El ambiente estaba enrarecido en las horas previas a que llegaran las grandes avenidas de agua a los municipios de l’Horta Sud de Valencia, zona cero de la DANA. La luz llegaba extrañamente tamizada aquella tarde del 29 de octubre, a pesar de que no había caído una sola gota de lluvia en esa zona.
Así lo atestiguan muchos de los entrevistados para este reportaje. “Aquel día, se respiraba algo raro en el ambiente y la luz era especial”, cuenta José Gabriel Dasí, agricultor de Sedaví que sufrió numerosas pérdidas en sus cultivos y propiedades a causa de la barrancada que arrasó la zona de l’Horta Sud.
La Aemet, desde varios días antes, había alertado de precipitaciones y tormentas intensas en varios lugares de la costa mediterránea previendo el martes 29 como día “álgido de este episodio” de gota fría. Pasados unos minutos de las 7:30 de la mañana, la Aemet comunicó a Protección Civil de la Generalitat un aviso rojo de fuertes lluvias en la zona sur de Valencia.
La percepción ciudadana de esa anomalía ambiental pudo verse influida por los avisos meteorológicos previos, amplificados en redes sociales y medios de comunicación. Sin embargo, nadie anticipó las riadas destructivas que en algunos núcleos urbanos alcanzaron los tres metros de altura.
Ninguna de las autoridades competentes en la gestión de graves inundaciones reaccionó en tiempo y forma para evitar la muerte de 229 personas en Valencia; y otras ocho fallecieron en las provincias de Albacete, Cuenca y Málaga para un total de 237 víctimas mortales. No lo hizo la Generalitat Valenciana, ni el Gobierno Central y sus representantes en Valencia, ni la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), tampoco los gobiernos municipales. Las pérdidas económicas sólo en Valencia tuvieron un coste 17.800 millones de euros, según la Generalitat.
En el año transcurrido desde la tragedia la rendición de cuentas y la asunción de responsabilidades políticas han brillado por su ausencia. Sólo la consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y al secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, fueron destituidos a los pocos días del cataclismo.
El resto del relato se centra en la descoordinación de las tareas de reconstrucción y la ausencia de diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat Valenciana. Pedro Sánchez y Carlos Mazón no sólo no se han reunido, sino que sus equipos también se evitan.
No sólo los políticos socialistas y populares se evitan en los diferentes comités técnicos de reconstrucción, sino también en los actos donde se debaten cuestiones relativas a cómo evitar una nueva tragedia o a la hora de inaugurar obras acabadas.
Además, las descalificaciones polarizadoras entre unos y otros son constantes. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades de España y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha acusado varias veces a la Generalitat de esparcir bulos sobre la gestión de la DANA y de hacer “trilerismo” con el dinero y de “engañar” a los valencianos. También la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha acusado reiteradamente a Mazón de esparcir fake news para no asumir los “grandes errores” que cometió el 29-O.
Recientemente, Mazón contestó a Pedro Sánchez después de que éste lo acusara de “negligente” en la gestión de la DANA: “Indecente es tratar de sacar rédito político del dolor y de la tragedia, para tapar los escándalos de corrupción que le envuelven”. El presidente de la Generalitat abundó en una parte del relato asumido por su gobierno en este último año: “Sus ataques sólo ponen en evidencia los errores fatales de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la Aemet, que dependen directamente del Estado”.
La gestión descoordinada, trufada de una polarización política que obstruyó una comunicación más eficaz entre las administraciones, resultó en que la alerta mediante el sistema ES-Alert —pitido fuerte y vibración— no llegara a los móviles de los ciudadanos valencianos hasta las 20:11 horas, toda vez que la tragedia humana, económica y medioambiental ya estaba consumada y habían fallecido la mayoría de las 229 víctimas mortales.
