La gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024 vuelve a quedar en entredicho tras la comparecencia de los sindicatos policiales en el Senado el pasado jueves. El portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), David Gutiérrez, denunció ante la Comisión del Senado que investiga los hechos ocurridos en Valencia y su posterior actuación  “en los días más críticos” de la catástrofe, "se impidió un despliegue inmediato y masivo de la Policía Nacional" en las zonas afectadas.

“Rabiábamos de impotencia”

Gutiérrez trasladó a los senadores el sentimiento de frustración de cientos de agentes que estaban dispuestos a intervenir y no pudieron hacerlo. "Rabiábamos de impotencia", reconoció, añadiendo que desde el sindicato no entienden "Que no hubiera un despliegue inmediato y masivo". En su declaración subrayó la "falta de respuesta institucional" que contrastaba con la magnitud de la tragedia que se estaba viviendo sobre el terreno.

Para reforzar su denuncia, el portavoz de CEP proyectó un vídeo con testimonios de policías que expresaban su rabia por no haber podido acudir a la zona en los primeros días, cuando la ayuda era más urgente.

Silencio desde Interior

Según relató el portavoz, desde la Confederación se enviaron circulares al Ministerio del Interior alertando de la situación y ofreciendo colaboración. La respuesta, aseguró, fue inexistente. "De los mandos del Ministerio del Interior recibimos silencio", explicó, una ausencia de comunicación que llevó a muchos agentes a desplazarse fuera de servicio para ayudar como voluntarios.

El propio portavoz reconoció que esa decisión personal tuvo consecuencias para él, y destacó "el clima de descoordinación y falta de respaldo institucional" que tuvieron los compañeros que, de forma personal y sin el permiso del Ministerio, decidieron acudir a Valencia. 

“Falta de voluntad o de conocimiento”

La crítica de CEP se centró especialmente en la ausencia de un liderazgo operativo claro. Gutiérrez afirmó que la coordinación durante la emergencia “distaba mucho de ser óptima” y reclamó “un mando único, claro, que coordinase los recursos”, frente a lo que describió como una respuesta fragmentada y tardía.

En este sentido, defendió que en otras catástrofes el Ministerio del Interior ha desplegado efectivos sin necesidad de una orden previa del Cecopi, lo que, a su juicio, desmonta el argumento de que la falta de activación de este órgano impidiera actuar.

Más allá de los errores técnicos, el portavoz de la CEP fue explícito al señalar responsabilidades políticas. A su entender, lo ocurrido sólo puede explicarse por “falta de voluntad o de conocimiento”, aunque admitió que cuesta creer esta última opción, dado que “lo que sucedía era patente”, y concluyó dejado claro que “alguien no hizo bien su trabajo”.

Junto a la CEP, el sindicato Justicia Policial (JUPOL) reforzó ese relato de descoordinación y parálisis operativa. Su secretario general, Aarón Rivero, describió ante la comisión las primeras horas tras las riadas como un tiempo de “silencio absoluto”, en el que únicamente permanecieron activos los agentes que ya estaban de servicio.

Según explicó, no se autorizaron refuerzos ni esa noche ni en los días posteriores, pese a que numerosos policías se pusieron a disposición de sus mandos. “Aquí lo hicimos, pero nos dijeron que a casa, que ‘ya os llamaremos’”, relató, denunciando además que muchas de las órdenes fueron verbales y sin cobertura formal, lo que, según contó en la comisión del Senado, refleja una deficiente toma de decisiones en un momento crítico de la emergencia.