Durante las últimas semanas se ha especulado con intensidad sobre la posibilidad de que el exministro de Transportes José Luis Ábalos renunciara a su acta de diputado para que la parte del 'caso Koldo' que se investiga en el Tribunal Supremo regresara a la Audiencia Nacional. Así se lo aconsejó su antiguo abogado, José Aníbal Álvarez, quien también le planteó la opción de alcanzar un pacto con la Fiscalía. Finalmente, ni una cosa ni la otra.

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Los principales interesados en que Ábalos deje su escaño, pierda su aforamiento y la causa vuelva a la Audiencia Nacional es, precisamente, en el PSOE, ya que ese movimiento ralentizaría el procedimiento. Sería una bocanada de oxígeno para el Ejecutivo, al dilatar el momento en que quien fuera la mano derecha de Pedro Sánchez se sentara en el banquillo acusado de delitos de corrupción durante su etapa al frente del Ministerio de Transportes. El propio ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, pidió el pasado viernes a Ábalos que abandonara su acta.

No obstante, pese a lo publicado en las últimas semanas, no hay previsiones de que el diputado valenciano vaya a renunciar por el momento. Fuentes relacionadas con el caso explican a El Independiente que el hecho de que haya escogido como abogado al exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista nada tiene que ver con una eventual devolución de la causa a ese tribunal.

Cabe recordar que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, dividió el procedimiento en dos piezas: una centrada en la compraventa de material sanitario y otra en las presuntas comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública, cuestión por la que ingresó en prisión el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. La primera se encuentra en una fase mucho más avanzada, y es previsible que el juez envíe a juicio a los implicados en los próximos meses.

El propio Ábalos reconoció en el escrito en el que comunicó el cese de su anteior abogado que no compartía la opción de llegar a un acuerdo con el fiscal. Sus diferencias eran, según comunicó, "irreconducibles". Hasta ahora ha defendido su inocencia y negado las acusaciones vertidas sobre él. En esa misma línea se ha mantenido su antiguo asesor Koldo García, que en verano difundió un comunicado en el que negó cualquier pacto con el fisco.

Tanto el exministro como su excolaborador se acogieron a su derecho a no declarar la semana pasada ante el alto tribunal, donde estaban citados por cuarta vez. En esta ocasión, a raíz del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el patrimonio de Ábalos, que detectó varios gastos sin justificar y algunos pagos en metálico del PSOE al político como compensacionesde gastos que no tienen respaldo documental.

Posible financiación irregular

El cerco se estrecha sobre el Partido Socialista, que niega cualquier irregularidad y asegura haber actuado con transparencia ante el juzgado. Fuentes del partido justifican los pagos a Ábalos como simples liquidaciones de gastos y rechazan la existencia de una contabilidad paralela.

No obstante, el juez ha abierto la puerta por primera vez a investigar la posible existencia de una 'caja B' en la formación, tras citar a dos antiguos empleados de Ferraz, Mariano Moreno y Celia Rodríguez Alonso, para esclarecer varios abonos en metálico no justificados que afectan al PSOE.

Moreno, director-gerente de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE hasta su salida en 2021, poco después de la de Ábalos, era el encargado de supervisar los pagos a ministros y personal del partido. La UCO señala en su informe que fue él quien formalizó el contrato de Koldo con el PSOE. En cuanto a Rodríguez, los investigadores apuntan a varias comunicaciones entre ella y el exasesor y su entorno en las que se hablaba de entregas de dinero en la sede nacional del partido en Madrid, incluso después de la fecha de finalización del contrato.

El acta de Ábalos

La decisión de Ábalos de mantener su acta ha sido motivo de debate en los últimos días, especialmente después de que el juez Puente, en el auto en el que acordó mantener las medidas cautelares contra él y descarta su ingreso en prisión provisional, mostrara su "estupor" ante el hecho de que una persona sobre la que pesan indicios tan "contundentes" de corrupción continúe ejerciendo una labor pública desde la Cámara Baja.

Este martes, ya bajo la dirección de su nuevo abogado, Ábalos ha solicitado al Tribunal Supremo que notifique al Congreso de los Diputados "todas" las resoluciones que le afecten personalmente, según consta en un escrito consultado por este periódico.

Su nuevo abogado sostiene que la comunicación formal a la Cámara Baja permite que este órgano "vele por la integridad del derecho de representación" recogido en la Constitución, y que así se evite "la alteración indebida de la composición de la Cámara". También subraya que el Reglamento del Congreso obliga a advertir a la autoridad judicial "de la necesidad de comunicar los autos y sentencias que afecten personalmente a los diputados o diputadas".

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