Elisabeth González Peralta recibió ese mensaje ES-Alert cuando el agua le llegaba a los tobillos y estaba aterrorizada fuera de su coche en medio de un atasco monumental en plena carretera de circunvalación V-30. Esta técnica de laboratorio en el Hospital Clínico de Valencia y representante de la Asociación de Damnificados de la DANA l'Horta-Sud Valencia volvía a su casa de Paiporta tras la jornada laboral en la capital.
“Varios conductores salieron de sus coches corriendo y gritando: ‘Viene agua, hay que irse de aquí’”, narra González Peralta. Entonces, hizo una maniobra brusca hacia atrás con su auto, pero no recorrió ni 100 metros porque venía agua por todas partes.
Entonces, se metió en el coche y permaneció unos minutos “en shock sin saber qué hacer”. Iba subiendo el nivel del agua hasta la ventanilla, así que agarró el bolso, marcó la ubicación del coche y se marchó caminando, chapoteando. Golpeó la puerta de un camión y subió a la cabina junto a otras dos mujeres. “El cauce del río Turia se llenó en nada de tiempo,” cuenta González Peralta.
“Desde la cabina del camión, estuvimos mirando hasta las tres de la madrugada cómo subía y bajaba el nivel del río. Aparecieron de repente dos bomberos y dijeron que no sabían gran cosa de lo que estaba pasando”, cuenta esta mujer que vivía la situación como “apocalíptica”. Junto a los bomberos y más gente marcharon hacia Valencia entre las aguas y hallaron refugio en el polideportivo de la Fonteta.
En el trayecto a pie, en varias ocasiones había sentido cómo la corriente la arrastraba. En un momento dado, creyó que el agua vencía sus fuerzas, pero un vecino fornido de Benetússer la salvó.
La angustia no se le pasó hasta que pudo comunicase por teléfono con su familia al mediodía del 30 de octubre y saber que todos se encontraban sanos y salvos.
Ahora Elisabeth lucha para que se haga justicia con los damnificados desde la asociación que cofundó. En las dos entrevistas en persona que mantuvimos con ella no se muestra partidista y es capaz de dilucidar que, con diferentes grados de responsabilidad, todas las administraciones públicas fallaron en el antes y el durante de la riada y que siguen fallando en el proceso de recuperación.
Los dos investigados por la juez de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra —Salomé Pradas, y Emilio Argüeso— y otros responsables directos como el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, no quisieron hablar para este medio porque prefieren esperar a que la instrucción judicial avance.
Pero la verdad judicial siempre es parcial. La verdad de la mala gestión política del 29-O es y será siempre más amplia y compleja. “Somos conscientes de que la verdad judicial no es toda la verdad, sino una parte de ella. ¿Por qué? Porque la juez busca el delito y su investigación se centra en esa premisa”, argumenta Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación ¿Hay Derecho?
Esta jurista lideró una rigurosa investigación para la citada fundación sobre lo que sucedió durante la DANA. “Intentamos analizar lo que ocurrió de forma objetiva con nuestra experiencia jurídica, analizar la actuación de los organismos competenciales y la toma de decisiones durante el 29-O”, señala Elisa De la Nuez. ¿Su conclusión? “Hemos hallado problemas estructurales en todas las instituciones y en todos los gobiernos involucrados en la gestión de la catástrofe”, afirma esta abogada del Estado en excedencia.
Utiel: la señal que anticipó la tragedia y que fue ignorada
Los cauces que provocaron la mayoría de las víctimas y daños materiales en Valencia fueron dos que cruzan la provincia de oeste a este: el del río Magro, que nace en la sierra de Mira y se une al río Júcar a la altura de Algemesí; y el barranco del Poyo, que se origina en la sierra de Chiva y desemboca en la Albufera tras recibir aguas tributarias de más de 80 cauces, principalmente ramblas.
Hacia las 13:30 del 29 de octubre el Magro iba ya desbordado a su paso por Utiel y a las dos de la tarde el cauce había crecido tres metros desbordándose por esa localidad valenciana del interior. El informe del Guardia Civil remitido a la juez de Catarroja a finales de julio indica que desde las 12:52 y antes de las dos “existen un total de 30 llamadas [al 112] con distintas incidencias de entrada de agua en domicilios, así como arrastramiento de vehículos”.
