El Tribunal Supremo ha requerido al Gobierno para que, en un plazo improrrogable de 15 días y "sin excusas", ejecute la orden dictada el pasado 25 de marzo para garantizar el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de los menores extranjeros no acompañados solicitantes de asilo que actualmente están bajo tutela del Gobierno de Canarias.

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Así consta en un auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, al que ha tenido acceso El Independiente. Los magistrados subrayan que la Administración General del Estado debe cumplir el mandato "en sus propios términos", adoptando con carácter de urgencia todas las medidas necesarias y bajo los apercibimientos ya señalados, tras siete meses sin ejecutar la resolución.

El tribunal ordena además que el Gobierno proceda a dar cumplimiento completo a la medida cautelar "sin excusa o reparo alguno" y sin posibilidad de suspender lo ordenado. El Supremo recuerda que la Administración canaria presentó un escrito alertando del retraso en la ejecución de las medidas y de que la situación de hacinamiento de menores en las instalaciones autonómicas se ha mantenido e incluso agravado con la llegada de nuevos solicitantes de asilo.

La Sala subraya que la orden de marzo, reforzada por la de mayo, exigía un "acceso y permanencia" inmediata de los menores en el Sistema Nacional, algo que, transcurridos más de siete meses, sigue sin cumplirse, calificando de "manifiestamente inadmisible" la lentitud del Ejecutivo central.

El Supremo añade que, aunque el Gobierno ha remitido información periódica sobre las actuaciones realizadas, estas no han permitido cumplir los términos del mandato judicial. "No se trata de que la Administración Central determine las dificultades de los centros, sino de incluir a los menores en el Sistema en la forma y con la premura impuesta", concluye el alto tribunal.

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