El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Dean Spielmann, ha comparecido este jueves para trasladar sus conclusiones sobre las cuestiones prejudiciales elevadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional sobre la ley de amnistía. El consejero jurídico ha concluido que la amnistía no choca con los intereses financieros de la UE y pide al tribunal europeo que no se oponga a la aplicación de la norma.

PUBLICIDAD

La conclusiones del abogado general marcan el camino a seguir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que se espera que decida sobre la ley diseñada a medida de los líderes del 'procés' máximo a principios de año. Aunque sus conclusiones no son vinculantes sí son el primer paso para conocer el sentir de la Justicia europea sobre la norma impulsada por los socialistas para conseguir el sí de los de Puigdemont a la investidura de Pedro Sánchez.

Una de las cuestiones que más dudas han despertado respecto a la aplicación de la ley de amnistía es si los gastos del 'procés' pusieron en riesgo los intereses económicos de la UE. Al respecto, el abogado general ha detallado que la protección de los intereses financieros de la Unión no se opone a la extinción de la responsabilidad prevista en la norma aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. "No existe un vínculo directo entre esos actos y la reducción, actual o potencial, de los ingresos puestos a disposición del presupuesto de la Unión", ha concluido.

No obstante, el abogado general sí ha planteado serias dudas sobre determinados aspectos de la norma que podrían ir contra varias exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva. En concreto, el consejero jurídico europeo considera que "no es conforme con el Derecho de la Unión obligar a los órganos jurisdiccionales nacionales a dictar una resolución absolutoria y a alzar las medidas cautelares que se hubieran acordado en una fase anterior del procedimiento en el plazo máximo de dos meses".

Plazos de la amnistía

Considera que "quebranta la independencia judicial" al impedir al Tribunal de Cuentas realizar las diligencias probatorias necesarias para verificar si los fondos afectados eran europeos. Asimismo, detalla que la imposición del alzamiento de las medidas cautelares cuando el juez aun no ha presentado una remisión prejudicial al TJUE, contraviene la primacía del Derecho de la Unión.

También se critica la exclusión de las partes que ejercieron la acción pública de la audiencia previa. De esta forma, el abogado general del TJUE insiste en la necesidad de incluir Sociedad Civil Catalana para proteger el principio de igualdad de armas.

Las cuestiones prejudiciales también plantean dudas respecto a la incorporación de los delitos de terrorismo para exonerar a los líderes del 'procés', ya que podría ser contraria al derecho europeo.

Esto será clave para la Audiencia Nacional donde se dirige la causa contra varios miembros de los CDR. Los magistrados elevaron en septiembre de 2024 una cuestión prejudicial al considerar que la ley de amnistía además de suponer una vulneración de la Directiva UE contra el terrorismo "supone enviar un mensaje hacia el futuro (principio de prevención general del Derecho penal) en sentido de que los delitos de terrorismo pueden ser perdonados cuando la intencionalidad de los mismos esté en línea con los intereses políticos de quien dicta la ley de amnistía".

Las conclusiones del abogado general van en la línea de lo ya defendido por la Comisión Europea. Aunque el pasado mes de julio el órgano comunitario concluyó que no existe "un perjuicio suficientemente directo" entre el 'procés' y los intereses económicos de la UE, sí se comunicó que la norma no respondía a un interés general.

PUBLICIDAD