El instituto y el barrio de la Fuente de Utiel quedaron sumergidos bajo el agua. “Si no reacciono a tiempo desde las seis de la mañana, aquí se me mueren 400 personas”, sostiene el alcalde Ricardo Gabaldón (PP). “Imagínate lo que podría haber pasado en el instituto, no sólo por los estudiantes y profesores, sino también por los padres que hubieran querido ir a rescatar a sus hijos. Si no suspendo las clases aquel día, hubiera sido una gran tragedia”, cuenta Gabaldón en su despacho consistorial.
Este alcalde fue uno de los pocos responsables políticos que actuó con determinación y premura aquel día. Dado que llovía con intensidad desde primeras horas de la mañana y que la Aemet había publicado un aviso naranja, desde las siete suspendió las clases y evitó que hubiera más muertes en su municipio. Murieron seis vecinos, todos ellos con problemas de movilidad, y sólo en infraestructuras públicas los daños rondan los 50 millones de euros.
A las 13:00 horas había convocado el Centro de Coordinación Operativa Municipal ante situaciones de emergencia (Cecopal). Acudieron los concejales, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil, entre otros. Y pusieron en marcha el plan de acción en situación de inundación.
Asegura que en ningún momento recibió llamadas de alerta de la Aemet ni de la CHJ. A partir de las dos de la tarde, llamó a la consellera de Justicia e Interior de la Generalitat, Salomé Pradas, a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y al jefe de Bomberos, José Miguel Basset, para informar de la situación en Utiel.
Explica el alcalde que movilizó todos los medios que tenía, a toda la gente que tenía maquinaria pesada para ayudar y también un helicóptero. El helicóptero hizo entre 15 y 20 viajes hasta que entró la noche para rescatar a vecinos.
La pregunta que debe hacerse es la siguiente: Si a las 13:30 horas el río Magro iba desbordado en Utiel, ¿por qué no se adoptaron medidas preventivas para alertar a la población de municipios bañados por ese cauce antes de que llegara la riada a las localidades que distan más de 100 kilómetros aguas abajo y que sorprendió a sus vecinos pasadas las cuatro de la tarde? En Algemesí fallecieron cuatro personas, dos en La Alcudia y otras dos en Guadasuar, según refiere el informe de la Guardia Civil enviado a la juez de Catarroja en julio pasado.
El alcalde de Utiel no sabe dar una respuesta a esa pregunta clave. Se limita a apuntar que “debe haber una mejor metodología de información rápida a las administraciones y a los ciudadanos y que todos sepan cómo ejecutar esa alerta”.
Un informe de la Subdirección General de Emergencias de la Generalitat Valenciana remitido al juzgado de instrucción nº 3 de Catarroja a comienzos de septiembre señala que el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) no activó la “situación 2” de máximo riesgo por inundaciones en esos municipios de la Ribera Alta hasta las 18:45. Llegó tarde.
Una Generalitat indecisa y descabezada
El día de la mayor tragedia reciente en España, el president de la Generalitat permaneció más de cuatro horas comiendo en un restaurante con una periodista, ajeno a la gestión de la emergencia en primera línea de frente.
Entre las 14:45 y las 19:00, Carlos Mazón estuvo en El Ventorro y posteriormente acompañó a la periodista a un parking próximo al restaurante. No llegó al Cecopi hasta las 20:28 cuando el cataclismo ya era un hecho consumado: a esa hora, todo lo inundable aquel 29 de octubre estaba ya bajo las aguas y el lodo.
Huérfanos del mayor responsable político de la Generalitat, los técnicos de Emergencias bajo el mando único de la consellera Salomé Pradas no organizaron el Cecopi hasta las 17:00 horas. Si bien, la primera reunión de todos los convocados, telemática y personalmente, dio comienzo a las 17:15, según reza un escrito de Emergencias a la juez de Catarroja.
