La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que el exministro de Transportes José Luis Ábalos trató de ocultar al Congreso de los Diputados el chalé de Cádiz del que disfrutó durante el verano de 2021, un inmueble que fue costeado por el empresario Claudio Rivas con la intermediación de su socio Víctor de Aldama.

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Así lo sostiene el Instituto Armado en el último informe entregado al juez Santiago Pedraz, instructor del 'caso Hidrocarburos' en la Audiencia Nacional. "El contrato de arrendamiento fue, en realidad, una cobertura instrumental al servicio de una relación de contraprestación ilícitamente otorgada a Ábalos, vinculada al ejercicio de la influencia ejercida indebidamente", señalan los investigadores.

La UCO apunta además que la "última finalidad" del ahora preso era "la de poder ostentar la propiedad no inscribiéndola a su nombre para eludir la obligación establecida en el Reglamento del Congreso de los Diputados respecto de la declaración de bienes patrimoniales".

Dicho reglamento establece en su artículo 18 que los diputados deben presentar una declaración de bienes al inicio y al final de la legislatura, así como actualizarla durante el mandato tantas veces como sea necesario.

Según el informe, Rivas y Aldama pusieron el chalé situado en La Alcaidesa (urbanización de San Roque y La Línea) a disposición de Ábalos después de dar por hecho que, gracias a la intermediación del entonces secretario de Organización del PSOE con el Ministerio de Industria y de Transición Ecológica, obtendrían la licencia para operar con hidrocarburos para su empresa Villafuel.

La adquisición del inmueble se formalizó ante notario el 10 de junio de 2021 por un importe de 585.000 euros y, apenas siete días después, fue puesto a disposición del político.

"El ministro dispuso materialmente de la vivienda, la disfrutó e incluso intentó su aprovechamiento económico, todo ello bajo la cobertura formal de un contrato de arrendamiento instrumentalizado cuyas cuotas no fueron satisfechas, con excepción de la primera mensualidad y la fianza", recoge la Guardia Civil.

La situación dio un giro de 180 grados tras la destitución de Ábalos como miembro del Gobierno el 12 de julio. Pasaron las semanas y la concesión de la licencia, con Ábalos ya fuera del Ministerio de Transportes, no terminaba de llegar. Tal y como consta en el informe, Rivas ordenó a su abogado redactar una demanda de resolución del contrato de arrendamiento, que fue presentada el 10 de enero de 2022.

Los agentes explican que, de haber obtenido antes la licencia para operar con hidrocarburos —como finalmente ocurrió, aunque meses después—, la demanda no se habría interpuesto y Ábalos habría continuado utilizando el inmueble sin ningún tipo de problema. Además, subrayan que la elección de un contrato de arrendamiento con opción a compra suele asociarse a la futura adquisición del inmueble por un precio inferior al de mercado, lo que constituiría "una potencial dádiva más a tener en cuenta".

En el informe, la Guardia Civil detalla que Rivas destinó un millón de euros para "comprar la voluntad" de Ábalos, "permeando estructuras de la Administración con el propósito de obtener influencia a cambio de dádivas y contraprestaciones ilícitas".

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