El futuro de Álvaro García Ortiz aún es incierto. Tras ser condenado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general del Estado, el salmantino aún cuenta con una posibilidad de permanecer en la carrera y no perder su condición de fiscal.

PUBLICIDAD

El alto tribunal dictó el auto para ejecutar la sentencia condenatoria y dio traslado a la Inspección Fiscal para su conocimiento. Sobre este órgano dependiente de la Fiscalía General del Estado recaerá la primera de las decisiones sobre el futuro de García Ortiz. El departamento dirigido por María Antonia Sanz Gaite deberá emitir un informe en el que se valorará la sanción a imponer al ya condenado.

Si se considera una falta muy grave, García Ortiz podría ser expulsado de la carrera. Si, por el contrario, se entiende que los hechos deben derivar en una sanción más leve, esto puede conllevar la suspensión temporal de su labor como fiscal.

Cabe recordar que el departamento de Inspección Fiscal en cuyas manos ya obra la sentencia emitida por la Sala Segunda, fue el mismo departamento sobre el que recaía la responsabilidad de abrir un expediente de investigación tras la filtración de datos confidenciales del novio de Ayuso. El órgano dirigido por Sanz Gaite no abrió una investigación interna tras la publicación en prensa del correo del abogado de Alberto González Amador, lo que provocó múltiples críticas y un aviso por parte de los magistrados que enjuiciaron al exfiscal general.

La Sala calificó de "significativo" que desde cualquiera de las unidades orgánicas que forman parte de la estructura de la Fiscalía General del Estado, incluidas la Inspección, la Unidad de Apoyo o el Delegado de Protección de Datos, "no se activara expediente alguno con el fin de conocer el origen de la divulgación pública de dos correos electrónicos que formaban parte de un expediente oficial".

La jefa de Inspección Fiscal declaró como testigo en el juicio contra García Ortiz. A preguntas de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), defendió que su departamento fue el primero en incoar el primer expediente tras las denuncias presentadas por Manos Limpias y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y que no se avanzó en las pesquisas, ya que coincidió en el tiempo con la apertura de una causa judicial en el TSJ de Madrid. Su postura fue criticada por las acusaciones al considerar que debía haberse iniciado una investigación interna con anterioridad.

Tras haber tenido un papel importante en el juicio contra el salmantino, el departamento dirigido por Sanz Gaite será crucial para determinar el futuro de García Ortiz. La Inspección Fiscal deberá elevar a la Fiscalía General del Estado un informe que servirá de antecedente para la decisión final adoptada por Teresa Peramato, que deberá escuchar previamente la postura del Consejo Fiscal.

Fuentes consultadas por El Independiente destacan que Sanz Gaite tiene un perfil cercano a García Ortiz y a su antecesora en el cargo, Dolores Delgado. Fue la exministra de Justicia quien la nombró como jefa del departamento dependiente de la FGE. Con todos estos factores sobre la mesa, las mismas fuentes entienden que la resolución de la Fiscalía General podría ser favorable a su antiguo jefe.

La sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo no extiende la condena de inhabilitación a su condición de fiscal. El Reglamento de la Fiscalía y Estatuto Fiscal marcarán su futuro.

El artículo 44 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) establece estarán "incapacitados para el ejercicio de funciones fiscales los que hayan sido condenados por delito doloso, mientras no hayan obtenido la rehabilitación".

Asimismo, el artículo 32.1 del Reglamento de la Fiscalía recoge que se pierde la condición de fiscal cuando se impone la pena principal o accesoria de la inhabilitación para un cargo público o la condena por delito doloso. No obstante, esto no omite la facultad que concede el artículo 44.2.º del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal a la persona titular de la Fiscalía General del Estado para sustituir la pérdida de condición de fiscal por la sanción de suspensión en los casos en que la pena no fuera superior a 6 meses.

Por ello, tras pasar el escrutinio de la Inspección Fiscal, la última palabra será de Teresa Peramato, que para tomar una decisión tendrá que escuchar previamente al Consejo Fiscal. Tras ello, la Fiscalía General deberá informar al Ministerio de Justicia.

PUBLICIDAD