La empresa pública Ineco ha estado en el ojo del huracán desde poco después de que aflorara el caso Koldo, ante el presunto uso que los miembros de la trama realizaron de esta entidad del Ministerio de Transportes, entre otras cosas, para firmar un contrato con Jésica Rodríguez, la mujer cercana a José Luis Ábalos a la que la trama presuntamente financiaba sus gastos.

El informe elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, relacionado con los contratos de material sanitario, ilustra la influencia que Víctor de Aldama y sus socios tenían sobre el Ministerio de Transportes y otras administraciones. Entre ellas destacaba, por ejemplo, la empresa pública española de ingeniería y consultoría, algo de lo que alardearon los empresarios investigados en el marco del 'caso Koldo' por el pelotazo de las mascarillas.

Así figura en una conversación, a la que ha tenido acceso El Independiente, fechada el 20 de mayo de 2020, es decir, durante el primer estado de alarma, en la que Javier Serrano Costumero, uno de los socios más cercanos a Víctor de Aldama, envía a un grupo de WhatsApp, llamado 'fertinvest' un mensaje en el que adjunta un expediente de contratación de Ineco.

Celebración por WhatsApp

Durante la conversación, expresa lo siguiente: "Es el primer concurso a dedo que nos hacen". A continuación, cifra en 18.500 euros su importe. La documentación remitida por el empresario a sus colegas es un expediente de la empresa pública con la que se pretendía seleccionar "una empresa proveedora para la realización de pruebas diagnósticas al personal de la compañía en relación con el SARS-CoV 2 (COVID-19)". Su duración era de tres meses y su importe total de 14.500 euros.

En el citado grupo también se encontraban Ignacio Díaz Tapia y César Moreno, conocidos por sus relaciones empresariales con De Aldama. El nombre de ese foro estaría relacionado con la empresa Fertinvest Consulting S.L., creada en mayo de 2019 con el objeto social: "gestión y asesoramiento de empresas, así como la realización de cualquier tipo de inversión en las mismas".

A partir de junio de 2020 se amplió a: "Comercialización y distribución de todo tipo de productos médicos y sanitarios".

Más de 50 millones de euros

El mensaje de texto recogido por la UCO en su último informe es solo un ejemplo más de influencia que la 'trama Koldo' llegó a tener en la Administración. La puerta de entrada de Aldama y los suyos fue a través de su relación con Koldo García y con el entonces ministro de Transportes.

El exsecretario de organización del PSOE y su mano derecha se convirtieron en la llave de acceso a otras administraciones. El primer contrato que la empresa vinculada con Víctor de Aldama, Soluciones de Gestión, S.L. fue con Puertos del Estado. El mismo se firmó marzo de 2020 y alcanzó los 24 millones de euros.

En paralelo, se firmó con ADIF otro contrato para el suministro de cinco millones de mascarillas por un total de 12,5 millones. En tan sólo una semana, la trama se hizo con dos contratos que superaban los 30 millones de euros, gracias a su mano en el Ministerio de Transportes.

El siguiente objetivo fue suministrar material sanitario a Canarias y Baleares. Para la adquisición de mascarillas, el Gobierno de Ángel Víctor Torres, adjudicó hasta 12 millones de euros a la empresa de la trama entre los meses de abril y mayo.

En esas mismas fechas, el Ministerio del Interior adjudicó varias partidas a la sociedad favorecida por Koldo García. En total, solo esta entidad se llevó contratos por valor de más de 50 millones de euros, eso sin contar los contratos que Eurofins Megalab firmó para el suministro de test PCR.

La UCO recuerda, precisamente, en su último informe que en el contexto en el que se sucedieron las citadas adjudicaciones políticas, relacionadas con el material sanitario, Koldo García habría percibido pagos en metálico por valor de 10.000 euros, de manera mensual, procedentes de Víctor de Aldama. Estos pagos serían la forma de asegurar que Koldo siguiera haciendo de puente entre la trama y diferentes órganos públicos.

Ineco

Además de en este último informe, la imagen de Ineco ya se ha visto salpicada por el conocido como 'caso Koldo'. Cabe destacar que el ente público firmó un contrato de trabajo a Jésica Rodríguez, a petición de Koldo García. Se rubricó en marzo de 2019 y estuvo vigente hasta el 28 de febrero de 2021, según la documentación remitida por la empresa al Tribunal Supremo. En ese tiempo, sobre el papel, ejerció de auxiliar administrativa.

Para ello, fue clave el papel de la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. El Instituto Armado apunta a la técnico por el 'enchufe' de Jésica a petición del entonces ministro.

Según la Guardia Civil, la joven disfrutó de un alquiler gratis durante casi tres años en un lujoso piso ubicado en Plaza de España, gracias a la relación del exsecretario de organización con los socios de Aldama.