La presidenta del Consejo General del Poder Judicial ha lanzado un importante mensaje al Gobierno de Pedro Sánchez: "El reciente proyecto de creación de nuevas plazas judiciales es una buena noticia, pero no aborda ni resuelve el problema de fondo". Los ha hecho este martes durante la entrega de despachos a la LXXIV promoción de la Carrera Judicial ante los nuevos jueces de carrera, el Rey y el Ministro de Justicia.

Isabel Perelló ha puesto sobre la mesa uno de los problemas sobre los que llevan alertando desde hace meses las asociaciones judiciales, la necesidad de acompañar la creación de nuevas plazas judiciales de la convocatoria "urgente" de oposiciones por el turno libre para revertir el déficit de jueces que existe en España.

El pasado 26 de enero, el Ejecutivo anunció la creación de 500 plazas judiciales para reforzar los tribunales de instancia de todo el país, incluyendo audiencias provinciales, tribunales superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. No obstante, la cobertura efectiva de esas plazas aún es un misterio que mantiene en vilo a las principales asociaciones de jueces.

La mayoría de la carrera defiende que este incremento de plazas y despachos debe venir acompañado de un incremento real de jueces, bien por el sistema de oposiciones, o bien por el 4º turno. Las principales asociaciones de jueces sostienen que estas dos vías constituyen la forma más eficaz para mantener el nivel de exigencia, de méritos y capacidad para asegurar la calidad del sistema judicial.

Sin embargo, la convocatoria de oposiciones para cubrir dichas plazas con jueces de carrera no es posible sin dotación presupuestaria. El Gobierno ha sostenido ante las asociaciones judiciales que, sin la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado - para la que Sánchez necesita el sí de sus socios de investidura-, no se pueden convocar más plazas.

De esta forma, las voces consultadas entienden que habrá más plazas, pero cada vez hay menos jueces. Así lo ha transmitido también Perelló en su discurso de este martes en el que ha defendido ante Bolaños que la "previsión de jueces no puede depender de avatares futuros e inciertos", es decir, que es una necesidad "inaplazable" que no puede estar supeditada a la buena sintonía o no del Gobierno con el resto de formaciones parlamentarias.

Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, insisten que si los "presupuestos están congelados va a ser muy complicado rellenas las plazas judiciales". Su portavoz, Marien Ortega detalla que con la convocatoria prevista en los presupuestos aprobados en 2022, 120 plazas al año, no se puede cubrir ni la tasa de reposición.

Por ello, piden al Gobierno la reposición automática de todas las vacantes por jubilación o fallecimientos mediante la creación anual de tantas plazas de alumnos de la Escuela Judicial para su posterior acceso a la carrera como jubilaciones o fallecimientos se hayan producido en el año anterior; de forma adicional a las plazas ya previstas en los PGE.

El presidente de Foro Judicial Independiente, Roberto García Ceniceros, subraya en que la medida anunciada por Bolaños tiene que dar lugar a grandes convocatorias de oposiciones y de 4° turno. El portavoz aplaude la iniciativa del Ejecutivo, aunque insiste en que no puede ser utilizada como "estímulo" para impulsar la estabilización masiva de jueces sustitutos.

"Nuestro temor es que el Ministro utilice la falta de presupuestos como excusa para presionar y conseguir apoyos parlamentarios para sacar adelante su propuesta de estabilización de sustitutos", sostiene.

Las principales asociaciones se oponen a esta iniciativa del Gobierno, al entender que esto conllevaría la entrada de jueces "por la puerta de atrás". Las voces consultadas defienden que dichas plazas sean ocupadas mediante la aprobación de un examen riguroso que acredite su mérito y la capacidad.

Déficit de jueces

Otras voces consultadas detallan que la implantación de la nueva ley de eficiencia, por la que se omite la creación de juzgados, permitiría destinar parte de esos fondos a proveer de jueces reales la creación de esas plazas judiciales. No obstante, aun teniendo en cuenta que ya no será necesaria la creación de 70 juzgados, estos fondos servirían para cubrir como máximo unas 350 plazas.

Según el informe estadístico Situación de los órganos judiciales en el primer trimestre de 2025, publicado el 20 de junio de 2025 por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, los órganos judiciales registraron 2.288.305 asuntos en dicho periodo, lo que supone un incremento del 15,6 % respecto al año anterior. Esta evolución encadena varios años de aumento sostenido.

Asimismo, el propio Plan Estratégico del CGPJ para el decenio 2023–2032 señala que España necesita alrededor de 350 nuevos jueces al año para cubrir la reposición y garantizar un crecimiento mínimo de la planta. Sin embargo, las convocatorias recientes -120 plazas en 2023, 120 en 2024 y 120 en 2025- se alejan de ese objetivo.

Sea como fuere, Bolaños necesita impulsar grandes convocatorias de oposiciones para cumplir con los acuerdos firmados con las asociaciones judiciales. Un escenario que parece poco probable si el Gobierno no consigue reconducir las relaciones con Junts y aprobar los presupuestos.

El ministro de Justicia también necesita el sí de los de Puigdemont para sacar adelante sus otros dos proyectos estrella: la reforma de acceso a la carrera judicial y fiscal y el proyecto de ley con el que se pretende trasladar la instrucción de las causas penales a los fiscales.