El magistrado que instruye el 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha dictado este lunes auto de procedimiento abreviado contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, el exasesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por la pieza principal en la que ha investigado los contratos irregulares de mascarillas durante la pandemia adjudicados desde el Ministerio de Transportes.

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Así consta en un auto, al que ha tenido acceso El Independiente. El juez considera que los hechos investigados constituyen, de forma provisional, delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Cabe recordar que Puente dividió la causa en dos: en esta pieza principal analizó las contrataciones de material sanitario, mientras que en otra separada instruye las adjudicaciones de obra pública presuntamente irregulares, en las que también figura como investigado el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Puente sostiene ahora que "existen muy consistentes indicios, a partir de los hechos que se declaran como indiciariamente justificados, de que Aldama hizo entregas de sucesivas cantidades de dinero" a Ábalos y Koldo "con el propósito de que efectuaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus respectivos cargos públicos".

Subraya la existencia de un pacto entre los tres investigados "orientado a la comisión" de hechos delictivos desde octubre de 2019, unos hechos "indeterminados" en aquel momento "a la espera de las oportunidades que fueran surgiendo". En virtud de ese presunto acuerdo, Aldama efectuó entregas periódicas de dinero a cambio de que los otros dos favorecieran sus intereses, "aprovechándose la condición de ministro" de Ábalos.

Por otro lado, el magistrado destaca que Koldo, durante el período que su jefe fue ministro de Transportes, presentó un "significativo incremento de ingresos en metálico" y un descenso "muy acusado" de los egresos en metálico durante ese período.

"Cada uno de ellos asumiría un papel diverso en la organización, desplegando el primero [Ábalos] su directa influencia cuando fuere preciso y aprovechándose en lo demás de los oficios de Koldo", narra el juez. "Aldama sería el encargado de localizar empresas o particulares interesados en cualquier clase de gestión con la Administración para, articulando sus intereses, hacerlos valer con preferencia y de manera arbitraria" a cambio de una prestación económica.

Pagos en República Dominicana

El auto dedica varios apartados a detallar los hechos que el magistrado considera punibles, comenzando por este "concierto de voluntades" entre los tres. Según el juez, fue a través del hermano de Aldama, que trabajaba como escolta en el Ministerio de Transportes, como éste conoció a Koldo. Ambos entablaron una relación "frecuente" que acabó derivando en un pacto para obtener beneficios económicos.

Para garantizar las mordidas, el empresario puso a disposición del exministro una vivienda en el Paseo de la Castellana mediante un contrato de alquiler con opción a compra por un precio "muy inferior al real de mercado", aunque, según el juez, ni llegó a abonarse la renta ni el inmueble fue ocupado.

Puente también recoge que, desde octubre de 2019 y al menos hasta 2021, Aldama entregó 10.000 euros mensuales en efectivo a Koldo, en ocasiones en presencia del propio Ábalos. Los pagos se extendido incluso al extranjero, realizándose algunos en la República Dominicana a través de un intermediario.

Además, el empresario asumió otros gastos personales del entorno del exministro, como el alquiler de un piso en la Torre de Madrid ocupado por la entonces pareja de Ábalos, Jessica Rodríguez, durante tres años. El instructor añade que Rodríguez fue contratada en empresas públicas como Ineco y Tragsatec sin superar ningún proceso de selección y sin acudir nunca a su puesto de trabajo, algo que ella misma reconoció ante el juez.

De forma similar, otra persona próxima al entorno de los investigados, Claudia García Montes, también obtuvo un empleo en la pública Logirail, aunque en este caso sí desempeñó las funciones que tenía asignada.

Entre las gestiones atribuidas al exministro y su asesor, el juez destaca su intervención para favorecer los intereses de Air Europa durante la pandemia, incluyendo la publicación de una nota del Ministerio de Transportes que respaldaba su rescate público. A cambio, Ábalos disfrutó gratuitamente de un chalet vacacional en Marbella, costeado por Aldama.

El magistrado vincula también a los tres investigados con las gestiones para beneficiar a la empresa Villafuel y con los contratos de mascarillas adjudicados a Soluciones de Gestión, donde habrían cobrado comisiones a cambio de adjudicaciones irregulares en Puertos del Estado y Adif, entidades dependientes de Transportes.

El instructor ha dado traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las acusaciones populares para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura de juicio oral con la presentación del escrito de acusación, el sobreseimiento de la causa o, de forma excepcional, la práctica de diligencias complementarias.

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