Para esa hora, hacía más de tres horas que Utiel estaba anegada y el desbordamiento del barranco del Poyo hacía estragos lugares como Chiva. Fuentes próximas a Pradas y que estaban reunidas en el Cecopi cuentan que Pradas estaba nerviosa, desbordada por la emergencia y se mostraba ineficiente en la toma de decisiones certeras. Pradas declinó dar su versión a este medio.
El delegado territorial de la Aemet en la Comunidad Valenciana, Jorge Tamayo, asegura que a primeras horas de la mañana del 29-O, tres de las cuatro áreas meteorológicas de Valencia estaban en aviso rojo. “Sin embargo —resalta, el Cecopi se convocó a las cuatro y pico, tarde dada la situación de emergencia”.
Desde que se convocó el Cecopi hasta el primer mensaje ES-Alert a las 20:11 a todos los ciudadanos de la provincia de Valencia pasaron más de tres horas. Para entonces, según rezan el auto de apertura de diligencias previas del juzgado de Catarroja en marzo pasado y el informe de Policía Judicial de Guardia Civil ya se había realizado una gran parte de las 19.821 de llamadas de socorro al 112 de aquel día, un servicio competencia de la Generalitat.
Incluso, ese primer mensaje ES-Alert era incompleto y errático en su redacción porque sólo advertía a la población de Valencia de evitar desplazamientos. Hasta las 21:03 no se envió un texto más completo en el que alertaba a los ciudadanos de lo siguiente: “En viviendas y zonas próximas a ríos, cauces y barrancos o ramblas, permanezcan alejados y en zonas elevadas”.
Miguel Polo, presidente de la CHJ, llegó a decir ante la prensa el 19 de septiembre, tras salir declarar en el juzgado de Catarroja que no daban crédito a que en un momento dado de la reunión del CECOPI se sugirió a Salomé Pradas que mandara el mensaje ES-Alert y ésta no sabía en qué consistía esa tecnología.
El Gobierno de Madrid y sus organismos también fallaron
En tiempos de la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2005, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependiente del Gobierno Central, sacó a concurso la elaboración de un informe para la adecuación ambiental, drenaje y desvío hacia el Turia del cauce del barranco del Poyo con el fin de evitar inundaciones graves. La memoria se finalizó en 2006 y todo ello acabó en un plan de actuación en diciembre 2011 publicado en el BOE.
El Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la CHJ de 2015 recoge de nuevo la realización del desvío del Poyo. Toda esta información nos la cuenta en detalle Félix Francés, una de las voces más autorizadas en Ingeniería Hidráulica de España.
Desde su concepción en 2005, 19 años después y tres presidentes de Gobierno mediante, el día del DANA ninguna obra estructural para evitar catástrofes entorno al cauce del Poyo estaba hecha. ¿Qué pasó entretanto?
El catedrático de Ingeniería Hidráulica, exdirector del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA) de la Universidad Politécnica de Valencia afirma en su despacho que “los técnicos de la CHJ sabían que la zona era complicada” desde hacía muchos años. Félix Francés ya dirigió en 1999 el primer plan para autonómico para prevenir los riesgos por inundaciones o Patricova.
Félix Francés enfatiza que en 2011 se paralizaron muchos proyectos, incluido el desvío de la rambla del Poyo, debido a la falta de fondos por la crisis financiera y que jamás se retomó. “La Dirección General del Agua, dependiente del Miteco, redujo en dos tercios su presupuesto y aquello se paralizó. El presupuesto era de 2.000 millones y se redujo a 700 millones. Y a la CHJ se le quitaron las ganas de ejecutar las obras”, narra este catedrático.
Añade que para “las reformas en la rambla del Poyo, en 2011 había un presupuesto de unos 150 millones de euros. En total, unos 300 millones para el plan y el desarrollo del proyecto”. El Gobierno de Pedro Sánchez informa que ya ha movilizado 16.600 millones para paliar los daños de la DANA.
