El año nuevo arranca con la última fase de implementación de la ley de eficiencia de la Justicia concluida. La puesta en funcionamiento desde el pasado 31 de diciembre de cien nuevos tribunales de instancia en los grandes partidos judiciales de Madrid, Barcelona, Zaragoza o Valladolid, llega entre el "desconcierto" y la incertidumbre" de los profesionales a los que afectará de primera mano la norma aprobada por el Gobierno.

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La norma impulsada por Félix Bolaños empezó a dar sus primeros pasos el pasado 1 de julio, fecha en la que entró en vigor en algunos juzgados de la región, provocando un "auténtico caos" en varias dependencias judiciales. Así lo describen diferentes sindicatos y asociaciones judiciales que llevan desde entonces pidiendo al Ministerio más medios para evitar los problemas que se produjeron en las primeras fases de implementación.

La puesta en marcha de los tribunales de instancia en partidos judiciales más pequeños que los que se verán afectados en este nuevo año provocó la acumulación de expedientes administrativos y el colapso de varias dependencias judiciales durante las primeras semanas como consecuencia de la "falta de previsión" y de personal. Ahora, con la puesta en marcha de la tercera y última fase de la conocida como 'ley Bolaños', el colapso puede ser aún mayor, ya que supone la transformación de la planta judicial mediante la integración de todos los juzgados unipersonales y de primera instancia en una única organización en cada partido judicial

De esta manera, concluye la transformación de la planta judicial, objetivo principal de la norma impulsada por el Ministerio de Justicia, que buscaba integrar todos los juzgados unipersonales y de primera instancia en una única organización. Ahora, es el turno de los partidos judiciales más grandes, alcanzando así a 431 tribunales en toda España.

Una implantación de los tribunales de instancia "más pausada"

La implementación de esta última fase ha recibido diversas críticas por parte de sindicatos y asociaciones judiciales que consideran que no se cuenta ni con los medios ni con la información suficientes. Desde CSIF transmiten el "cabreo del personal" de los profesionales afectados en los juzgados de todo el país.

El sindicato insiste en que la implantación de la tercera fase de la ley de eficiencia llega con poco tiempo de preparación, lo que supone un gran problema para las plantillas en las administraciones gestoras que "apenas pueden compaginar el trabajo ordinario con este proceso de cambio de modelo organizativo". Sostienen que un cambio de este calado necesita hacerse de forma "más pausada"; por ello, se propuso la necesidad de implantar los tribunales de instancia en un periodo de dos o tres años.

Desde CCOO también se han liderado varias manifestaciones desde que la norma entrara en vigor. Denuncian "la falta de rigor" del Ministerio al asegurar que está todo listo para la última fase.

Falta de protocolos claros e información tardía

Por su parte, desde CSIF Madrid denuncian la falta de protocolos de actuación, ya que los que se han publicado, hace escasos días, "plantean problemas de aplicación práctica". En este sentido, insisten en que el tiempo es insuficiente y en la falta de medios personales.

Desde las asociaciones judiciales se critica la falta de claridad en el reparto de competencias. Sobre ello, la Asociación Profesional de la Magistratura (AMP) presentó una serie de conclusiones en su XXVII Congreso Nacional en las que se alertaba del "desequilibrio entre responsabilidades y retribuciones", asumiendo que los complementos retributivos siguen siendo insuficientes para el volumen y la complejidad de las funciones que atribuye la norma impulsada por los socialistas.

Desde Justicia presumen de los resultados de la implementación de las dos primeras fases. Según datos del Ministerio, la norma ha logrado reducir los actos de comunicación pendientes en un 36% de media en las comunidades analizadas y ha supuesto la agilización de las ejecuciones de sentencias, con reducciones de las ejecutorias pendientes entre un 30% y un 69%.

Pese a estos datos, asociaciones como la Asociación Judicial Francisco de Vitoria critican el discurso triunfalista" de Bolaños y afirman que se ha producido un "ninguneo" hacia los operadores jurídicos. En un comunicado publicado el pasado 22 de diciembre, la portavoz de AJFV lamentaba que el Ministerio mantuviese el calendario previsto "desoyendo a quienes piden una evaluación seria y más recursos".

En total, 55 decanatos y la Audiencia Nacional pidieron que se aplazara la implementación de la última fase.

Desde el Consejo General del Poder Judicial se ha estado insistiendo en este asunto hasta última hora ante el Ministerio de Justicia. La Comisión Permanente del CGPJ acordó solicitar hace unas semanas al departamento dirigido por Félix Bolaños y a las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia adoptar medidas de carácter urgente para evitar las "carencias detectadas".

Consecuencias de la entrada en vigor

Tras esta petición, el ministro convocó el pasado 22 de diciembre la Conferencia Sectorial de Justicia para reunirse con las comunidades autónomas con las competencias transferidas con el fin de valorar la constitución de los tribunales de instancia en la última fase. En dicha reunión se acordó por unanimidad que las oficinas judiciales que darán apoyo técnico a todos los tribunales de instancia de las grandes ciudades entrarán en funcionamiento a partir del 31 de diciembre, salvo en Oviedo, Gijón y Avilés, que lo harán el 15 de febrero.

El Ministerio y las comunidades autónomas también acordaron dotar de cierta flexibilidad a todos los partidos judiciales de tal manera que la entrada en funcionamiento de los equipos que lo requieran se realizará de forma progresiva.

Las fuentes consultadas valoran positivamente estos ajustes, aunque avisan que la falta de previsión provocó en fases anteriores un "auténtico descontrol" en algunos de los juzgados a la hora de hacer la mudanza de unas dependencias judiciales a otras, lo que provocó el amontonamiento de cientos de expedientes que, durante las primeras semanas, permanecieron apilados, incluso, en el suelo de los despachos. Un arduo y complejo trabajo con el que los funcionarios se vieron desbordados ante la falta de personal y de instrucciones claras.

Además, la falta de coordinación entre las distintas administraciones influyó directamente en el trabajo de los funcionarios que cuando la norma entró en vigor, no sabían cosas esenciales como quiénes eran sus jefes o cuáles eran las dependencias de trabajo.

Por el momento, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, publicó el pasado 2 de enero en su cuenta de X que la implantación de la última fase se estaba desarrollando con "normalidad absoluta en el estreno de los tribunales de instancia". Ahora, queda esperar para ver los resultados de la puesta en marcha una vez que termine el periodo de vacaciones de Navidad y los tribunales de instancia empiecen a funcionar a pleno rendimiento.

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