La Audiencia Provincial de Madrid celebra a partir del próximo martes el juicio contra nueve acusados y varias sociedades mercantiles por una presunta macroestafa hipotecaria desarrollada entre los años 2006 y 2012, que, según la Fiscalía, afectó a decenas de personas en situación de especial vulnerabilidad económica y acabó en muchos casos con la ejecución de sus viviendas.

Así consta en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso El Independiente. El procedimiento parte de un escrito de acusación del Ministerio Público que atribuye al principal procesado el diseño y puesta en marcha de un sistema basado en la concesión de préstamos con garantía hipotecaria bajo condiciones que los perjudicados desconocían en el momento de la firma.

Para captar a las víctimas, el fiscal describe una intensa campaña publicitaria con mensajes como "dinero rápido, créditos en un día y cancelamos embargos" o "necesita dinero, nosotros se lo facilitamos de forma inmediata y sin trámites".

Después, una vez que los interesados contactaban con los intermediarios, se les prometía la entrega inmediata del dinero solicitado, aunque se ocultaba hasta el acto de la firma notarial que la operación implicaba la constitución de préstamos hipotecarios y la firma obligatoria de letras de cambio con intereses que podían alcanzar el 29%.

La Fiscalía sostiene que las escrituras públicas "no obedecían a la realidad de lo pactado", ya que reflejaban importes muy superiores a los realmente entregados a los prestatarios. En numerosos casos, constaba que los afectados habían recibido grandes cantidades en efectivo "con carácter previo", extremo que el Ministerio Público considera inexistente.

Otro de los elementos clave del sistema que ahora va a ser enjuiciado fue el uso de letras de cambio sin domiciliación bancaria, que eran endosadas de forma inmediata a sociedades vinculadas al principal acusado o a personas de su entorno. Esta operativa "imposibilitaba el pago de la deuda" y provocaba la aplicación automática de intereses del 8% hasta el vencimiento y del 29% una vez superado ese plazo.

Como consecuencia, siempre según el escrito de acusación, los tenedores de las letras instaban procedimientos de ejecución hipotecaria y se adjudicaban las viviendas por precios muy inferiores a su valor de mercado, en ocasiones por cantidades que oscilaban entre los 20.000 y los 60.000 euros, importes que además no siempre fueron entregados íntegramente a los afectados.

El juicio se dirige no solo contra el principal acusado, sino también contra varios intermediarios financieros y administradores de sociedades que, presuntamente, participaron en la captación de clientes, la formalización de las operaciones y la posterior ejecución de las garantías.