designado por el Gobierno —y que antes había sido fiscal en la institución durante una década—, ha dedicado buena parte de su intervención a advertir sobre el rumbo del órgano que preside la jurisdicción constitucional. “El grado de politización del Constitucional va in crescendo conforme pasa el tiempo”, ha señalado, y ha añadido que “el sistema no lo hace el sistema, sino las personas que están ahí”.

También ha lamentado “la intromisión del Constitucional por vía del recurso de amparo en la actuación de los tribunales ordinarios” y ha defendido la necesidad de preservar los límites entre jurisdicciones. “Se están resolviendo recursos que entran en cuestiones de legalidad ordinaria”, dijo.

Asimismo, recordó que cuando formaba parte del tribunal fue recusado en los asuntos penales relacionados con el procés “porque dije que aquello era un golpe de Estado encubierto”. “El Parlament de Cataluña era una máquina de producción normativa a cada cual más intensa, y el Constitucional tuvo que actuar como un juzgado de guardia”, relató.

Narváez ha subrayado también que “ningún poder público, ni siquiera el legislativo, está por encima de la Constitución” y que “los poderes públicos derivan su legitimidad del respeto a la Constitución y a la ley”. A su juicio, el órgano de garantías “tiene dos funciones esenciales: preservar la Constitución y el orden constitucional”, y recordó que “los poderes públicos están sometidos a sus directrices”.

Además, ha cuestionado algunas resoluciones recientes del Constitucional, entre ellas la que avaló la ley de eutanasia o la que reconoció personalidad jurídica al Mar Menor. “Con independencia de que sea constitucional porque así lo dice el Constitucional, hay cosas que no entiendo”, señaló. Recordó que el tribunal “nunca reconoció el derecho a la muerte, porque es todo lo contrario de lo que dice el artículo 15 de la Constitución”, y advirtió de que la nueva doctrina “va un paso más allá, porque crea un derecho instrumental que impone al Estado el deber de proporcionar los medios necesarios para realizar ese tipo de actuación”.

Sobre el fallo del Mar Menor, consideró que “la protección del medio ambiente el Constitucional la había enfocado desde la preservación de la calidad de vida, pero de ahí a convertirlo en un ecocentrismo, reconociendo personalidad jurídica a un espacio natural, me parece excesivo”. “Cuando asume un cambio de criterio, debe justificarlo”, añadió.

La catedrática de Derecho Constitucional Teresa Freixes ha dicho que el dictamen del abogado general del tribunal europeo sobre la cuestión del procés “está al caer” y que espera que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea pueda conocerse en enero o febrero.

Por su parte, el expresidente del Constitucional y exabogado general del tribunal europeo Pedro Cruz Villalón ha afirmado que “no pasa nada por el hecho de que el Tribunal Constitucional reconozca su sumisión al derecho de la Unión Europea y su misión de garantía del derecho europeo”, aunque ha admitido que en ello exista un cierto riesgo de “desnaturalización”.

“Pero tal como están las cosas para los tribunales constitucionales —y para el español vale sobre todo—, es que tienen que pelear su subsistencia a base de una identidad propia que es la de presentarse con un nivel de reflexión jurídica y de contemplación de problemas vitales con una riqueza argumental que haga que la opinión pública diga que hacen falta”, ha añadido.

En este sentido, Villalón ha finalizado su intervención asegurando que “lo único” que puede “salvar” al Tribunal Constitucional es la “excelencia”.