Los tentáculos de la conocida como 'trama Koldo' no paran de extenderse a lo largo de diversos puntos de la geografía española. Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) desvela los planes de varios miembros de la presunta organización criminal para hacerse con la adjudicación de obras que hasta la fecha no habían sido investigadas.

Según las evidencias recopiladas por el Instituto Armado, a las que ha tenido acceso El Independiente, la trama se interesó por la adjudicación de la obra millonaria del Aeropuerto de Palma de Mallorca. En concreto, los investigadores han localizado en el teléfono del socio de Santos Cerdán, Antxón Alonso, varias capturas de pantalla de una nota manuscrita en la que se hacía referencia a dicha adjudicación concedida a Acciona por 198,4 millones de euros.

Las fotografías corresponderían a dos videollamadas entre el exdirectivo de Acciona, Justo Vicente Pelegrini, y el dueño de la empresa Servinabar S.L., en la que aparecen varias anotaciones aparentemente realizadas por el que fuera responsable de la zona norte para la constructora internacional sobre varias obras públicas. Entre las mismas destacan la nota "edificio procesador Palma", que la UCO vincula a la adjudicación por parte de AENA de un contrato concedido a la empresa vinculada con el presunto pago de mordidas para la remodelación del Área Terminal del Aeropuerto de Palma de Mallorca.

La constructora considera por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente como el "común denominador" de la trama se hizo con el concurso público dos años después de esta conversación. La sociedad para la que trabajaba Peregrini -hasta su cese el pasado mes de junio- se impuso a otras seis empresas concursantes.

Nuevas obras bajo el rádar de la UCO

Además de las anotaciones sobre esta gran obra, la UCO ha detectado otros apuntes relacionados, al menos, con otras dos obras. Bajo el título de "Conservación" se recogen los nombres de tres ciudades, acompañadas de fechas o comentarios. Según la UCO, estas referencias podrían hacer alusión a diferentes licitaciones dependientes de algún órgano del Ministerio dirigido entonces por José Luis Ábalos.

"Teniendo en cuenta las fechas, han sido localizados dos expedientes a los que pudieran referirse las anotaciones de Ávila y Córdoba", ambos licitados por la Dirección General de Carreteras. La referencia a la ciudad conocida por su extenso Alcázar se haría referencia a la adjudicación por 25 millones para las carreteras del sector AV-02 de la provincia de Ávila. La fecha reflejada en el documento manuscrito coincide con el día de apertura de ofertas.

Por otro lado, la referencia a Córdoba corresponde a la adjudicación por 15 millones del contrato para las carreteras A-45, N-331, CO-32 y N437 de la provincia de Córdoba. Con el mismo 'modus operandi', la fecha anotada coincide con día en que se llevó a cabo la adjudicación a la sociedad Api Movilidad SA.

Por último, la Guardia Civil señala que se anotase la palabra "Puente", presuntamente en referencia a la obra del Puente del Centenario en Sevilla, uno de los "proyectos políticos" de Santos Cerdán. La obra adjudicada por la Dirección General de Carreteras, presidida entonces por Javier Herrero, también investigado por la Audiencia Nacional, fue adjudicada a la UTE formada por Acciona, Tecade y Freyssinet por 71 millones de euros. Tiempo después, el presupuesto se elevó hasta los 128 millones.

Las grabaciones de Koldo ya mostraban el interés del exsecretario general del PSOE por esta obra, la cual se había vinculado con el pago de mordidas a Ábalos y Koldo. El Instituto Armado recoge también en un informe anterior una conversación entre Santos Cerdán y el exasesor de Ábalos, Koldo García, en la que hablaban supuestamente del cobro de un pago de 450.000 euros "por lo de Sevilla.

Las sospechas de la UCO se extienden a nuevas obras que hasta la fecha no habían sido situadas en el rádar. Hasta la fecha, el juez instructor vincula el cobro de mordidas a un total de cinco obras por más de 500 millones de euros. Con la información aportada por ese nuevo informe, este valor ascendería al menos a casi los 600 millones, ya que se suma la adjudicación de las obras del desdoblamiento de los túneles de Belate. Dicha obra fue adjudicada por el Gobierno de Uxue Barkos a la UTE formada por Acciona, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar 2000 S.L., por 62,88 millones de euros.

La evidencias analizadas por la UCO ponen también contra las cuerdas a otros tres directivos de Acciona imputadas por el juez. Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel tendrán están citados a declarar ante el alto tribunal el próximo 3 de diciembre.