Afganistán cinco años después del retorno de los talibanes: un país asfixiado por el fanatismo islamista y por el pragmatismo de la comunidad internacional

Las calles de Kabul lucen estos días vestidas de fiesta oficial. Banderas blancas inscritas con la Shahada, la proclama que atestigua la unicidad de Dios y el profetismo de Mahoma, guirnaldas de luces y pancartas con la proclama "¡Felicidades, Día de la Victoria!" inundan la capital afgana para conmemorar este 15 de agosto la caída de la antigua República Islámica en 2021. Tras la retirada precipitada de las tropas estadounidenses y de la OTAN, el régimen ultraortodoxo celebra medio decenio en el poder exhibiendo músculo institucional y eventos deportivos organizados por su Comité Olímpico.

Cinco años después de aquel colapso que puso fin a dos décadas de presencia militar occidental, la profusión de boato oficial responde tanto a la autoafirmación del régimen como al aumento de las medidas de seguridad ante el resurgimiento esporádico de grupos armados de oposición. Sin embargo, detrás del decorado festivo y de los discursos de las autoridades provinciales, la foto fija de Afganistán presenta una paradoja profunda: el segundo Emirato ha alcanzado un nivel de estabilidad territorial y eficiencia fiscal desconocido en el país, pero lo ha hecho a costa de edificar un régimen de exclusión social absoluta para las mujeres y de sostener una economía de supervivencia golpeada por el aislamiento financiero y la pobreza estructural.

Un Estado fuerte sobre las estructuras financiadas por Occidente

El Emirato Islámico que retornó al poder en 2021 difiere sustancialmente del que gobernó el país entre 1996 y 2001. La primera experiencia talibán emergió de una devastadora guerra civil sobre un territorio fragmentado, donde los caudillos del norte mantenían focos irreductibles de resistencia y la administración pública apenas consistía en un esbozo precario. En aquel periodo inicial, el movimiento volcó sus esfuerzos en imponer el orden y extender la sharia sobre una economía destruida y dependiente de la agricultura y la informalidad.

Esta vez, tras veinte años de insurgencia, las fuerzas talibanas no tuvieron que construir un Estado desde cero, sino que heredaron una maquinaria institucional completa, financiada y desarrollada durante dos décadas de ocupación occidental: ministerios, aduanas, redes de infraestructura, fuerzas de seguridad, bancos y una burocracia funcional.

Esa diferencia estructural explica por qué el régimen actual cuenta con mayor capacidad para administrar el territorio, cobrar impuestos y mantener operativas las instituciones. "Esta vez los talibanes han fortalecido sus instituciones de gobierno, incluyendo el ejército, la policía, la administración del Estado y el sistema económico. En comparación con el pasado, estas instituciones se han vuelto más activas y organizadas", señala el analista político afgano Ahmad Saeedi en declaraciones a EFE.

Un sofisticado aparato de propaganda

El régimen ejerce hoy un dominio territorial indiscutido sobre la práctica totalidad de las provincias, donde ni el Frente de Resistencia Nacional (NRF) ni el Frente de la Libertad de Afganistán (AFF) representan una amenaza capaz de desestabilizar la arquitectura del poder central.

Asimismo, la forma de comunicar el control estatal ha experimentado un giro radical. Frente al aislamiento tecnológico de los 90, cuando el régimen gobernó prácticamente al margen de internet y prohibió la televisión, la cúpula actual ha desplegado un sofisticado aparato de propaganda en redes sociales conducido por una red de militantes y activistas digitales —los Mubarizeen— dedicados a defender las directrices oficiales, promocionar los logros del régimen y rebatir a la crítica internacional.

'Apartheid de género': la condena de toda una generación

A pesar de la modernización técnica del aparato estatal, los cimientos ideológicos del movimiento conservan la rigidez dogmática de sus orígenes. La paradoja más sangrante de este quinquenio la encarnan las mujeres y niñas afganas, víctimas de un entramado de prohibiciones que los expertos en derechos humanos de Naciones Unidas califican abiertamente como "apartheid de género".

