Este miércoles tendrá lugar en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra el hombre que intentó provocar un incendio en una oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social situada en el número 102 de la calle Serrano, en pleno centro de Madrid. El fiscal pide seis años de cárcel para el acusado, sin antecedentes penales y de 70 años.

Según el escrito del Ministerio Público, al que ha tenido acceso El Independiente, los hechos se produjeron alrededor de las 13:40 horas el 16 de agosto de 2023, cuando el procesado accedió a la oficina portando una garrafa con aproximadamente medio litro de gasolina en una mano y un mechero en la otra, mientras la oficina se encontraba llena de personas, generando así una situación de grave riesgo para todos los que se encontraban en el interior del edificio.

Una vez dentro, vertió el combustible en el suelo e intentó prenderle fuego con el mechero, lo que habría provocado un incendio con consecuencias potencialmente graves. Sin embargo, no lo logró gracias a la rápida intervención de un vigilante de seguridad que consiguió impedirlo tras iniciar forcejear con él.

Además, durante el incidente también intervino un agente de la Policía Nacional que se abalanzó sobre el hombre. Ambos cayeron al suelo durante la intervención, lo que provocó que el policía sufriera una intoxicación por inhalación de carburantes que requirió asistencia médica inicial y le ocasionó dos días de curación.

El forcejeo y el vertido de gasolina causaron además daños materiales. El uniforme del agente resultó deteriorado, con un coste pericial de 112,29 euros, mientras que un teléfono móvil propiedad de otra persona sufrió desperfectos valorados en 120 euros al ser golpeado durante el altercado.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de incendio en grado de tentativa y un delito leve de lesiones. Por ello, solicita seis años de prisión, así como tres meses de multa con una cuota diaria de seis euros por las lesiones causadas.

Además, reclama que indemnice con 120 euros al propietario del móvil dañado, con 100 euros al agente lesionado y con 112,29 euros al Ministerio del Interior por el deterioro del uniforme policial. No obstante, el fiscal plantea la posibilidad de alcanzar un acuerdo de conformidad antes de la vista y evitar el juicio, conforme al protocolo vigente entre la Fiscalía y la Abogacía, así como la apertura de una pieza separada de responsabilidad civil para asegurar el pago de las posibles indemnizaciones.