El alcalde socialista de Paiporta, Vicente Císcar, confirma que la canalización del Barranco del Poyo “estaba sobre la mesa desde 2011, pero los sucesivos gobiernos han tenido restricciones presupuestarias para llevarla a cabo”. En una sala del Ayuntamiento asevera que “los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar dicen que la catástrofe no se hubiera evitado, pero sí salvado muchas vidas, y, claro, la gente se acuerda de Santa Bárbara cuando truena”.
Un informe pericial del ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Teodoro Velázquez analiza las reformas estructurales hidráulicas proyectadas históricamente y no ejecutadas por el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) y la CHJ para concluir que estas dos instituciones son las máximas responsables de la tragedia por haber desistido de llevarlas a cabo. Encargado por la organización de agricultores valencianos AVA-ASAJA, esa documentación dirigida a la juez de Catarroja en julio pasado incide en que las inundaciones eran “totalmente previsibles” para el Miteco y la CHJ.
Velázquez, además, recalca que era responsabilidad del Miteco y su dependiente CHJ contar con un sistema de alerta temprana (SAT) que no estaba en funcionamiento el 29-O, sino un sistema automático de información hidrológica (SAIH), que es una versión más anticuada y lenta del SAT. El Real Decreto 903/2010 de evaluación y gestión de riesgos de inundación y los sucesivos planes de gestión de los esos riesgos desde 2016 (PGRI).
En ese sentido, Félix Francés observa que en España sólo la Confederación Hidrográfica del Ebro cuenta con un SAT. Otro aspecto importante que Francés dice que habría que preguntarse es si fue “negligente” que los técnicos de la CHJ se centraran más en controlar la posible rotura de la presa de Forata en el cauce del río Magro y descuidaran el control sobre la subida de nivel de los cauces del Poyo.
El barranco del Poyo, a 17 de noviembre de 2024, en Paiporta
Miguel Polo, presidente de la CHJ, declaró ante la juez de Catarroja que “no era relevante” el seguimiento del aumento del caudal en el cauce del Poyo porque no había capacidad de reacción.
En el informe de Policía Judicial se lee que la CHJ no informó de la situación del barranco del Poyo entre las 16:45 y las 18:43, momento en el que alertó de un ascenso extraordinario del caudal (1.686 m3/s). El máximo responsable justificó en sede judicial que ya habían declarado la alerta hidrológica a las 12:20 y habían avisado a Emergencias de la Generalitat mediante correo electrónico. Polo no se ha prestado a ser preguntado por estas cuestiones en persona.
Respecto a la actuación de la Aemet, dependiente del Miteco, su máximo responsable en la Comunidad Valenciana, Jorge Tamayo, está satisfecho con los dos tipos de avisos —predicción y observación— que competen a su agencia en el antes y el durante del 29-O: “No hicimos un trabajo perfecto, pero hicimos el mejor trabajo posible con los recursos y modelos que tenemos”.
Preguntado por qué se pudo hacer mejor, responde que “en la observación hubo problemas técnicos. El radar para las cuatro áreas meteorológicas de Valencia se ubica en Cullera. Funcionó bien, pero los radares tienen limitaciones técnicas, ya que la lluvia intensa puede opacar la percepción del radar”. Explica que “los radares actúan por impulsos magnéticos que llegan al blanco y rebotan. Si la cortina de agua es muy intensa, no puede atravesarla y el radar no capta lo que hay detrás”. Esos problemas ocurrieron el 29-O.
Añade que entre las 17:00 y las 18:00 h las comunicaciones se perdieron con las estaciones meteorológicas automáticas y se extraviaron los datos. “Eso se podría subsanar con conexiones por satélite, pero no cuentan con ello”, concluye. Recalca Tamayo que ningún servicio meteorológico en el mundo podría haber previsto la cantidad de agua que cayó en puntos de Valencia como Turís y Chiva.
