"Alegre y optimista", con "ganas de descansar". Así se mostraba el que fue presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero, cinco días antes de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le detuviera el pasado miércoles 10 de diciembre como parte de una investigación liderada por la Fiscalía Anticorrupción que le vinculada con posibles irregularidades en contratos públicos. 

A principios de este mes de diciembre Fernández quedó absuelto junto con otras 15 personas por otro proceso judicial vinculado al supuesto amaño del concurso de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), causa por la cual se juzgaba a empresarios y funcionarios por delitos de malversación, prevaricación administrativa, prevaricación ambiental, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios. 

Al saber que no había sido condenado, el expresidente de la SEPI compartió la sentencia absolutoria con varios empresarios. Tal y como ha podido comprobar El Independiente, Fernández Guerrero envió el veredicto mostrando su alegría por el "fin del calvario". Les invitó a verse "próximamente" no sin antes hacer cierto hincapié en el hecho de que el tribunal explicaba en la sentencia que se había tratado de una "acusación infundada".

Temeridad y mala fe 

Vicente Fernández mandó a varios contactos la sentencia completa en los días posteriores a su absolución, y pidió en reiteradas ocasiones a los receptores que leyeran con especial detenimiento “las páginas 204 y 205”. En la sentencia de 215 páginas que compartió con sus contactos y a la que ha tenido acceso El Independiente, en esas páginas el tribunal insta a las acusaciones particulares y popular a pagar las costas del juicio al considerar que “la temeridad y mala fe han de ser notorias y evidentes”, dato que el propio Fernández ha matizado en algunas de las conversaciones que mantuvo esos días para justificar su exculpación. 

Con esa decisión del tribunal entre manos y, tras explicar que se trataba de una absolución de una “acusación infundada”, Fernández animaba a sus contactos a verse de nuevo y a retomar el contacto.

Los días de libertad de procesos judiciales  

Las personas a las que escribió el expresidente de la SEPI y con las que ha hablado este diario coinciden en que se mostró "alegre y optimista" tras conocer el veredicto final, y que se encontraba con "ganas de descansar". Cinco días después, la UCO le detuvo en el marco de la investigación en la que también fueron arrestados Leire Díez, y el empresario Antxon Alonso, socio del exdirigente socialista Santos Cerdán. El sábado 13 de diciembre fueron puestos en libertad con medidas cautelares.

Fernández Guerrero se dio a conocer públicamente después de que María Jesús Montero lo impulsara como presidente de la SEPI, cargo que ocupó hasta 2019. Después de dejar este organismo público comenzó a trabajar para Servinabar, empresa vinculada a Santos Cerdán y que se encuentra bajo la lupa de la UCO en relación con el el 'caso Koldo'.

Cinco operaciones por 132 millones

El sábado 13 de diciembre Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández fueron puestos en libertad con medidas cautelares. El núcleo de la acusación judicial sostiene que ejercieron su influencia para manipular la adjudicación de al menos cinco contratos públicos, cuyo valor total ascendía a más de 132.955.664 euros. El proceso de investigación indica que los detenidos presuntamente recibieron comisiones a cambio de asegurar que dichos contratos fueran amañados en favor de ciertas partes, según el auto judicial al que ha tenido acceso El Independiente.

En ese mismo auto se les acusa de "haber orientado expedientes seguidos en la administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública". A cambio de orientar estos expedientes, cobraban comisiones a través de la empresa Mediaciones Martínez SL. La investigación explica que este grupo operó "al menos en el periodo comprendido entre 2021 y 2023".

Otra de las cuestiones que se está investigando tiene que ver con uno de los contratos encontrados, una adjudicación pública por parte de Mercasa, empresa dependiente de la SEPI, en favor de Servinabar por un importe de 18.119 euros. La empresa Servinabar, vinculada con Santos Cerdán que contrató a Vicente Fernández a su salida del ministerio de Hacienda.

Vicente Fernández y María Jesús Montero

Una de las cosas que hizo la ministra de Hacienda al llegar al cargo en junio de 2018 fue designar a Vicente Fernández para dirigir la SEPI, sociedad encargada de gestionar estratégicamente las participaciones estatales en empresas públicas como RTVE o Correos. Fernández dimitió de la dirección del conglomerado estatal en octubre de 2019 tras ser imputado en el caso Aznalcóllar, del que fue absuelto a principios de este mes.

Previamente, en la Junta de Andalucía, Fernández ocupó funciones clave bajo la influencia de Montero. Entre febrero de 2016 y junio de 2018, Montero, entonces consejera de Hacienda, lo nombró Interventor General de la Junta de Andalucía.

Anteriormente, entre 2012 y 2016, Fernández fue Secretario General de Innovación, Industria y Energía en la Junta de Andalucía, un periodo relevante porque su gestión en el procedimiento de adjudicación de la mina condujo a su posterior imputación en el caso Aznalcóllar.

Tras su dimisión del cargo de presidente de la SEPI en 2019, Vicente Fernández trabajó durante un año y medio en la empresa Servinabar, propiedad del que fuera secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y del empresario Anxton Alonso, que, según la UCO, está en el epicentro de una trama de mordidas en contratos públicos que investiga a Koldo García, Cerdán, y a José Luis Ábalos.