"Ya no se puede ni caminar". Así resume un agente de la Policía Nacional la situación que se vive en el Cuerpo ante las últimas agresiones sufridas por varios de sus compañeros cuando estaban fuera de servicio. La preocupación es máxima en el Ministerio del Interior por lo que supone que sean reconocidos cuando no llevan el uniforme puesto.

Este pasado viernes ocurrió la última. Un policía sufrió una "brutal agresión" en el barrio de Entrevías, en Madrid. Estaba cenando en su tiempo libre, sin estar trabajando. El agente fue emboscado por al menos siete individuos, asegura el sindicato Jupol. Lo derribaron y le patearon la cabeza y el torno. Al mismo tiempo, le gritaron "madero de mierda", "tenéis que estar todos muertos" o "ahora no eres tan valiente estando solo".

Hace una semana, el 8 de noviembre, ocurrió una situación similar. Una cena de policías en Alcalá de Henares, también en Madrid. Seis personas dieron una "brutal paliza" a dos agentes, según relató la Unión Federal de Policía (UFP). Ambos pertenecen al Grupo Operativo de Respuesta (GOR). Fueron atacados por la espalda al grito de "ahora no estáis de servicio, putas ratas".

Uno perdió tres dientes y la visión momentánea en un ojo. El otro terminó con la clavícula rota. Según informó el martes la alcaldesa del municipio, Judith Piquet, se ha detenido a una persona relacionada con estos hechos y hay otras dos identificadas.

El mismo día, en Vinalesa (Valencia), un policía nacional fuera de servicio sufrió otra agresión alrededor de las 18:30 horas. El ataque fue cerca de su domicilio, y el hombre aún continúa en coma inducido y con un pronóstico grave. Este viernes, la Guardia Civil ha detenido a dos hermanastros de 21 y 15 años relacionados con los hechos. "Ambos tienen antecedentes por robos de poca monta y el mayor de ellos lleva en tratamiento psiquiátrico al menos desde 2019", según informa el Levante.

Sabían que eran policías

La nota común en los tres sucesos es que los agresores sabían que las víctimas eran policías. "La situación es insostenible", denuncia otro agente en conversación con este periódico. "Y el ministro [Fernando Grande-Marlaska] a verlas venir", se lamenta otro.

Las fuentes consultadas remarcan la creciente preocupación sobre este fenómeno. Los grupos criminales tienen perfectamente localizados e identificados a los agentes. Saben quiénes son, dónde van, dónde viven y quiénes son sus familias. Por el momento, la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, les protege al impedir que se difundan sus rostros. Los socios del Gobierno aspiran a que este punto de la legislación se elimine en una futura reforma.

"Quien no protege a sus policías, no protege a su sociedad", resumen desde la UFP. "Estamos viendo agresiones salvajes dentro y fuera de servicio, compañeros en UCIs y familias destrozadas. Si la primera línea se rompe, la pagarán todos los ciudadanos. El Gobierno no puede seguir mirando hacia otro lado".

Los últimos ataques son "un episodio más dentro de una escalada de violencia que se ha desbordado en toda España", denuncia Jupol. "En los últimos días se han producido ataques con armas de guerra, emboscadas a patrullas, tiroteos y agresiones físicas extremadamente graves que han dejado a varios agentes hospitalizados, dos de ellos en estado crítico".

Profesión de riesgo

Ni los policías ni los guardias civiles son considerados profesiones de riesgo. Esta tipificación, a la que se resiste el Ejecutivo, endurecería las penas a las que se enfrentan los agresores. Es una reivindicación que ha cogido fuerza en los últimos años. La última concentración se produjo este jueves en Sevilla, donde una plataforma policial, además del sindicato Jupol, se manifestaron por el reciente ataque a unos policías que perseguían a unos narcos desde Cádiz hasta la capital andaluza. Uno de los agentes acabó gravemente herido al recibir disparos de una AK-47.

"Sólo en 2024 se registraron cerca de 17.000 agresiones a policías nacionales y guardias civiles, una cifra histórica que el Ministerio del Interior sigue sin incluir en sus estadísticas oficiales, pese a ser un indicador directo del deterioro del principio de autoridad y del clima de impunidad que hoy reina en las calles", recuerda el citado sindicato.

"Más que una reivindicación laboral o sindical, es un problema social y de seguridad. Se ha perdido el respeto a la Policía y el principio de autoridad, y después de nosotros lo sufren en las calles los ciudadanos", dicen desde la UFP.

"Los policías nacionales no queremos homenajes póstumos. Queremos vivir, queremos trabajar con seguridad y queremos volver a casa con nuestras familias. España no puede permitirse más agresiones salvajes como la sufrida por nuestro compañero en Madrid. Necesitamos medidas ya".