El informe de la Guardia Civil enviado al juzgado de Catarroja puso en entredicho los avisos de la Aemet, ya que según consta en el texto de Policía Judicial no hubo boletines predictivos entre las 9:31 y las 16:24 horas “prácticamente 7 horas más tarde, momento este en el que ya se estaban produciendo abundantes precipitaciones en ciertos lugares”. También apuntó ese informe que en la tarde de la tragedia “todos los boletines de aviso nivel rojo se comunicaron con posterioridad al momento previsto”.
Jorge Tamayo asegura a este diario que no es cierto el decalaje temporal de avisos de la Aemet que denuncia la Guardia Civil en su informe “porque es una mala interpretación del trabajo de la Aemet”. Explica que “si el aviso era rojo y no varía la situación, entonces no emitimos nuevos avisos. No es que no avisáramos durante esas horas, es simplemente que no había cambios”. Concluye con un símil: “Uno no arranca el coche mientras el semáforo está en rojo”.
Los gobiernos municipales reaccionaron tarde (salvo uno)
El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón (PP), se puso en marcha a las seis de la mañana de aquel 29 de octubre y salvó vidas, como se cuenta más arriba.
La mayoría de los gobiernos municipales de la provincia de Valencia se limitó a suspender las clases y poco más. Sólo tres —Valencia, Algemesí y Utiel— organizaron un Cecopal o comité de emergencias local desde primeras horas del día. Más del millón de ciudadanos que habitan las zonas afectadas por la DANA no tuvieron conocimiento de la magnitud de las inundaciones más graves del siglo XXI en España hasta que no vieron llegar la riada.
Muchos de esos municipios, situados en zonas inundables, ni siquiera tenían protocolos de actuación por riadas. El alcalde de Sedaví, José Francisco Cabanes (PSPV-PSOE), indica que presentaron un borrador a la Generalitat en 2021, pero fue rechazado.
Por su lado, el alcalde socialista de Chiva, Ernesto Navarro, afirma que no tenían ningún plan hasta septiembre pasado, pero que “precisamente en el próximo pleno del gobierno municipal se va a aprobar un procedimiento para organizar un comité de emergencias municipal antes adversidades como la DANA”.
Los cuatro alcaldes entrevistados para este artículo —Chiva, Paiporta, Sedaví, Utiel— coinciden en que no recibieron avisos de las riadas en tiempo y forma de Emergencias de la Generalitat ni de ninguna otra institución.
“Aquel 29 de octubre no sabía nada de nada. Me pilló el agua a las 19:15 cortando un árbol que se había caído por el viento, ya que en Sedaví sólo había viento, pero no lluvia”, asegura el alcalde de Sedaví. “Nadie nos alertó de que llegaba una avenida de agua de esas proporciones y en forma tsunami. No recibimos nada del servicio de Emergencias de la Generalitat de Valencia; cero mensajes y eso que Sedaví fue el municipio más afectado de Valencia, puesto que no quedó nada sin dañar debajo de dos metros de agua”, sentencia Cabanes.
Vicente Císcar observa que, en Paiporta, desde el fondo del barranco del Poyo, “el agua subió 10 metros de nivel en la hora que va desde las 17:40 a las 18:40 h”. La riada acabó con la vida de 57 vecinos censados en Paiporta, afectó a 2.100 viviendas del municipio, a unos 450 establecimientos comerciales y dejó inoperativos 300 ascensores. Pero el Gobierno consistorial no estaba informado y nadie le informó de la avenida de agua.
El actual alcalde de Chiva afirma que vio cómo el barranco del Poyo se desbordaba a las cinco de la tarde a su paso por el pueblo. Entonces gobernaba la popular Amparo Fort, quien fue sustituida en la alcaldía unas semanas después del 29-O por una moción de censura. “Necesitamos hacer políticas que respeten el agua. Aquí decimos que el agua ha presentado sus escrituras y ahora sabemos por dónde puede discurrir con violencia cuando se den las circunstancias adecuadas”, cuenta Ernesto Navarro.
