El exsecretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García tienen poco margen de maniobra para cambiar su suerte, al menos, en las próximas semanas. El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente acordó este jueves enviar a ambos a prisión al considerar que existe un "extremo" riesgo de fuga, debido a la cercanía de la celebración del juicio por el denominado 'caso mascarillas'.

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El que fuera el hombre fuerte de Ferraz y su mano derecha permanecerán previsiblemente varios meses en prisión. Además, cuentan con pocas opciones para colaborar con la Justicia y mejorar su actual condición, al menos, en lo que respecta a la pieza principal del denominado 'caso Koldo'.

Así lo reflejó el instructor en el auto de ingreso en prisión de José Luis Ábalos, donde detalló que, debido al avanzado estado del procedimiento, "poco relevante parece que pudiera el acusado aportar en este momento con relación a su objeto". Con esta afirmación el togado parece cerrar la puerta a la posible colaboración del investigado.

El juez rechaza, de ese modo, que la decisión de acordar el ingreso en prisión del exministro y su exasesor venga condicionada por el objetivo de "forzar" una "declaración colaborativa", como había expuesto durante la celebración de la 'vistilla' su letrado, Carlos Bautista. La defensa del diputado valenciano entendió que la medida adoptada por el Supremo era excesiva y que podría ser una forma de presionar a su cliente. Al respecto, Puente respondió que esta hipótesis es "pura y simple especulación" y que "no guarda relación alguna" con lo acordado.

Cabe recordar que la investigación contra Ábalos, Koldo y Aldama respecto a los contratos de material sanitario firmados en pandemia ya está concluida. El juez ya ha dado por finalizada la instrucción y acordó emitir un auto de procedimiento abreviado y, así, dar el primer paso para enviar a los investigados al banquillo.

Ahora, sobre las cabezas del exresponsable de Transportes y su hombre de confianza pesan peticiones de prisión que superan los 20 años. El escenario es muy diferente al de hace apenas un año, cuando Ábalos acudió por primera vez a declarar ante el alto tribunal como investigado, donde defendió su inocencia, y los investigados se quedan sin opciones.

A la espera de que el Supremo decida el próximo 4 de diciembre sobre los recursos de apelación presentados por las defensas, todo parece indicar que Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama se sentarán en el banquillo de los acusados en pocos meses. Entre los hechos por los que serán juzgados, respecto a la pieza principal del caso, el más relevante es la supuesta adjudicación irregular de contratos de suministro de material sanitario durante la pandemia.

Pagos periódicos a cambio de favores

El juez considera que el exministro de Transportes determinó la concesión de determinados contratos a cambio de compensaciones económicas de Aldama, quien, gracias a su relación con ambos, accedía a información "previa y privilegiada" que le permitía preparar ofertas que acababan siendo adjudicatarias.

Puente describe la existencia de un "concierto de voluntades" entre los tres para obtener beneficios aprovechando la posición pública del exministro, un "pacto" orientado a la comisión de hechos delictivos. En ese esquema, Aldama identificaba oportunidades de negocio, Koldo actuaba como intermediario y Ábalos intervenía cuando resultaba necesario.

Dentro de esta pieza principal, también se dirime la contratación presuntamente irregular de dos de las exparejas del diputado del Grupo Mixto. Jésica Rodríguez fue incorporada a dos empresas públicas dependientes de Transportes, Ineco y Tragsatec. Ella misma reconoció ante el Tribunal Supremo que nunca llegó a desempeñar trabajo alguno pese a percibir una nómina pública. Claudia García Montes, conocida como "Miss Asturias", fue contratada en Logirail, si bien en este caso sí acudía a su puesto.

En la lista de hechos punibles que se atribuyen a Ábalos también destaca haberse beneficiado del alquiler del piso en la Torre de Madrid, en la Plaza de España, que sirvió como vivienda a Rodríguez entre marzo de 2019 y marzo de 2022. Las rentas fueron abonadas primero por un socio de Aldama, Alberto Escolano, y posteriormente por Koldo.

Además, como telón de fondo nos encontramos con una extensa lista de maniobras que el exasesor ministerial y su jefe hicieron en favor de Aldama y varios de sus socios. Aquí entraría la intermediación de ambos para intentar agilizar el rescate a Air Europa o varias reuniones organizadas por Koldo en varios ministerios para abrir puertas a los socios de Aldama en el sector de los hidrocarburos.

Por último, el magistrado considera igualmente punibles las gestiones dirigidas a obtener un aplazamiento de la deuda tributaria de una de las empresas de Aldama. A través de Koldo y con el aval de Ábalos, el empresario logró concertar una reunión con Carlos Moreno, entonces jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Investigación por el amaño de obras

Por delante todavía queda gran parte de la causa, la investigación por el presunto amaño de obras públicas. Esta es la parte del caso que más compromete al PSOE, y en la que también permanece como investigado Santos Cerdán.

Tras la entrega del informe que atribuía un papel central al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en un presunto desvío irregular de fondos a través de adjudicaciones de obra pública, el instructor Leopoldo Puente decidió escindir la causa en dos. Respecto a esta nueva pieza separada aún queda un largo recorrido, debido a la complejidad de la presunta trama de corrupción liderada por el exdiputado navarro, Ábalos y Koldo y a la participación de múltiples empresas.

Por el momento, el juez permanece a la espera del informe patrimonial sobre Santos Cerdán, así como la declaración de tres directivos de Acciona, considerada el "denominador común" de la trama. El instructor atribuye a la constructora multinacional el pago de presuntas mordidas a cambio de la concesión a dedo de varios contratos millonarios en diferentes puntos de la Península. Los mismos se cuantifican, por el momento, en 500 millones de euros.

Esta derivada del 'caso Koldo' podría agravar considerablemente la situación penal de Ábalos y Koldo. Además de contar con la petición de más de 20 años de prisión por el conocido 'caso mascarillas', de demostrarse que ambos también se beneficiaron del presunto amaño de obras públicas la petición de pena para ambos podría incrementarse de manera significativa.

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