La constructora Acciona se encuentra en pleno foco mediático después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la haya señalado en su último informe remitido al Tribunal Supremo, en el marco del 'caso Koldo', como la compañía que aportó fondos a Servinabar, la empresa vinculada al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

El Instituto Armado sitúa al exdirigente socialista en el núcleo de una presunta trama de corrupción destinada a obtener mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública del Ministerio de Transportes. La función de Cerdán era hacer de intermediario, aprovechando su vínculo con el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

Los investigadores sostienen que existía una "operativa común" en varios expedientes: Acciona y Servinabar firmaban un memorándum de entendimiento al inicio del proceso y, una vez que la licitación recaía en la constructora, se formalizaba un contrato de prestación de servicios que reportaba a Servinabar el 2% neto del importe adjudicado.

Según la UCO, la relación entre ambas mercantiles se articuló principalmente a través del exdirector general de Acciona Construcción, Justo Vicente Pellegrini; de Cerdán; y del socio de este último, Antxon Alonso. Por parte de la multinacional también intervinieron otros responsables como Tomás Olarte, Manuel José García y el exdirectivo Fernando Merino.

En junio, tras el envío al Supremo del informe que derivó en la entrada en prisión de Cerdán, Acciona despidió a Pellegrini. Este martes, la compañía ha suspendido cautelarmente a Olarte y García. Los tres han sido citados por el juez instructor, Leopoldo Puente, el próximo 3 de diciembre.

El último atestado policial, que refuerza los indicios contra Cerdán ya apuntados en verano, eleva las posibilidades de que la compañía sea investigada como persona jurídica. Si finalmente es imputada y el procedimiento culmina en una condena, Acciona podría enfrentarse a sanciones de calado.

La Ley de Contratos del Sector Público establece que no podrán contratar con la Administración aquellas empresas condenadas mediante sentencia firme por delitos como corrupción en los negocios, tráfico de influencias, cohecho, fraude, blanqueo de capitales o financiación ilegal de partidos, entre otros.

La prohibición se extiende a las personas jurídicas declaradas penalmente responsables y a aquellas cuyos administradores —de hecho o de derecho— se encuentren incursos en esos supuestos mientras ejercen su cargo. Por tanto, la multinacional se expone, si finalmente resulta condenada, a no poder contratar con la Administración pública durante varios años.

Acciona defiende su actuación

Tras las últimas revelaciones, la constructora aseguró en un comunicado que desconocía el destino que Servinabar daba a los fondos abonados en virtud de los contratos, y rechazó cualquier responsabilidad sobre su utilización. También negó haber realizado pagos de ningún tipo a las personas mencionadas en la causa.

Acciona explicó que, entre las más de 30.000 empresas con las que colabora, mantuvo relaciones comerciales con Servinabar entre 2015 y 2025 en diversos proyectos de construcción y obra civil ejecutados en España, con una facturación agregada de 5,7 millones de euros en ese periodo.

Según la compañía, los contratos y pedidos asociados a esos proyectos "cumplen con los estándares exigibles", que incluyen compromisos de cumplimiento normativo obligatorios y prohíben conductas contrarias a la ley o a la ética empresarial.

La multinacional sostiene que todos los pagos realizados al amparo de esos contratos están soportados por facturas revisadas, recogidos en la contabilidad, liquidados mediante operativa bancaria y ajustados a los servicios contratados, "sin que puedan ser considerados pagos de facilitación por adjudicación de obra pública". Acciona afirmó desconocer y no asume responsabilidad alguna sobre el posible uso o destino que los propietarios de Servinabar pudieran haber dado a los importes.