Admite Navarro que “es evidente que existe una responsabilidad política histórica previa a la DANA y resulta inadmisible que se hayan construido tantas viviendas en zonas inundables”. Argumenta que “esas construcciones y los coches hicieron de diques que cuando se reventaron hicieron mucho daño por la fuerza consiguiente que alcanzó el agua”.
Efectivamente, un artículo de académicos de España y Canadá sobre los factores económicos y políticos que agravaron las consecuencias de la DANA señala que el urbanismo descontrolado fue una de esas causas principales.
Sin embargo, la observación sobre el terreno nos indica que ni siquiera tras la DANA ese fenómeno está cambiando. Hemos sido testigos de cómo continúa la construcción de nuevos edificios de viviendas en zonas que distan pocos metros de barrancos que se desbordaron el 29-O y que provocaron muertes y multitud de daños materiales. Un ejemplo de ello es nuevo edificio de tres plantas que se está levantando justo sobre un barranco desbordado que provocó muertes y que está en la linde de las localidades de Albal y Catarroja, en la calle Pelayo.
Las competencias de urbanismo recaen básicamente en los ayuntamientos. “Lo que percibo es que ni siquiera ahora que ha pasado esta catástrofe se tienen en cuenta las inundaciones para la planificación territorial, tengo varios ejemplos de proyectos urbanísticos que están en zonas de flujo preferente, lo que es muy peligroso”. Quien así habla es Fulgencio Cánovas, geógrafo y profesor de Ordenación del Territorio en la Universidad de Almería.
Este académico, que calculó que en España hay más de tres millones de personas expuestas al riesgo inundaciones, se muestra pesimista por que se mejore la planificación urbanística en zonas inundables. Entre otros motivos, argumenta que los presupuestos de los ayuntamientos dependen en gran parte de los impuestos por la edificación de bienes inmuebles y su mantenimiento, amén de que los promotores generan empleo. Lo resume en una frase en inglés: “Business as usual”.
La polarización causa muertes y dificulta la reconstrucción
Las acusaciones cruzadas entre los políticos de los diferentes gobiernos durante y después de la DANA han quedado para siempre en la hemeroteca. Pedro Sánchez y Carlos Mazón no han tenido a bien reunirse en este año.
El déficit de buenas relaciones y de coordinación amistosa se plasmó en la tarde del 29-O al comienzo de las reuniones del Cecopi cuando Salomé Pradas, según un vídeo publicado por À Punt, preguntó lo siguiente a su equipo: “¿Alguien tiene el teléfono de Miguel Polo? ¿Le llamamos? A mí no me apetece llamarlo”.
La confrontación política no ayudó a la gestión antes de las inundaciones, ni durante ni después. La jurista Elisa de la Nuez cree que si Mazón hubiera dimitido quizás se habría aliviado algo esa tensión que genera ineficiencia institucional.
Santiago Mas Coma, catedrático emérito del Departamento de Parasitología de la Facultad de Farmacia en Universidad de Valencia, comenta que “los principales de algunas democracias es que son realmente partitocracias y que Carlos Mazón y Pedro Sánchez se rodean de ineptos”. Este catedrático lidera una investigación multidisciplinar para evaluar para tratar las consecuencias en la salud humana, económicas y medioambientales de la tragedia.
En el primer artículo del equipo científico se evidencia la presencia de decenas de agentes infecciosos presentes en zonas urbanas, masas de agua, lodo o campos de cultivo que podrían causar epidemias a medio y largo plazo. Enojado con la polarización política, sostiene lo siguiente: “En la ciencia estamos evolucionando a tal velocidad que se van a mejorar mucho las capacidades para minimizar los riesgos y los daños por catástrofes naturales como las inundaciones, hasta el punto de que los políticos deberían ser prescindibles.”