Las niñas que tenían 11 o 12 años cuando los talibanes entraron en Kabul han alcanzado la mayoría de edad confinadas en sus hogares. Según el último informe de la ONU, unos 2,4 millones de adolescentes permanecen excluidas del sistema educativo. Lo que en un principio se anunció como una suspensión "temporal" para adecuar los planes de estudio a la ley islámica se ha transformado en un veto permanente que posteriormente se amplió a los estudios universitarios y al trabajo femenino en organismos internacionales y ONG.

Las niñas que tenían 11 o 12 años cuando los talibanes entraron en Kabul han alcanzado la mayoría de edad confinadas en sus hogares

La evolución del confinamiento femenino ha seguido una secuencia implacable. En septiembre de 2021 se decretó el cierre de la educación secundaria para niñas. En diciembre de 2022 se prohibió formalmente el acceso de las mujeres a las universidades. En abril de 2023 se vetó el trabajo femenino en agencias de Naciones Unidas y ONG internacionales. En mayo de 2026, un nuevo decreto eliminó cualquier límite de edad para el matrimonio de menores y otorgó pleno poder a los tutores masculinos para concertar enlaces.

Para jóvenes como Farogh y Sahar, expulsadas de las aulas cuando cursaban primaria, la adolescencia ha transcurrido entre las cuatro paredes de sus casas. Farogh confesaba estos días a EFE el impacto del encierro prolongado: "Incluso durante las vacaciones de invierno echábamos de menos el colegio. Imagínese ahora, han pasado cinco años desde que estamos encerradas"; un confinamiento que ha deteriorado gravemente su salud mental. Por su parte, Sahar afronta la inminencia de un matrimonio concertado por su familia ante la falta de alternativas que permitan un proyecto de vida independiente.

Afganistán conmemora cinco años del retorno talibán

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El impacto social y sanitario del veto ya es mesurable en todo el país. En centros médicos como el Hospital Regional Mirwais de Kandahar, los especialistas registran un aumento del 10% en el número de niñas que se convierten en madres. Mientras, la prohibición de formar a mujeres en la educación superior ha interrumpido de raíz el relevo de profesionales médicas, disparando la tasa de mortalidad materna a 638 muertes por cada 100.000 nacidos vivos (más del doble del promedio mundial).

La prohibición de la educación femenina provoca fisuras incluso dentro de las filas talibanas. Portavoces como Zabihullah Mujahid han admitido divergencias entre ministros y líderes religiosos sobre este veto, mientras que voces disidentes como el exviceministro de Exteriores Abás Stanikzai, quien denunció públicamente que la medida carecía de amparo en la sharia, terminaron siendo apartadas del núcleo decisorio de Kandahar.

Economía de resistencia: entre el rigor fiscal y el colapso humano

En el plano económico, Afganistán ha logrado esquivar la quiebra absoluta que pronosticaban los organismos multilaterales tras el cese repentino de las inyecciones de ayuda financiera de Occidente, las sanciones bancarias y el bloqueo de los activos del Banco Central en el extranjero.

El régimen ha construido un modelo económico sustentado en la recaudación fiscal interna, la explotación minera y un ambicioso programa de infraestructuras que aspira a convertir al país en el nexo comercial entre Asia Central y Asia del Sur. Proyectos clave como el canal de irrigación de Qosh-Tepa o el gasoducto TAPI (Turkmenistán-India) forman la espina dorsal de esta estrategia de autosuficiencia.

