El Tribunal Constitucional ha acordado mantener la orden de detención impuesta por el Tribunal Supremo contra Carles Puigdemont, Antoni Comín y Lluís Puig. El órgano de garantías esperará a decidir sobre los recursos de amparo presentados por los líderes del 'procés'.

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En el caso de Puigdemont, el tribunal ha respaldado la ponencia elaborada por la magistrada Laura Díez que descartaba acceder a la petición del líder de Junts. La magistrada señalaba en su ponencia que acordar el levantamiento de la medida cautelar supondría adelantar la resolución sobre el recurso de amparo presentado por el expresidente de la Generalitat. Asimismo, levantar la orden acordada porel magistrado del Supremo, Pablo Llarena, conllevaría además "interferir" en la labor jurisdiccional del alto tribunal.

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La defensa de Puigdemont alegó en el escrito presentado ante el órgano de garantías que levantar la euroorden que pesa sobre su cliente "resulta no sólo procedente, sino imprescindible para garantizar la efectividad del recurso de amparo interpuesto". El abogado Gonzalo Boye sostiene que la ley de amnistía aprobada por el Congreso de los Diputados "puede verse gravemente comprometida si se permite la detención de una de las figuras más emblemáticas del proceso de negociación política y jurídica en Cataluña".

El recurso de amparo insiste también en que se ha vulnerado el derecho al juez ordinario predeterminado, su derecho de libertad persona y el de participación políticas en condiciones de igualdad.

El Tribunal Constitucional rechazó también el pasado mes de diciembre la petición de Oriol Junqueras, Raul Romeva, Dolors Bassa y Jordi Rurul de suspender de manera cautelar sus penas de inhabilitación. Al igual que en el caso de Puigdemont, no se abordará este asunto hasta que no se resuelvan los recuso de amparo.

El órgano de garantías permanece a la espera de la resolución el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las cuestiones prejudiciales elevadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional.

Según fuentes del órgano presidido por Cándido Conde Pumpido, el tribunal no resolverá sobre ninguna de estas cuestiones hasta no conocer el veredicto de la justicia europea. El fallo de Luxemburgo será clave para determinar si la ley de amnistía impulsada por el Gobierno servirá para traer de vuelta a Puigdemont a España.

El pasado mes de noviembre se dio a conocer las conclusiones del abogado general del TJUE sobre la norma, en las que consideraba que esta no choca con los intereses financieros de la UE. En consecuencia, el consejero jurídico de la corte de Luxemburgo pidió al tribunal europeo que no se oponga a la aplicación de la norma.

Las conclusiones del abogado general sientan un importante precedente a seguir por el TJUE, que se espera que decida sobre la amnistía el próximo mes de febrero. Aunque sus conclusiones no son vinculantes sí son el primer paso para conocer el sentir de la Justicia europea sobre la norma impulsada por los socialistas para conseguir el sí de los de Puigdemont a la investidura de Pedro Sánchez. El consejero jurídico defendió en sus conclusiones que la ley de amnistía no afecta a los intereses financieros de la UE y que tampoco contraviene la directiva comunitaria sobre los delitos de terrorismo.