Es la pregunta que se hace toda España. Por qué el juez que instruye el 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, mantiene en prisión provisional al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, mientras que el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama están en libertad.

No eran pocos los que esperaban que tanto Ábalos como Koldo ingresaran en la cárcel esta semana después de acudir al alto tribunal, donde Puente les había citado por cuarta vez, tras recibir el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la situación patrimonial del diputado del Grupo Mixto. Los investigadores señalaban a su antiguo ayudante como "gestor y custodio" de los fondos "opacos" de su jefe, que presuntamente proceden de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas desde el Ministerio de Transportes.

De hecho, Koldo acudió con una mochila, preparado para todo. "Hombre prevenido vale por dos", comentó a los periodistas que aguardaban a las puertas del despacho de su abogada. Sin embargo, el juez Puente, alineado con la postura del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y en contra de las acusaciones populares —que sí reclamaron el ingreso en prisión provisional—, optó por mantener las medidas cautelares que ya pesaban sobre ellos y dejarles en libertad. Ambos se acogieron a su derecho a no declarar.

Como ha venido recordando en sus resoluciones, existen tres motivos por los que un juez puede ordenar la prisión provisional de un investigado: riesgo de fuga, de destrucción o alteración de pruebas relevantes para la investigación o riesgo de reiteración delictiva.

En sus autos de esta semana, Puente reconoció que el riesgo de huida de Ábalos y Koldo es "cierto", aunque no tiene la "intensidad suficiente" como para adoptar una medida tan severa como la privación de libertad. También explicó que hasta ahora, con las medidas cautelares, se había neutralizado el riesgo de que se produjeran alguno de estos supuestos, subrayando el carácter excepcional de la medida, si bien reconoció que, a medida que se acerque la fecha del juicio, el riesgo de fuga será "creciente".

El caso de Cerdán fue distinto. El día que acudió a declarar, tras el informe de la UCO que lo situaba en el centro de la presunta trama para cobrar mordidas de adjudicaciones de obra pública, Puente —de nuevo, en línea con la Fiscalía— ordenó su ingreso en la prisión de Soto del Real. El magistrado descartó que existiera riesgo de reiteración delictiva, puesto que Cerdán había renunciado a su acta y dimitido de sus cargos en el PSOE, y tampoco apreció un peligro intenso de fuga. El factor determinante y diferencial respecto del caso de Ábalos y Koldo fue el riesgo de destrucción de pruebas.

El juez, en la resolución con la que envió a prisión a Cerdán, lo justificó así: "Sí se advierte que concurre en este caso, y no en el de los demás investigados, un riesgo cierto de que, si se mantuviera en situación de libertad, se produciría un riesgo fundado de que pudiera proceder a la ocultación, destrucción o alteración de fuentes de prueba relevantes para un futuro enjuiciamiento".

"Agravio comparativo"

Desde su ingreso en el centro penitenciario, los abogados de Cerdán han solicitado en varias ocasiones su puesta en libertad. Este viernes volvieron a hacerlo, después de que Ábalos y Koldo quedaran libres, alegando un "agravio comparativo". Hasta el momento, el juez ha rechazado todas las peticiones.

En un auto del pasado 18 de septiembre, Puente explicó que el plazo máximo de seis meses para la prisión provisional aún no había transcurrido y razonó que persistía el riesgo de destrucción de pruebas, dado que las pesquisas sobre la situación patrimonial de Cerdán no habían concluido. Según escribió, "resulta preciso profundizar en los eventuales vínculos económicos que pudieran existir entre [la empresa] Servinabar 2000 y el señor Cerdán o su círculo personal próximo, lo que comporta la realización de complejos análisis documentales que, en cierta medida, podrían ocultarse o alterarse todavía".

El magistrado añadió que "en el esclarecimiento de estos hechos se trabaja arduamente y avanza la investigación en las indicadas direcciones. Pero aún no ha concluido, siquiera en sus aspectos esenciales. Por eso, no ha llegado el momento todavía, a juicio de este instructor, de modificar la situación de prisión provisional".

Posteriormente, el 3 de octubre, volvió a denegar la excarcelación, sosteniendo que Cerdán, al ser quien "negociaba con los pagadores y recibía después los cobros, distribuyéndolos luego entre sus colaboradores", podría "dificultar seriamente el devenir de la investigación" mediante la ocultación o destrucción de pruebas.

Puente subrayó también que los elementos relevantes para acreditar los hechos "todavía no lo están" en la causa, aunque se trabaja "intensamente en su eventual hallazgo", por lo que consideró que levantar la prisión preventiva no era conveniente en ese punto de la investigación. La situación de Cerdán, desde entonces, no ha cambiado.

El caso de Aldama

La situación del empresario Víctor de Aldama es algo distinta. Primero, porque ya estuvo en prisión provisional, aunque por una causa diferente: la del fraude de los hidrocarburos, que se instruye en la Audiencia Nacional. El empresario abandonó la cárcel después de declarar voluntariamente ante el juez.

Aquel día, el 21 de noviembre de 2024, reconoció que había cometido delitos, señaló a Cerdán, asegurando que le había entregado un sobre con 15.000 euros en efectivo, y al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que según sus palabras le pidió 50.000 cuando era presidente de Canarias.

Posteriormente, cuando fue llamado a declarar al Supremo, Aldama se ratificó en sus aseveraciones. A partir de ahí, el juez pidió a la UCO un informe sobre todas las comunicaciones que los investigados hubieran tenido con Torres, Cerdán y cualquier otra persona aforada ante el alto tribunal. El empresario —o "nexo corruptor" de la trama, como le define la Guardia Civil en sus informes— fue puesto en libertad, igualmente con medidas cautelares: retirada de pasaporte y comparecencias cada dos semanas en el juzgado.

Este viernes, en declaraciones a La Razón, Aldama ha respondido a Koldo, quien afirmó no entender "cómo es posible que un señor que ha reconocido que ha cometido delitos en España esté en libertad gastándose ese dinero que ha estafado a todos los españoles". El empresario ha asegurado que el lunes aportará más pruebas contra ellos.