La Audiencia Nacional asume la investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra

El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha asumido la investigación sobre el presunto uso irregular de los 53 millones de euros concedidos por el Gobierno como rescate a la aerolínea Plus Ultra. La causa, que se mantiene bajo secreto de sumario, indaga no solo en el destino del dinero público, sino también en una posible trama de blanqueo de capitales procedentes de fondos estatales y de la venta de oro de Venezuela en diversos países.

Según la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, el dinero del rescate otorgado en 2021 se habría desviado para devolver préstamos a sociedades vinculadas a una organización criminal asentada en España, Francia y Suiza. Los fondos ilícitos tendrían su origen en actos de malversación de "muy alta cuantía" cometidos por funcionarios venezolanos, específicamente relacionados con el programa de alimentos subsidiados CLAP y ventas de oro del Banco de Venezuela.

Las pesquisas revelan una operativa compleja en la que Plus Ultra habría firmado contratos de préstamo con empresas de la trama implicadas en el comercio de oro. Estas operaciones servían de cobertura para que, tras recibir la ayuda pública, la aerolínea realizara transferencias a cuentas en el extranjero controladas por la red delictiva, la cual también habría gestionado ventas de metal precioso por 30 millones de euros a Emiratos Árabes y enviado fondos a Panamá.

El procedimiento ya derivó el pasado diciembre en la detención del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y del CEO, Roberto Roselli, ordenada por el juzgado de Madrid que hasta ahora llevaba el caso. Además de la estructura financiera internacional, la investigación apunta a que la organización utilizaba otros métodos para lavar el dinero, como la compraventa de relojes de lujo y la adquisición de bienes inmuebles en España.

Calama toma el control de la instrucción tras la inhibición de la jueza de Plaza de Castilla y la previa abstención del magistrado Ismael Moreno. Con este movimiento, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 busca centralizar todas las actuaciones para esclarecer las conexiones de una red que implica a ciudadanos nacionales y extranjeros en un presunto expolio de fondos públicos venezolanos.