El nombramiento de Teresa Peramato como fiscal general del Estado ha dejado sin ocupar uno de los puestos más relevantes de la Fiscalía y, por tanto, uno de los sillones más deseados dentro de la carrera. Tres plazas de la primera categoría de la carrera fiscal salieron a concurso el pasado 13 de enero, entre ellas la jefatura de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, uno de los cargos más importantes del Ministerio Público.

El plazo de presentación de candidaturas concluyó este lunes, dando así paso a un periodo de análisis dentro del Ministerio Fiscal para elegir quién ocupará el sillón que desde enero de 2025 venía ocupando Teresa Peramato. Los exigentes requisitos para hacerse con una de las plazas más codiciadas de la Fiscalía reducen la lista de candidatos a unos pocos nombres, aquellos con mayor veteranía dentro de la carrera.

Tradicionalmente, este puesto ha sido ocupado por los fiscales más veteranos de la Sección Penal del alto tribunal, aunque el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal determina que podrán aspirar a este codiciado sillón aquellos miembros del Ministerio Fiscal pertenecientes a la primera categoría y aquellos de la segunda categoría que cuenten, al menos, con veinte años de servicio. Este fue le caso del nombramiento de Teresa Peramato que era Fiscal de Sala dedicada a la lucha contra la violencia sobre la mujer.

Entre los fiscales de Sala con más veteranía destacan Javier Zaragoza, Jaime Moreno y Álvaro Redondo. Estos nombres ya sonaron como candidatos para ser uno de los jefes de la Sección Penal del alto tribunal en 2024. No obstante, García Ortiz optó por proponer al fiscal Fernando Prieto, en contra del criterio del Consejo Fiscal con 5 votos a favor y 6 en contra.

Ahora, esta responsabilidad recae sobre Teresa Peramato, quien tendrá la última palabra. Aunque la propuesta corre a cargo de la nueva fiscal general del Estado, esta deberá escuchar previamente el criterio del Consejo Fiscal.

Peramato también deberá proponer en las próximas semanas a sus elegidos para cubrir otras dos plazas en la primera categoría de la carrera: la de fiscal de Sala contra los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico, del medio ambiente e incendios forestales y la de fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores.

El pasado 13 de enero también se publicaron en el BOE vacantes en la Fiscalía del Tribunal Supremo (Sección Penal), en el Tribunal Constitucional, en la Audiencia Nacional, en la Fiscalía Especial Antidroga y en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

Con apenas un mes en el cargo, Peramato ya ha tenido que enfrentarse a otras decisiones de calado como la de mantener a su antecesor como fiscal de Sala en el Tribunal Supremo. A instancias de la Inspección Fiscal, la máxima representante del Ministerio Público acordó no suspender a Álvaro García Ortiz como fiscal al considerar que la condena de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sólo le inhabilita para el cargo de fiscal general y que esta no debe extenderse también a su condición de fiscal de carrera.

La decisión de Peramato fue bienvenida por gran parte de la carrera, no obstante, sí generó cierta tensión su manera de proceder a la hora de informar a las asociaciones sobre la resolución final. La Asociación de Fiscales le remitió una carta para exigirle que cumpla con el deber de "transparencia institucional propia de un Estado de Derecho". También criticaban que no se hiciera público el decreto por el que se acordó la permanencia de García Ortiz como fiscal ante la importancia pública del caso y en cuanto se refiere a una doctrina jurídica que sería de aplicación general a todos los miembros del Ministerio Fiscal.

Tras este pequeño choque con la asociación mayoritaria de la carrera, queda esperar cómo Peramato maneja su nuevo encargo y ver si su candidato para ocupar uno de los puestos más importantes de la Fiscalía coincide con el sentir mayoritario del Consejo Fiscal.