El Gobierno de Pedro Sánchez ha ignorado las peticiones que realizó la Generalitat Valenciana en el marco de los distintos grupos de trabajo que se crearon con el Ejecutivo central para gestionar y coordinar las tareas y labores de reconstrucción de las comarcas afectadas por la riada del 29 de octubre y ha rechazado total o parcialmente la mayoría de las propuestas. Estos grupos se impulsaron a iniciativa del Consell para abordar desde la colaboración con la Administración General del Estado los trabajos de reactivación en ámbitos como sanidad, servicios sociales, economía y empresa, infraestructuras, vivienda, y seguridad, entre otros. Todo ello con el objetivo de ofrecer y materializar una respuesta eficaz y rápida a las familias y empresas afectadas por el impacto de la riada.

Un año después el Ejecutivo valenciano cree decepcionante que las reuniones que han mantenido los consellers con los ministros del Gobierno central hayan quedado en el absoluto olvido, a juzgar por el escaso porcentaje de atención a las solicitudes del Consell. Señalan que se ha traducido a una exigua inversión económica por parte del Gobierno central en las comarcas afectadas.

Las diferentes consellerias formularon hasta 59 medidas para atender la emergencia y reconstruir y recuperar la actividad económica y social. Sólo se han aceptado 20 peticiones, que además apenas comportan inyecciones económicas directas.  Es decir, dos de cada tres peticiones de ayuda planteadas por el Consell han sido rechazadas. Más allá de lo estrictamente obligatorio por motivos competenciales, el Gobierno ha descartado sobre todo las peticiones en materia de inversiones por parte de la Generalitat.

De esta forma, ha dicho no a peticiones de recursos para la recuperación de la provincia de Valencia. En particular, 175 millones de euros para equipamientos de los colegios e institutos afectados y 45 millones por el abono de las prestaciones por dependencia de los meses de noviembre y diciembre 2024 y habilitar una prestación extraordinaria de dos mensualidades por imprevistos que hayan tenido que soportar. Junto a ello, 250 millones por reparaciones de las residencias, centros de día y demás infraestructuras de atención sociosanitaria.

Movilidad en el transporte

En la lista figuraban también 2,6 millones por la creación de un centro de acogida temporal para las personas que hayan perdido su vivienda y no tengan ningún otro recurso habitacional y 3 millones por la rehabilitación y reparación de diferentes viviendas de la GVA dañadas por la DANA y costes de finalización de las obras en viviendas de titularidad autonómica para el realojo de personas afectadas. Sobre las viviendas de la Sareb, el Consell pidió la puesta a disposición de los 1.050 pisos de la entidad para realojos temporales o permanentes de las personas afectadas (500 de estas se encuentran en zona dana). Ante ello, el Gobierno sólo ha puesto a disposición 186 viviendas.

En cuanto a la red de carreteras autonómicas, locales, red de Metrovalencia, depuradoras y colectores de la EPSAR, puertos, trabajos medioambientales en parques naturales, etc se han ejecutado con la única financiación de la Generalitat.

La Generalitat está asumiendo todas las obras públicas para recuperan la movilidad en el transporte. Ya ha invertido 600 millones en recuperar 18 carreteras autonómicas y en restablecer el metro, pero la cifra de obras en preparación de infraestructuras ante futuros episodios extremos está próxima a los 2.000 millones. Así, no ha mejorado el servicio de autobuses sustitutivos de la línea C3 Cercanías Renfe tras el retraso en las obras para recuperar el servicio en Chiva, Buñol, Cheste o Utiel (ya que se congestiona el servicio de Metrobús por su mal funcionamiento).

Tampoco hay avances en soterrar las vías de Renfe en Alfafar y Sedaví, una actuación para garantizar la seguridad y la calidad de vida de los vecinos y más tras la DANA. Se ha rechazado participar en la cofinanciación de la tarjeta del transporte gratuito Recuperem Valencia. Las actuaciones en infraestructuras críticas para el Estado para garantizar la adaptación al riesgo de inundación se han comprometido en reuniones a abordar estas inversiones, pero de momento son meras promesas. No hay plazo.

Ayudas a fondo perdido

Tampoco hay avances precisos sobre 340 millones de euros para actuaciones de emergencias para reparar infraestructuras de regadíos (acequias, cabezales, ribazos, etc…) y caminos rurales en las zonas afectadas. O los 199,8 millones en ayudas de reparación de instalación dañadas en vivienda y bono eléctrico durante un año. 182,5 millones en ayudas en el sector de la hostelería. 120 millones de euros en iniciativas para arreglar los desperfectos en patrimonio cultural y en ayudas a sectores industriales de la cultura, 15 millones para el Bono Cultural, 140 millones euros para la reparación de infraestructuras en centros sanitarios y material sanitario, la exención de las cuotas del IBI del año 2025 de viviendas, establecimientos, explotaciones, locales o similares, dañados.

El Gobierno ha rechazado de plano dar ayudas a fondo perdido a la Generalitat para costear la reconstrucción. Llegó a condicionar la inyección de estas ayudas a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Ello obliga a endeudarse al Consell en casi 4000 millones de euros más. También se ha dado un portazo a la petición de incluir a 28 municipios valencianos (con una población conjunta de 80.000 personas) en el plan de ayudas para la reconstrucción de infraestructuras municipales.

La Generalitat cree injusto que estas 28 poblaciones no tengan acceso a las ayudas estatales para su reconstrucción pese a los daños sufridos el pasado 29 de octubre. Estos municipios han sido excluidos de las ayudas del Gobierno: Carcaixent, Castelló, Chulilla, l'Ènova, La Pobla Llarga, Millares, Manuel, Rafelguaraf, Senyera, Tous, Aras de los Olmos, Benagéber, Benimuslem, Casinos, Chelva, Gavarda, Losa del Obispo, Massalavés, Sant Joanet, Titaguas, Tuéjar, Villar del Arzobispo, Xeraco, Alberic, Barxeta, Benaguasil, Benimodo y Castielfabid.

Sin ayuda suficiente del Gobierno central

Además, cabe recordar que el Estado tiene un presupuesto de unos 386.000 millones de euros (datos de 2023) y una amplia capacidad de financiación y de endeudamiento, mientras que la Generalitat Valenciana dispone de un presupuesto de 32.300 millones (12 veces menos), con una capacidad de financiación y de endeudamiento muy limitadas, por lo que el esfuerzo de ayuda y reparación del Gobierno valenciano es mucho mayor que el que está realizando el Gobierno central.

La Generalitat está afrontando la ejecución de las obras necesarias para recuperar las zonas afectadas por la riada sin la ayuda necesaria del Gobierno. Y todo ello en un contexto en el que la Comunitat Valenciana es la región peor financiada de España, sin atisbo de reforma del sistema de financiación autonómica, y sin la aprobación del fondo de nivelación transitorio para paliar la estructural infrafinanciación que padece la Comunitat.