El último proceso de selección del Tribunal Único de Policía Local de la Junta de Extremadura, que ofrecía un total de 68 plazas este año, ha despertado preocupación entre los opositores por posibles irregularidades. Señalan al consejero de Presidencia e Interior, Abel Bautista, a quien acusan de haber designado a dedo a los cinco miembros del tribunal, cuando la Ley de Función Pública de Extremadura establece que deben ser elegidos por sorteo. Además, han recusado a uno de los miembros del tribunal, un inspector de policía, Jesús G. G.

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Así lo denuncia uno de los opositores, que se ha puesto en contacto con este periódico. Badajoz, el municipio que más plazas aportaba al proceso —22 de las 68, más del 30 % del total—, se sumó al tribunal en el último momento, tras haberse negado inicialmente a participar en el Tribunal Único. Dos de los miembros del tribunal son policías: una agente y el citado inspector, recientemente ascendido en Badajoz, quien, según la denuncia, mantiene vínculos profesionales y personales con preparadores de oposiciones y alumnos de la misma ciudad.

Por su parte, fuentes de la consejería aseguran que el nombramiento del tribunal se ha realizado conforme a la legislación y normativa vigentes, y que todos sus miembros reúnen los requisitos necesarios. Asimismo, sostienen que todas las recusaciones presentadas contra el inspector han sido respondidas y desestimadas al no concurrir las circunstancias legales de abstención o recusación.

En el escrito presentado ante el presidente del tribunal calificador se expone, en primer lugar, que el inspector tiene un interés personal o profesional indirecto en el resultado del proceso, dado que 22 de las plazas se destinan al ayuntamiento en el que ejerce funciones de mando.

Además, se señala que mantiene una relación “de servicio y amistad manifiesta” con dos oficiales de la Policía Local de Badajoz que dirigen academias privadas de preparación de oposiciones, ambas con un interés evidente en el éxito de sus alumnos, lo que encajaría en las causas de abstención por relación de servicio y posible amistad previstas en la ley.

Asimismo, el escrito recoge la existencia de mensajes previos que alertaban de calificaciones especialmente altas obtenidas por aspirantes vinculados al entorno del vocal o a dichas academias, si bien inicialmente no se promovió la recusación “por prudencia”. La situación cambió tras la realización de dos supuestos prácticos, cuya redacción se califica de “ambigua y capciosa”, al permitir múltiples respuestas defendibles y generar una fuerte controversia entre los opositores. Según la denuncia, muchos aspirantes sospechan que dichos supuestos fueron elaborados por el propio vocal recusado.

El denunciante explica que la segunda prueba, de carácter práctico, estuvo marcada por graves problemas: incluía preguntas ambiguas, algunas con varias respuestas correctas, otras sin ninguna válida y varias fuera de temario. Además, uno de los supuestos prácticos planteados contradice jurisprudencia del Tribunal Supremo, lo que lo haría imposible de resolver correctamente.

Estas circunstancias han influido en las calificaciones finales. Según la denuncia, opositores que habían obtenido notas medias en el test teórico lograron sobresalientes en la prueba práctica, mientras que otros con buenos resultados previos bajaron significativamente. La mayoría de los beneficiados estaría vinculada a la misma academia de preparación en Badajoz, dirigida por un amigo del inspector que forma parte del tribunal, lo que alimenta las sospechas sobre la imparcialidad del proceso.

El denunciante también subraya que la esposa del consejero de Interior, Gema María Cortés, es concejala de Policía Local en Badajoz, lo que, unido al nombramiento directo del tribunal por parte de Bautista y a los vínculos del inspector con preparadores locales, conforma un entramado de conexiones que es interpretado como un posible conflicto de intereses.

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