Sin embargo, los indicadores macroeconómicos ocultan una grave crisis social. El PIB creció un 4,8% en 2025 según el Banco Mundial, pero el retorno masivo de 3,7 millones de afganos desde Pakistán e Irán redujo el PIB per cápita un 5,6%. Más del 80% de los hogares viven endeudados y recurren a la venta de enseres o al auxilio mutuo para cubrir sus necesidades básicas. Mientras, la exclusión del mercado laboral femenino le cuesta aproximadamente 1.000 millones de dólares al año a la economía afgana, según estimaciones del PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

La exclusión del mercado laboral femenino le cuesta aproximadamente 1.000 millones de dólares al año a la economía afgana

La seguridad de la que presume el régimen tiene un coste: el Emirato dedica el 50% del gasto público a seguridad. Un esfuerzo que redunda en el deterioro de la sanidad o la protección social, que reciben menos del 10%. Solo en 2025 cerraron más de 400 centros de salud por falta de fondos.

Como advierte la investigadora Martine van Bijlert, del Afghanistan Analysts Network, en declaraciones recogidas por el periodista Eduardo Echeverri para EFE, muchas familias llevan años sobreviviendo gracias a préstamos, la venta de sus muebles y la solidaridad vecinal: "La gente se ayuda mutuamente para superar esta situación. Es un sistema importante, pero también está increíblemente agotado". Por su parte, el economista Aman Farahi señala que la sustitución de la educación técnica moderna por la instrucción puramente religiosa degrada el capital humano año tras año, reduciendo el número de médicos, ingenieros y especialistas cualificados que requiere el país.

Normalización de facto y diplomacia pragmática

Si en el ámbito doméstico el Emirato gobierna con puño de hierro desde la fortaleza ideológica de Kandahar, donde reside el líder supremo, Hibatulá Akhundzada, su política exterior ha protagonizado un viraje pragmático que ha terminado por agrietar el cerco diplomático.

El aislamiento diseñado por la comunidad internacional tras la caída de Kabul se ha erosionado progresivamente. Ante la evidencia de que el régimen no cederá en sus exigencias en materia de derechos democráticos, las cancillerías regionales y los bloques económicos han priorizado cuestiones de seguridad –contener el yihadismo, gestionar los flujos migratorios– y económicas –mantener abiertas las rutas comerciales–.

"Su política exterior no ha conseguido el reconocimiento formal, relaciones diplomáticas normales ni el asiento de Afganistán en la ONU", explica a EFE el analista Aziz Marij. Pese a ello, las relaciones de facto se han consolidado a gran velocidad. En julio de 2025, Rusia se convirtió en el primer país en otorgar reconocimiento formal de jure al Gobierno talibán. China mantiene contactos diplomáticos y económicos regulares enfocados en la minería. India, que evacuó su legación en 2021, elevó de nuevo su representación en Kabul al rango de embajada en 2025 y este año acoge la celebración pública del Día de la Victoria en su embajada de Nueva Delhi. Uzbekistán ha movilizado a cientos de empresarios, abierto oficinas comerciales y proyectado una línea de ferrocarril transafgana para conectar sus mercancías con los puertos marítimos de Pakistán.

En cuanto a la UE, Bruselas recibió en junio de 2026 a una delegación talibana para negociar la coordinación de las deportaciones y retornos de ciudadanos afganos, acotando el diálogo a un plano puramente técnico y operativo.

Un futuro hipotecado entre la seguridad y el aislamiento

Cinco años después del histórico 15 de agosto de 2021, la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) reconoce que el país disfruta de una reducción significativa de los combates, un mayor nivel de seguridad interna y avances como la erradicación del cultivo de amapola. Sin embargo, las agencias de la ONU y una treintena de expertos en derechos humanos recuerdan que la ausencia de guerra abierta no equivale a una paz justa o duradera. Mientras las autoridades de facto buscan legitimar su proyecto de Estado negociando inversiones y acuerdos fronterizos, el veto impuesto a la mitad de su población y el desmantelamiento de la educación técnica hipotecan las posibilidades de desarrollo futuro del país.

El mundo no ha aceptado plenamente al Emirato Islámico en los organismos multilaterales, pero cinco años de hechos consumados han demostrado que las potencias regionales y Occidente han aprendido a tratar con él. Al margen del juego geopolítico, dentro de las fronteras afganas, toda una generación de mujeres observa cómo el paso del tiempo consolida la pérdida irreversible de sus derechos fundamentales.