La investigación judicial del terrible accidente ferroviario de Adamuz, que provocó la muerte de 45 personas y dejó 126 heridos, se ha sumado al ya frondoso panorama mediático de las grandes causas judiciales abiertas en España. Hasta ahora, las pesquisas han estado dirigidas desde el Tribunal de Instancia de Montoro 2 por la juez María del Carmen Troyano, sustituta interina a la que le correspondió el caso al ser el órgano judicial que se encontraba de guardia en el momento del siniestro.

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Esta situación cambiará el próximo 9 de febrero, cuando las juezas titulares de las plazas 1 y 2 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, María del Carmen Blanque y Cristina Pastor, que acaban de salir de la Escuela Judicial, se incorporen a su destino. Ambas compartirán la instrucción de la causa, si bien la titularidad oficial del procedimiento recaerá en Pastor.

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El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, anunció que ha solicitado autorización para que la causa sea instruida por dos magistradas. Además, un juez de refuerzo se incorporará próximamente a la plaza 2 para asumir la actividad ordinaria del juzgado y colaborar en la tramitación de este procedimiento. Del Río explicó que, al tratarse de un Tribunal colegiado de Instancia, se permite que dos jueces colaboren en una misma causa.

A este refuerzo judicial se suma el apoyo de un nuevo letrado de la Administración de Justicia y de otras dos funcionarias que se incorporaron la semana pasada. Asimismo, tres fiscales de la Fiscalía Provincial de Córdoba investigarán las circunstancias del accidente ferroviario. El fiscal jefe cordobés, Fernando Sobrón, reconoció que se prevé una investigación "compleja" y que se reforzará el equipo con más fiscales si fuera necesario conforme avancen las pesquisas.

En los mismos términos se expresó Del Río, quien subrayó que se trata de una instrucción difícil y de carácter eminentemente técnico. En caso de que se confirme que una negligencia provocó el descarrilamiento del tren Iryo, que posteriormente colisionó con el Alvia que circulaba por la vía contigua, los responsables podrían enfrentarse a una imputación por 45 homicidios imprudentes, castigados cada uno de ellos con penas de hasta cuatro años de prisión.

Por el momento, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha determinado que la causa más probable del siniestro fue la rotura del carril derecho de la vía, lo que provocó el descarrilamiento de los tres últimos vagones del Iryo. Este lunes, el presidente del organismo pidió explicaciones a Adif para que aclare por qué se renovaron "unos tramos sí y otros no".

No obstante, el hecho de que sean dos juezas recién incorporadas a la carrera judicial las que asuman la investigación de la catástrofe no implica que la instrucción vaya a ser de menor calidad que si hubiera recaído en un magistrado más veterano. Fuentes jurídicas explican a El Independiente que, tras superar las oposiciones, los jueces pasan más de dos años en la Escuela Judicial.

El periodo de formación incluye una primera fase de enseñanza teórico-práctica en la sede de la Escuela, en Barcelona, y una segunda en la que los alumnos son destinados como jueces adjuntos a juzgados de Primera Instancia e Instrucción de todo el territorio nacional, donde realizan prácticas jurisdiccionales bajo la supervisión de un tutor y con plena jurisdicción.

Además, las juezas contarán con el apoyo de los letrados de la Administración de Justicia, funcionarios y fiscales. Las mismas fuentes recuerdan que son muy pocos los magistrados que han investigado grandes catástrofes, ya que este tipo de causas no son habituales. En estos momentos, ya se ha presentado más de una decena de denuncias y al menos siete partes se han personado en el procedimiento.

Destacan también que en la Escuela Judicial se profundiza específicamente en la gestión de procedimientos derivados de grandes tragedias, con documentación y el testimonio de jueces que sí han instruido causas de este tipo, por lo que su formación en esta materia es, en muchos casos, más reciente que la de otros magistrados.

Por otro lado, la tragedia ferroviaria no será la primera causa mediática a la que tenga que hacer frente Cristina Pastor, que en los últimos meses ha estado dirigiendo el Tribunal de Instancia de Loja, en Granada. Este verano, los abogados de Juana Rivas enviaron a los juzgados una petición, firmada por el hijo mayor de Rivas, Gabriel, para que la Justicia española protegiera a su hermano pequeño de su padre e interpusiera una orden de alejamiento. Pastor negó la petición.