Los hospitales de gestión privada integrados en el Sistema Nacional de Salud (SNS) han crecido un 36,8 % en los últimos diez años y representan ya el 30,7 % de toda la red. En este periodo, el gasto público destinado a estos centros se ha incrementado más de un 84 %, hasta los 4.800 millones de euros, según el 'Informe 2025 sobre la evaluación de la sanidad privada en el SNS', presentado este martes al Consejo de Ministros por la ministra de Sanidad, Mónica García.

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El documento concluye que la colaboración con el sector privado ha dejado de ser "un recurso excepcional" para convertirse en una práctica estructural, lo que implica desviar una parte creciente del presupuesto público hacia empresas cuya lógica "responde al beneficio y no al interés general".

Cinco de los siete hospitales con modelo Torrejón están en Madrid

En 2024, España contaba con 753 hospitales, de los que 145 tenían "dependencia funcional privada", es decir, más del 80 % de su actividad o financiación procede de fondos públicos. En 2011 eran 106, lo que explica el aumento del 36,8 % registrado en esta década.

De esos centros, siete operan mediante concierto sustitutorio, como el del conocido 'modelo Torrejón'; cinco de ellos se encuentran en la Comunidad de Madrid. El resto cuenta con conciertos parciales. La proporción de camas operativas en estos hospitales ha pasado del 13,7 % al 17,8 %, y la de quirófanos del 8 % al 10,7 %, con mayor avance en Cataluña y Navarra. El único ámbito que crece en los centros privados no integrados en el SNS es el de pruebas diagnósticas.

La pública asume los tratamientos más costosos

Aunque la presencia privada crece, la sanidad pública sigue absorbiendo la mayor parte de la actividad compleja y cara. En 2023 asumió casi el 90 % de las estancias hospitalarias y el 93,4 % de las hospitalizaciones de día, donde se concentran los procesos de mayor coste, como los oncológicos.

En hospitales privados ajenos al SNS, el 34,6 % de las altas y el 17,6 % de las estancias se financiaron con fondos públicos, además de un 21 % de las intervenciones de cirugía mayor ambulatoria.

Entre el 70 % y el 80 % de los diagnósticos más prevalentes —traumatismos, infecciones respiratorias o seguimientos oncológicos— se atendieron en centros del SNS. Los procedimientos más caros, como trasplantes, cuidados neonatales críticos o técnicas con ECMO, fueron financiados por la sanidad pública en más del 95 % de los casos. En actuaciones como trasplantes de médula o traqueostomías prolongadas, la pública concentra entre el 97 % y el 100 %.

En cambio, los centros privados atienden sobre todo patologías leves, como faringitis aguda, nasofaringitis (29,5 %) u otitis media (23,8 %).

Auge del seguro privado

La ciudadanía sigue prefiriendo la sanidad pública para Atención Primaria (69,9 %), Urgencias (72,6 %) y hospitalización (76,1 %). Pese a ello, el número de asegurados privados se ha duplicado desde 2018. Tras la pandemia, ha pasado del 17,2 % al 32,6 % de la población, con incrementos especialmente llamativos en Extremadura (296 %), Ceuta (270 %), Cantabria (247 %) y la Comunidad Valenciana (234 %).

El informe también recoge estudios que apuntan a peores resultados en salud en modelos privatizados. Una revisión de 2024 identificó un aumento de la mortalidad evitable en regiones que habían externalizado servicios sanitarios, además de un repunte de infecciones intrahospitalarias tras la privatización de lavanderías.

Otro análisis, centrado en el modelo Alzira (2003-2015), detectó peores indicadores que en hospitales públicos comparables: más hospitalizaciones evitables, mayor mortalidad por infarto o ictus y menor eficiencia tecnológica.

Un estudio de la Cámara de Cuentas de Madrid concluyó, además, que recuperar para la gestión pública ciertos servicios externalizados podría generar entre un 15 % y un 80 % de ahorro, según el procedimiento.

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