El pasado 10 de diciembre la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) detuvo a la exmilitante socialista, Leire Díez, al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández y al empresario Antxón Alonso. En las horas siguientes, agentes de la unidad se desplegaron a lo largo de distintos puntos de España para ejecutar una veintena de registros entre los que destacan tres inmuebles vinculados a la exconcejal del PSOE.

Los agentes registraron una casa en Cantabria, un piso en Leganés y el apartamento de una amiga ubicado en el barrio de Las Tablas en Madrid. Los investigadores se incautaron de diversa documentación, varias agendas personales e intervinieron dos teléfonos móviles, así como el contenido de su correo electrónico. Según informan a El Independiente fuentes del caso, los dispositivos incautados por la UCO contienen información sobre varias causas judiciales entre las que destaca el 'caso Aznalcóllar', por el que fue juzgado el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y del que finalmente salió absuelto.

Leire Díez tuvo un especial interés en el caso que conllevó la caída de Fernández al frente de la SEPI en 2019. El hombre de confianza de María Jesús Montero cesó en su cargo en la empresa pública después de ser imputado en una causa en la que se investigaba la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla).

Tanto era así que testigos presentes en algunas de las sesiones pudieron ver a la exmilitante del PSOE en la primera sesión del juicio. Fuentes del entorno de Díez aseguran que su interés por este caso, al igual que ha ocurrido en otros procesos judiciales, era como motivo de sus trabajos de investigación.

La documentación y los dispositivos incautados a la conocida como la 'fontanera' del PSOE también contienen información de algunos de los casos judiciales más sonados del último año. En concreto, Díez atesoraba información relativa a varios empresarios investigados en las causas de hidrocarburos dirigidas por la Audiencia Nacional y con las que ya se le había vinculado en el pasado.

Tal y como ha reconocido ella misma en varias de sus entrevistas en televisión, la investigada tenía en su poder información relativa al 'caso Villarejo'. Documentación que habría compartido, junto con el empresario Javier Pérez Dolset, con el PSOE. Díez reconoció ante el juez Arturo Zamarriego haberse reunido en Ferraz con Santos Cerdán y otros miembros del partido para entregarles documentación de las causas de Villarejo.

Contratos públicos por valor de 132 millones

La UCO analiza también diversa documentación intervenida en el resto de los registros en busca de pistas sobre la adjudicación de varios contratos por parte de varias empresas públicas dependientes del Ministerio de Hacienda. La Fiscalía Anticorrupción pone en foco sobre cinco expedientes vinculados a contratos públicos por valor de 132 millones de euros.

Los investigadores sospechan que el 'grupo Hirurok' formado por Díez, Fernández y Antxón Alonso, también investigado en el 'caso Koldo', se sirvió de varios "cargos públicos" para beneficiarse de la adjudicación a dedo de contratos concedidos por la SEPI, Mercasa, Sepides o Correos. Los agentes mantienen que los investigados se beneficiaron del cobro de comisiones ilegales por valor de 750.000 euros, canalizados a través de la sociedad Mediaciones Martínez SL.

En el caso de Díez, la UCO le atribuye la "asignación de al menos 21.500 euros", con ocasión de la venta de un vehículo, que siguió utilizando posteriormente. Esto se entiende como "una operativa para integrar fondos en su patrimonio encubriendo el origen de los mismos".

Los hechos investigados se sitúan entre los años 2021 y 2023. Por ello, desde el entorno de Díez entienden que el material incautado por la Guardia Civil está lejos del objeto de la investigación, pues parte de la documentación hallada en los registros responde a periodos posteriores, en concreto, desde el año 2024 hasta ahora.