La Policía Nacional ha logrado desarticular una de las mayores estructuras de narcotráfico marítimo que operaban entre Sudamérica y el sur de España, una organización especializada en el uso de narcolanchas de alta velocidad y con una logística diseñada para introducir grandes cantidades de cocaína por la costa andaluza.
La operación, desarrollada en varias fases y con apoyo de Europol y otras agencias internacionales, se ha saldado con 105 detenidos, 49 registros y la incautación de más de 10.400 kilos de cocaína, 30 embarcaciones, 70 vehículos, seis inmuebles, armas de fuego, más de 800.000 euros en efectivo, múltiples cuentas bancarias, y abundante material tecnológico y náutico empleado para las travesías marítimas valorado en más de 2.5 millones de euros, enmarcado en la operación Sombra Negra.
Según explican fuentes policiales implicadas en la investigación a El Independiente, la organización funcionaba con un sistema estable y jerarquizado. “Funcionaban como una empresa”, resumen. Cada miembro tenía un rol definido y necesario para que las narcolanchas pudieran operar de forma repetida, realizando travesías de largo recorrido y asegurando la llegada de grandes partidas de droga.
La investigación puso el foco en lo que la Policía denomina “infraestructura marítima avanzada”. No se trataba solo de interceptar una embarcación o un alijo concreto, sino de identificar a todas las personas que hacían posible que una lancha saliera al mar y regresara cargada con los estupefacientes. “Cuando hablamos de estructura avanzada es porque hemos intentado desarticular todos los eslabones”, explican. En algunos casos, las evidencias permitieron vincular embarcaciones concretas con alijos de “3.000 o 4.000 kilos” de cocaína.
600 millas mar adentro
La droga partía de América Latina y entraba en Europa a través de diversas rutas marítimas. Según el análisis de Europol y lo detectado durante la investigación, las organizaciones utilizaban buques nodriza que realizaban travesías oceánicas y efectuaban transferencias en alta mar a embarcaciones más pequeñas. En otros casos, las narcolanchas asumían directamente el transporte hasta la Península Ibérica, evitando los grandes puertos comerciales y reduciendo la exposición a controles aduaneros.
Las operaciones en alta mar eran una de las fases más sensibles de la trama. Las transferencias se realizaban lejos de la costa, en puntos previamente acordados, y requerían una coordinación precisa. “Salir 600 millas al mar no es algo casual”, explican fuentes policiales, que subrayan la necesidad de plataformas de apoyo, suministro de combustible y una planificación previa para garantizar que la lancha pudiera completar el trayecto.
Lejos de limitarse a recogidas puntuales de alijos, la organización había convertido el Atlántico en una auténtica base de operaciones flotante. Los investigadores constataron la creación de verdaderas plataformas acuáticas en las que podían permanecer embarcados durante semanas, llegando incluso a pasar más de un mes en alta mar mientras realizaban varias operaciones sucesivas. En esos puntos se organizaban relevos de tripulación directamente sobre el agua y se abastecía a las embarcaciones de todo lo necesario para continuar la actividad como combustible, víveres, ropa y equipos de comunicación, trasladados por barcos de menor tamaño desde tierra o desde posiciones intermedias.
100.000 litros de gasolina para no pisar puertos
La infraestructura incluía además centros propios de almacenaje de gasolina, con consumos que superaban los 100.000 litros, lo que permitía a las narcolanchas cubrir largas distancias sin necesidad de tocar ningún puerto. Este sistema hacía posible que la cocaína procedente de Colombia y Brasil llegara a Europa tras ser trasvasada desde buques nodriza en pleno océano, antes de su traslado hacia Canarias y el sur peninsular.
Las travesías se realizaban en horario nocturno y con embarcaciones capaces de alcanzar altas velocidades. A ello se sumaba el uso intensivo de teléfonos encriptados, terminales satelitales, conexiones de difícil rastreo y un lenguaje codificado, un ecosistema tecnológico pensado para mantener el contacto constante entre los distintos niveles de la organización y dificultar la acción policial tanto en mar como en tierra.
Vigilaban a los agentes
En paralelo, la red desplegaba personas en numerosos puntos del litoral encargadas de vigilar la posición de medios marítimos y aéreos de las Fuerzas de Seguridad. Esa malla de alertas tempranas, distribuida a lo largo de amplios tramos de costa, permitía ajustar rutas y tiempos en función del riesgo, reforzando la capacidad de la flotilla para esquivar los dispositivos de control.
Una vez en aguas próximas a España, la organización evitaba los accesos tradicionales y optaba por rutas alternativas para introducir la droga en tierra. El uso del Guadalquivir aparece como uno de los corredores detectados para trasladar la mercancía hacia el interior, aprovechando la complejidad técnica del entorno fluvial. “No es solo el Guadalquivir, pueden utilizar otros cauces”, explican los investigadores. La elección de estas vías respondía a la misma lógica que guiaba toda la operativa, la de buscar puntos donde los controles fueran más difíciles y donde la organización pudiera mantener su capacidad de movimiento sin exponerse directamente.
Se ha llegado “al corazón” de la organización
Uno de los principales retos fue alcanzar a los responsables de la coordinación. Detener “al que está tocando la mercancía lo tenemos relativamente fácil; lo difícil es llegar a los que mandan”, señalan las fuentes. Estos perfiles no participaban directamente en el transporte, sino que se encargaban de ordenar, planificar y coordinar la operativa a distancia, apoyándose en sistemas de comunicaciones encriptadas.
La operación logró, según la Policía, llegar a esos niveles superiores. “Se ha llegado al corazón”, apuntan los investigadores, que destacan que el objetivo no era solo detener a los tripulantes de las narcolanchas, sino desmontar el soporte financiero y logístico que permitía a la organización repetir la operativa. “No se trata solo de coger la goma; lo importante es quitar lo que les permite salir dos, tres o cinco veces”, subrayan. Dentro de ese engranaje empresarial también figuraba un potente nodo logístico en el Campo de Gibraltar.
12 millones a cambio de silencio
Ese funcionamiento incluía incluso mecanismos internos de protección. Los agentes documentaron cómo la organización llegó a pagar 12 millones de euros a la familia de uno de los tripulantes fallecidos durante un alijo para garantizar su silencio y evitar cualquier vinculación con la estructura criminal.
En paralelo, la investigación detectó una adaptación constante de rutas y métodos para esquivar los controles policiales. “Si se les presiona por un lado, intentan actuar por otro”, señalan, lo que obliga a una adaptación permanente por parte de las fuerzas de seguridad.