El frío del invierno suele disparar las facturas. En muchos hogares eleva con ello la preocupación o el dilema de si abrigarse más o encender la calefacción. La pobreza energética no siempre es extrema, pero a menudo el consumo de energía en un hogar se convierte en una factura difícil de soportar cuando la necesidad de calentarse se incrementa. En España existen ayudas para los colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión. Esta consideración es dispar y en ocasiones extremadamente diferente entre los distintos colectivos que agrupa. En nuestro país, según los últimos datos oficiales, –octubre de este año-, 1.712.043 personas perciben el bono eléctrico. En la mayoría de los casos lo hacen según criterios de renta pero en otros, sólo por su mera composición.

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Es el caso de las familias con tres o más hijos, las consideradas familias numerosas. En su caso tienen derecho a percibir este bono social sin que sea necesario cumplir ningún criterio de renta. Actualmente son cerca de 443.000 las familias numerosas que figuran como perceptoras del bono eléctrico. Representan el 25% del total de perceptores en el conjunto de España pero en algunas comunidades autónomas su peso en el colectivo que se beneficia de estas ayudas es significativamente mayor.

Los datos oficiales muestran cómo en las comunidades autónomas con rentas más elevadas el porcentaje de familias numerosas que se benefician de los bonos es muy superior al de la media del país. Así, en la Comunidad de Madrid entre sus 187.639 beneficiarios las familias numerosas representan el 43% del total. En otra de las regiones con rentas más elevadas, las Islas Baleares, suponen el 42% de los perceptores. En Navarra son el 41%, en Cataluña el 37%, en el País Vasco el 30% y el 29% en Aragón. Todas ellas están por encima de la media nacional del 25%.

En cambio, en otras regiones con una situación socioeconómica peor, la presencia de familias entre los perceptores de estos bonos es significativamente menor. Es el caso de Castilla y León y Galicia, donde apenas representan el 15% de los perceptores o Extremadura con un 12,6%.

Posibles cambios

La solicitud de estas ayudas es voluntaria y debe tramitarse a través de la Administración central. En el caso del bono social eléctrico, su financiación corre a cargo del Estado en un 50% y el resto del sector energético -distribuidoras, comercializadoras y productoras- que lo repercute en la factura del resto de consumidores no acogidos a estas ayudas. Por tanto son el resto de consumidores los que al menos parciamente, sufragan las ayudas. En el caso del bono térmico es el Estado el que lo sufraga pero las comunidades autónomas las que lo gestionan.

Recientemente el Ministerio para Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha presentado una propuesta para abordar la pobreza energética los próximos años. Plasmado en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030, el documento culminó en octubre su fase de alegaciones. Pese a que en el mismo no se planteaban cambios respecto a una posible modificación de la política de acceso a los bonos sociales, durante el trámite de alegaciones sí ha sido una de las cuestiones que el Ejecutivo ha tratado con asociaciones y organizaciones vinculadas a las familias numerosas. Por el momento se desconoce si el texto final incluirá algún tipo de cambio al respecto.

En los últimos años, el acceso a este tipo de ayudas se ha concebido como parte de las políticas de respaldo social y de apoyo a la natalidad. Es la razón en la que se ha soportado el criterio de no aplicar filtros de renta en el caso de las familias numerosas. Se ha entendido del mismo modo que se aplica bonificaciones especiales a este colectivo en otros ámbitos como el de transporte o el educativo. Ya en 2023 la entonces ministra Teresa Ribera planteó la posibilidad de reconsiderar la política que concede estas ayudas a todas las familias numerosas sin tener en cuenta la renta.

En estos casos los descuentos pueden ir desde el 25% de la factura hasta el 75%, en función de las circunstancias y composición de las unidades familiares. Los beneficiarios del bono eléctrico también son perceptores del bono térmico que financia el gasto en calefacción y agua caliente. En el caso del bono térmico el abono de la ayuda es anual y con un solo pago. En este caso, la ubicación de la vivienda es determinante para fijar el importe. Se han establecido distintas áreas climáticas, en función del clima y las horas de sol, y sobre las que se aplica un porcentaje de ayuda u otro, siendo las zonas más cálidas menos beneficiadas que las más frías.

Perceptores "vulnerables severos"

Además de las familias numerosas, englobadas entre los colectivos vulnerables, si su situación se ve agravada por un bajo nivel de renta, también pasan a formar parte del grupo de consumidores considerados “vulnerables severos” o, en su caso, en riesgo de exclusión social. De los más de 1,7 millones de beneficiarios del bono social eléctrico, más de la mitad, el 52%, son considerados perceptores vulnerables severos.

Son miles las personas que se encuentran en situación de gran dificultad como para hacer frente al pago de la energía en periodos de gran necesidad como el invierno. Los perceptores por razones de renta baja son la mayoría, el 67%. En algunas comunidades autónomas superan incluso ese porcentaje. Es el caso de Castilla La Mancha, con un 73%, la Comunidad Valenciana, con un 72%, Extremadura (79%), Galicia (74%) o Canarias (71%).

En la evolución de estas ayudas sociales, uno de los cambios más significativos es la reducción de pensionistas en la lista de perceptores. Las progresivas actualizaciones de las pensiones han reducido el cupo de perceptores con pensiones mínimas que les hacen candidatos a este bono eléctrico. En comparación con 2023, la reducción del número de beneficiarios es del 25%. Si hace dos años eran 103.390 los pensionistas con pensión mínima que percibían la ayuda, en octubre de este año esa cifra había caído hasta los 77.244.   

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