“Hubo mucha incompetencia y descoordinación entre las administraciones que debían gestionar esa situación de emergencia y esa situación aún continúa”, refiere Manuel Planells, agricultor y secretario de la Comunidad de Regantes Canal Riego Río Turia. “Un amigo mío ya estaba parado en la autovía a la altura de Utiel a las 8:30 de la mañana y el agua no llegó aquí a Alfafar hasta las siete y pico de la tarde. ¿Por qué no se hizo nada entretanto?”, concluye.
“Las administraciones central y autonómica están siendo sensibles con nuestros problemas, pero la descoordinación entre ellas hace que la gestión de la recuperación no sea eficaz. Nunca se juntan los representantes de ambas administraciones”. Quien así se expresa es José Francisco Sales, responsable de los servicios técnicos de AVA-ASAJA.
La estimación de esa asociación de agricultores de Valencia hizo hicimos una estimación rápida de pérdidas económicas por la DANA que se estableció en 290 millones de euros en el sector agrario y ganadero.
Sales explica que a ellos no les importa el color político, sino que las infraestructuras hidráulicas se hagan para evitar más daños en el futuro. Recalca que la confrontación política provoca descoordinación.
Para colgarse la medalla, señala Sales que “el Gobierno central y la Generalitat se enfrentaron porque querían monopolizar la ayuda al cultivo del arroz”. Añade que en las reuniones que tienen los representantes del sector agrario nunca hay doble representación de los gobiernos de Madrid y Valencia. “Me gustaría saber qué hubiera pasado si la DANA hubiera ocurrido en Cataluña o País Vasco cómo se hubiera dado esa colaboración de los gobiernos regionales y el central”, se pregunta este técnico.
Entretanto, las víctimas buscan justicia y que las ayudas lleguen con mayor premura. Muchas de ellas ven un gran obstáculo en la polarización política que halla eco en la sociedad y en las propias asociaciones de damnificados.
Esperan justicia, pero no desesperan. Meri Villanueva, vecina de Catarroja muy activa en redes sociale, perdió a su padre en la DANA. Según ella, su abuelo falleció pocas semanas después por la pena de haber perdido a su hijo.
Se muestra serena pero determinada durante la entrevista. Cofundó en septiembre la asociación Unión del Pueblo 29. Se autocalifica de apartidista, aunque algunos la tilden de ultraderechista. Villanueva se presentó en la causa del juzgado Catarroja como acusación independiente. Pidió la imputación de Carlos Mazón y Pilar Bernabé, misión en la que ha fracasado hasta la fecha.
A su padre lo encontraron diez días después a un kilómetro de Catarroja el bombero Ricardo Illescas y el perro Nilo, de la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate de protección civil de la Diputación de Castellón. Antes, según su testimonio: “Fuimos al ayuntamiento a comunicar su desaparición y apuntaron su nombre en una servilleta. Es vergonzoso y duele mucho”.
Al final de una charla sobre temas científicos relacionados con el cambio climático y las inundaciones, el oceanógrafo y físico Antonio Turiel señala que quiere decir algo sobre la falta de rendición de cuentas mostrada por la clase política después de la DANA: “Como científico sé que esto es un tema de gestión de riesgos en el territorio y si eso no se hace bien y no se toman medidas de prevención, les digo a los políticos que no se laven las manos cuando lleguen los problemas”.
Este investigador del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona concluye: “En Cuba, que no es precisamente un país rico, hay muchos huracanes anualmente de categoría 4 y 5, pero el número de muertos es escaso porque adoptan medidas de prevención. Si Cuba puede hacerlo, ¿por qué no lo hacemos nosotros? ¿Es que somos tontos?”
Este reportaje es parte de la investigación periodística ‘After the Floods’, cofinanciada por Investigative Journalism for Europe. En ella, colaboran también periodistas de otros cinco países europeos aparte de España: Staffan Dahllöf, Kaare Godtfredsen, Tommy Greene, Clarine van Karnebek, Nils Mulvad, Nicoline Noe, Katharine Quarmby y Krzysztof Story.
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