La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este miércoles que la intención del Gobierno de la nación de regularizar a migrantes generará "graves dificultades" para gestionar servicios públicos, en una decisión que se lleva a cabo por "fines electoralistas".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno desde San Sebastián de los Reyes, la presidenta regional ha expresado que esta decisión tiene "miras cortoplacistas" y es "electoralismo, politiqueo barato, fanatismo e ilegalidad".

Considera que se trata de una "absoluta ocurrencia" del Gobierno de Pedro Sánchez, que no sabe "ni siquiera hablar de las cifras" y que lo utiliza como "una auténtica cortina de humo".

"Estamos hablando de vidas y por eso consideramos que no hay derecho a tratarlo de esta manera", ha aseverado Ayuso, quien ha criticado que este proceso no pase por las Cortes y no se vincule al mercado de trabajo.

Además, ha apuntado que esto va a redundar en un "sobrecoste" para la Administración porque ahora se van a añadir "otras prestaciones" a personas que ya se les atendía en los servicios de Urgencias o en la Educación Obligatoria, a la vez que ha cargado contra un Ejecutivo nacional que da cifras "a vuelapluma"

"El Gobierno no sabe ni las cifras de las que habla porque opera sin el más mínimo rigor. Porque estamos hablando, por ejemplo, de residencias de ancianos, acceso a la dependencia, vivienda pública...", ha subrayado la dirigente madrileña, quien ha indicado que el Gobierno no sabe "ni siquiera gestionar lo que propone".

"Alterar el censo electoral"

Ve en esta decisión de regularizar a migrantes una "trampa para provocar" ya que "puede alterar el censo electoral", además de preguntarse "qué dice Junts" de esto, ya que solo se ha negociado con Podemos. "No opinan nada porque no creen en nada. Son una mafia y una corrupción a manos llenas. Lo único que hace es entre ellos darse los favores", ha censurado.

A ello, ha añadido que este proceso de regularización es además "profundamente injusto" con las personas que ya llevan tiempo en España, trabajando y cumpliendo las leyes, y que va "contra la labor de policías y de jueces".

Sobre su postura, ha resaltado que en la Comunidad de Madrid no están a favor "de las regularizaciones masivas" pero tampoco "de las expulsiones masivas" porque "nada exaltado lleva a ningún buen puerto" sino que es "demagogia".

"Tenemos a un Gobierno que pretende comprar a las víctimas de los trenes, a los jubilados, a los que, por cierto, da por desinformados, considera que como son mayores no tienen rigor, no tienen criterio, a los okupas, a los inquiokupas y a la inmigración ilegal. Eso es lo único que hacen", ha reprochado la presidenta madrileña.