La detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos ha sacudido al mundo. Mientras Donald Trump saca pecho del poder militar que tiene a su disposición y juega a dos bandas con Delcy Rodríguez y María Corina Machado, las víctimas del régimen venezolano piden justicia y reclaman que Maduro sea juzgado por los incontables crímenes que ha cometido, no sólo por narcotráfico.

El prisionero de Estados Unidos, a diferencia de Vladimir Putin o Benjamín Netanyahu, no ha visto recaer sobre él una orden de detención por parte de la Corte Penal Internacional (CPI), un factor que, como explica a El Independiente el expresidente del Colegio de Abogados Penal Internacional, Blas Jesús Imbroda, hay que achacar a la Fiscalía del órgano, no a la Corte en sí. La CPI nació en 2002 con el objetivo de evitar actuaciones unilaterales y dotar de legitimidad a la justicia penal internacional, una Corte de la que, como subraya Imbroda, deberían formar parte todos los países del mundo.

Tras la captura de Maduro, una de las cuestiones más planteadas ha sido la falta de mecanismos internacionales para actuar contra el régimen durante estos años. ¿A qué achaca esa falta?

La comunidad internacional tendría que hacer una reflexión para valorar si las organizaciones internacionales tienen fuerza y capacidad para poder llevar a cabo una intervención que lleve a los tribunales a criminales de la magnitud de Maduro. Desde las Naciones Unidas, con el Consejo de Seguridad y el sistema de vetos, en el que hay estados que van a vetar cualquier acuerdo que vaya dirigido contra determinadas personas o tiranos, sería necesario reflexionar y ver qué hay que revisar para que las organizaciones internacionales tengan fuerza y puedan actuar frente a personas que están violando sistemáticamente los derechos humanos, que tienen a los pueblos sojuzgados bajo una tiranía, que están asesinando, deteniendo y cometiendo crímenes de lesa humanidad. El derecho internacional tendría que tener instrumentos para que hubiera una respuesta eficaz.

¿Qué papel debería desempeñar la Corte Penal Internacional frente a este tipo de regímenes?

Estoy convencido de que el papel fundamental frente a este tipo de personas lo tiene que tener la CPI. La justicia penal internacional debe tener el protagonismo frente a los crímenes más execrables que afectan al mundo como los crímenes de lesa humanidad. Debe ser esta la que dé respuesta. La CPI tiene fuerza, tiene mecanismos, pero siempre en manos de los estados. No tiene una fuerza policial propia: todo deriva de la cooperación entre ellos. Ahora hay 125 estados miembros, aunque deberían ser todos, incluido Estados Unidos, que no apoya la CPI.

Una anomalía del sistema es que grandes potencias como EEUU, Rusia o China no son estados parte. Las actuales tiranías tampoco lo son. Venezuela sí, porque viene de antes, pero, por ejemplo, Corea del Norte o Irán no.

¿Cómo es posible que la Corte sí investigue actuaciones de un Estado que no es parte, como Israel?

Porque Gaza forma parte del territorio de la Autoridad Palestina, que sí es Estado parte. Por tanto, todo lo que Israel haya hecho en Gaza contra los palestinos puede ser objeto de investigación y, en su caso, de enjuiciamiento en la Corte Penal Internacional.

¿Considera que el caso de Venezuela debería haber sido prioritario para la CPI?

El caso de Venezuela debería ser un caso paradigmático, aunque lamentablemente no ha sido así por la lentitud de la Fiscalía. Primero, porque es Estado parte. Después, porque se están cometiendo crímenes de lesa humanidad que son competencia de la CPI, que, a diferencia del genocidio o los crímenes de guerra, consisten en un ataque generalizado y sistemático contra la población civil desde los aparatos del poder, contra la oposición o contra todo aquel que pueda constituir un peligro para el poder.

Ha habido muchísimos asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y represiones terribles. También detenciones arbitrarias, con personas que llevan años en una celda sin procedimientos judiciales, torturas sistemáticas y persecuciones. Todo esto se ha producido en Venezuela. Maduro convirtió el régimen en una tiranía. Millones de personas han tenido que salir del país; otros siguen presos. Este caso es paradigmático porque concurren todos y cada uno de los elementos.

¿Venezuela ha alegado algo en su defensa?

La defensa que hizo Venezuela ante la CPI fue decir que ellos ya estaban juzgando e investigando, lo cual es mentira. No es real, porque el primero que se tendría que investigar es el propio Maduro. En Venezuela no hay Estado de derecho como tal, ni jueces independientes. Hay impunidad para todas las personas del régimen. En consecuencia, la CPI debería haber tramitado una solicitud de orden de detención internacional contra Maduro, que tendría que estar sentado en el banquillo de la Corte.

