El juez Santiago Pedraz, instructor del 'caso Hidrocarburos' en la Audiencia Nacional, ha remitido a su compañero Ismael Moreno, encargado del 'caso Koldo', las declaraciones de los empresarios Víctor de Aldama y Carmen Pano, así como la del chófer de esta última, Álvaro Gallego. Pano ratificó en sede judicial que llevó 90.000 euros en efectivo provenientes del socio de Aldama, Claudio Rivas, el dueño de la empresa presuntamente epicentro de la trama. Gallego, por su parte, declaró que Pano trasladó dinero en metálico a la sede del PSOE en la calle Ferraz.

Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso El Independiente. Las comparecencias se han producido a lo largo de las dos últimas semanas. Aldama sostuvo que las afirmaciones de Pano son falsas y negó que ella entregara 90.000 euros en la sede socialista siguiendo sus directrices. Por otro lado, el empresario aseguró que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, le entregó un sobre de la petrolera PDVSA que contendría información sobre la presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista.

En esta causa, la Audiencia Nacional investiga la existencia de una presunta organización criminal en el sector de los hidrocarburos que, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, habría defraudado 182 millones de euros entre 2022 y 2024. Los investigadores sitúan a Aldama y a su socio Claudio Rivas como los presuntos ideólogos de la trama, cuyo objetivo habría sido obtener la licencia de operadora para la empresa Villafuel SL, propiedad de Rivas.

Pedraz envía el contenido de estas declaraciones a la pieza separada secreta que investiga Moreno, y donde se encuentra la información aportada por el PSOE sobre sus pagos en metálico entre 2017 y 2024.

El magistrado decidió en noviembre abrir una pieza separada para investigar esos pagos a instancias del Tribunal Supremo, que también instruía el 'caso Koldo', ante la sospecha de que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García pudieron aprovechar la falta de controles en el PSOE a la hora de devolver gastos anticipados para blanquear el dinero obtenido de sus presuntas actividades ilegales.