El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz será el encargado de dirigir la causa abierta contra Leire Díez y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. Después de que la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción cayera en manos del magistrado Antonio Piña, cuyo juzgado estaba de guardia, y ordenara las detenciones y registros solicitados por el departamento dirigido por Alejandro Luzón, el asunto ha recaído en el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 después de que el asunto fuera a reparto, según confirman fuentes jurídicas.

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De esta forma, Pedraz pasará a dirigir una causa en la que se investiga un total de cinco contratos públicos, valorados en más de 113 millones de euros, de los que se habrían beneficiado la exmilitante socialista y el exdirectivo. Según la resolución dictada por el juez Piña este sábado, a la que ha tenido acceso El Independiente, Díez, Fernández y el socio de Santos Cerdán, Antxón Alonso, habrían hecho uso de sus contactos en la administración pública para beneficiar a empresas concretas a cambio de comisiones valoradas en 700.000 euros.

Los indicios recopilados apuntan a que los tres investigados, que operaban bajo el nombre de 'Hirurok' influido a través de la relación y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública en operaciones como el rescate por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la cual había sido presidida con anterioridad por Vicente Fernández, a la sociedad Tubos Reunidos S.A. por valor de 112,8 millones. Por esta operación, la UCO le atribuye 114.950 euros.

También se investiga, entre otros contratos, la adjudicación de un contrato público por parte de Mercada, empresa publica dependiente de la SEPI, en favor de Servinabar 2000 SL por un importe de 18.119 euros. Caba recordar que esta empresa ha sido vinculada a Santos Cerdán, y también contrató a Fernández tras su salida del ente dependiente de Hacienda.

Los indicios que maneja la Guardia Civil ponen de manifiesto que el grupo Hirurok también habría influido en cargos públicos de Sepides para que el Grupo Forestalia pudiera hacerse con una inversión de 17,32 millones de euros.

Según la resolución judicial emitida por el magistrado Piña los fondos percibidos en contraprestación de estas operativas fueron canalizados por los investigados a través de la sociedad Mediaciones Martínez, S.L. La mayor parte de estos fondos "fueron canalizados para efectuar inversiones inmobiliarias en Marbella y Jaca, presumiéndose actualmente como inversiones comunes y, por lo tanto, ligados a los tres investigados".

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