Como en principio va a ser juzgado por narcotráfico, ¿cree que en algún momento se le podrá juzgar por estos crímenes o dependerá de cómo vaya todo en Estados Unidos?

El procedimiento de Venezuela, que sigue sustanciando en la Fiscalía de la CPI, debe continuar. Nada tiene que ver lo que se investiga aquí con lo que está juzgando Estados Unidos. También es necesario que el fiscal determine las personas que considera responsables de estos crímenes y, en consecuencia, presente cargos. Una de esas personas es Maduro. Si lo hace, que debería, es en ese momento cuando puede solicitar a la Sala que adopte medidas de detención.

Si finalmente se dictara una orden contra Maduro, la CPI debería solicitar que fuera conducido a sus dependencias para ser juzgado y responder por los crímenes de lesa humanidad. Es una situación compleja, absolutamente nueva. No sabemos si la Fiscalía va a pedir la orden, pero, si no lo hace, se equivocaría, porque el máximo responsable de los crímenes de lesa humanidad es él.

¿Puede poner algún ejemplo positivo en el que la CPI haya sido efectiva y haya actuado con rapidez?

Hay procedimientos que han dado resultado. Es una Corte nueva, que funciona desde 2002; no son muchos años para un tribunal de estas características. Los procedimientos son sumamente complejos. Ha habido condenas. Recientemente se está sustanciando un procedimiento contra quien fue presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. Está detenido a disposición de la CPI. Es un procedimiento que se está llevando con gran acierto profesional y de forma muy correcta. Ha habido otras sentencias condenatorias y también alguna absolutoria.

El proceso contra Venezuela lleva abierto desde 2018. ¿Por qué se ha actuado con tanta lentitud?

Empezó en febrero de 2018. Han pasado ocho años, y ha durado demasiado. Soy consciente de la complejidad de los procedimientos penales ante la Corte, pero este tenía que haber tenido más agilidad y celeridad, y no durar el tiempo que está durando. En contraste, en el caso de Israel y Palestina y en la agresión de Rusia a Ucrania, en un año la CPI había dictado órdenes de detención internacional contra Netanyahu y los líderes de Hamás, y en el otro contra Putin y otras personas de Rusia. Ahí se actuó muy bien. Pero contra Maduro no hay nada ocho años después.

¿A qué atribuye esa diferencia de trato?

La Fiscalía no ha actuado correctamente. Podía y debía haberlo hecho antes. Tiene pruebas sobre los crímenes de lesa humanidad; se han facilitado numerosos testimonios y pruebas de distinta índole que los acreditan. Además, si se consultan los informes de los organismos internacionales y las misiones creadas al amparo de Naciones Unidas para investigar y emitir informes sobre la situación de violaciones de derechos humanos, que están todos publicados, se han denunciado barbaridades y situaciones terribles.

Muchas organizaciones y ONG no han dejado de exponer situaciones graves por parte del régimen. Con todo esto, hace tiempo que se tendría que haber emitido una orden de detención. Mi crítica es a la Fiscalía, no a la Corte. Todo está en sus manos. La Sala de Cuestiones Preliminares no puede hacer nada si el fiscal no presenta cargos y pide la orden de detención internacional.

¿Naciones Unidas no puede actuar directamente en un caso así?

La CPI no es un órgano de Naciones Unidas. Forma parte del sistema, pero es un órgano independiente. El órgano central de la Corte es la Asamblea de Estados Parte de la Corte: los 125 Estados, con sus respectivas delegaciones, que se reúnen anualmente en La Haya. Es ahí donde se debate y, en su caso, se aprueba si hay que modificar alguno de los artículos del Estatuto de Roma. La Asamblea es el órgano que sostiene la CPI, pero no puede intervenir en los procedimientos judiciales.

Se ha argumentado que, si para que exista derecho internacional éste tiene que ser reconocido por ambas partes y Venezuela ignora ese marco, un Estado puede tomarse la justicia por su cuenta. ¿La idea última de la CPI es precisamente evitar este tipo de actuaciones?

Para el derecho internacional no es aceptable que un Estado, mediante la fuerza, entre en otro país y proceda a la detención de una persona de forma unilateral. Otra cosa es que hubiera un acuerdo a través de Naciones Unidas, como ha ocurrido en otros momentos. Sin embargo, para Estados Unidos sí es admisible, porque consideran que sus leyes penales son extraterritoriales para juzgar determinados delitos graves que afectan a la seguridad nacional o ponen en riesgo los intereses del país, como el terrorismo o el tráfico de drogas. Esa detención por la fuerza no se considera ilegal para el derecho estadounidense: aceptan que el medio utilizado no es determinante, sino la finalidad.