El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido el decreto ómnibus que, junto a medidas del llamado 'escudo' social, incluye la revalorización de las pensiones para este 2026. Como hace un año, el Gobierno vuelve a presentar en el Congreso dicha revalorización, que cuenta con un amplio consenso, con otras propuestas ni PP ni Junts secundan, a sabiendas de su voto negativo. Significa que, como en 2025, el Ejecutivo deberá volver a traer un reglamento específico, aunque entre medias, podrá acusar al primer partido de la oposición de no querer elevar un 2,7 por ciento las pensiones de más de seis millones de jubilados que hay en el país.

PUBLICIDAD

Pero no sólo PP, Vox o UPN rechazan el decreto. Buena parte del foco estaba puesto en la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, quien ya había anunciado el voto en contra de la derecha independentista y, por tanto el fracaso del decreto. Fiel a su estilo, se ha apartado del objeto del debate para calificar de "colapso absoluto" la situación de Cataluña, arremeter contra el gobierno de Salvador Illa y acusar a ERC, sin citarlo expresamente, de conformarse "con la primera migaja" y "blanquear" al Gobierno. En su habitual discurso victimista se ha quejado de que "pagamos impuestos de primera y nos dan servicios de tercera. No llegan a educación, a sanidad, a vivienda ni a los trenes" y esos impuestos "se quedan en Madrid".

PUBLICIDAD

No hay suficiente propaganda para tapar tanta incompetencia", denuncia Nogueras

Con el telón de fondo del escándalo de las Rodalíes, ha defendido que "nunca como hasta ahora el Gobierno y el govern habían invertido tanto dinero en propaganda y anuncios, en hacer creer que los socialistas saben gobernar. No hay suficiente propaganda para tapar tanta incompetencia". Cataluña "no funciona" en manos de los tripartitos socialistas y ha llegado a afirmar que "cuando dependemos de España, no funcionamos, cuando no dependemos de España, funcionamos". Ha resumido la posición de su Grupo con un "pensiones, sí, okupaciones, no", para concluir que su jefe de filas, Carles Puigdemont, "lidera más desde el exilio que algunos desde el Palau y es evidente que hace falta liderazgo". Y aunque la votación no se producirá hasta primera hora de la tarde, Junts ya la ha sentenciado.

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda y Transportes del PP, ha tomado la palabra en este debate acusando a Moncloa de tomar como rehenes a los pensionistas y ha pedido a Bolaños que traiga un decreto sobre la revalorización. De nuevo, la prórroga de los alquileres que contiene el decreto ha sido el gran caballo de batalla para los populares, que se han reafirmado en su rechazo al texto.

Bolaños afirma que votar contra el decreto "es hacer daño a millones de ciudadanos que les votaron"

Por su parte, el ministro ha defendido que "este real decreto-ley mantiene un compromiso con una sociedad más justa y cohesionada que protege a las personas más necesitadas y responde a problemas reales que están en la calle", ha apelado el ministro de la Presidencia. El rechazo a este decreto, "hace daño a pensionistas, personas que no pueden pagar el agua o la luz, a desempleados, víctimas de la dana y afectados por los incendios. Así de sencillo y claro, es hacer daño a millones de ciudadanos que les votaron".

Incluso entre aquellos grupos que apoyan el decreto, no ha dejado de haber críticas. Llamativo ha sido el órdago del PNV, anunciando que en caso de que el Gobierno vuelva a traer el mismo decreto una vez que éste nos prospere, no contará con el apoyo de los nacionalistas vascos si antes no se negocia. El PNV ha criticado cómo se ha gestado el decreto y también la prórroga de los alquileres. "Cuando nos piden que sigamos prorrogando medidas excepcionales o estamos en emergencia permanentemente o el contexto (económico) ha cambiado", ha dicho la portavoz Idoia Sagastizabal, al tiempo que ha destacado que "también existe vulnerabilidad entre pequeños propietarios". "Ya vale de vender como un triunfo aprobar prórroga tras prórroga".

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, le ha pedido que "deje la política de titulares y haga algo para garantizar la vivienda". Bildu entiende que si durante cinco años ha sido necesario aprobar medidas excepcionales, paliativas, quizá haya que "pasar a medidas quirúrgicas y estructurales", según ha dicho Óscar Matute.