La reciente aprobación de la ley de multirreincidencia ha generado un profundo rechazo entre agentes de policía y mossos, que consideran que la norma no solucionará la inseguridad ni permitirá sancionar a los reincidentes habituales.

Critican que la norma es “una subnormalidad” y que no tendrá impacto real en la lucha contra la delincuencia. “Yo mismo he detenido a gente con más de 100 antecedentes policiales sin pisar un día la cárcel”, asegura uno de los agentes consultados, quien explica que dentro de los cuerpos policiales hay una frustración frente a lo que consideran un “gesto político” sin efecto tangible.

Aunque la ley endurece las penas para hurtos reiterados, los agentes destacan que no aborda los problemas estructurales del sistema judicial y penitenciario. “Ahora dicen que con tres delitos leves ya vale”, explica un policía, y añade que hay personas con “10 o 12 antecedentes por robos con violencia e intimidación que no entran en la cárcel”, lo que demuestra, según él, la ineficacia de la norma.

Las cárceles como "universidades de delincuentes"

El sistema penitenciario es otro foco de críticas. Los agentes señalan que las cárceles no funcionan como herramienta de disuasión ni de rehabilitación. “Tal como está montado, la cárcel es una pequeña universidad de delincuentes. Tienen fútbol, patio, piscina, gimnasio… Aprenden entre ellos y luego salen a la calle igual que antes”, explican, subrayando que la verdadera solución no está en reformar la ley, sino en aplicar de manera efectiva el Código Penal y garantizar que los condenados cumplan sus penas.

Pese a estas críticas, los cuerpos policiales destacan que el control sobre los reincidentes es riguroso. “Si detenemos a alguien sin papeles, se le toman las huellas y se graba su identidad. Aunque tire su pasaporte o dé un nombre falso, cuando conseguimos su identidad real, todos los antecedentes se suman a la ficha”, explica un agente.

Frente a estas críticas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido la norma y su alcance. Según Marlaska, la ley busca garantizar una aplicación proporcional y legal de la norma. “No es una concesión a nadie, sino simplemente una disposición que se ha entendido oportuna para aplicar la norma de forma adecuada a la gravedad de los hechos delictivos”, ha afirmado.

"Determinados delitos"

El ministro ha precisado que las expulsiones de extranjeros condenados dependen de otros factores. “Las expulsiones no dependen de la multirreincidencia, sino de otros elementos, como la comisión de determinados delitos y las resoluciones administrativas correspondientes”.

Marlaska también ha destacado la inclusión del combate al “petaqueo”, la práctica de suministrar combustible a las narcolanchas, dentro de la reforma. Ahora, esta actividad se castigará con penas de tres a cinco años de prisión. “El objetivo prioritario es anular la capacidad de proyección y la autonomía de las embarcaciones de alta velocidad utilizadas por organizaciones criminales en el transporte de droga”, explicó.

Aun así, los agentes insisten en que la ley no cambiará su trabajo cotidiano. “Hemos hecho operativos de detención de ladrones que podían demostrar más de 80 o 90 robos y quedaban en libertad. Siempre hemos dicho que para entrar en prisión tienes que matar, de lo contrario, ni un día”, señala una fuente del cuerpo.

Las mafias de falsificación

No obstante, algunas fuentes reconocen que, aunque no confían del todo en la efectividad de la norma, podrían ver con buenos ojos ciertos aspectos de la ley. “De entrada, la idea de endurecer penas para hurtos reiterados puede parecer positiva, aunque no creemos que vaya a cambiar mucho en la práctica”, admite un agente, dejando claro que la cautela y el escepticismo siguen predominando entre los profesionales.

La polémica por la regularización extraordinaria de inmigrantes también refuerza la sensación de impunidad. Según explican, las mafias de falsificación facilitan empadronamientos y documentación falsa para prolongar la estancia en España. “Ahora pueden acogerse perfectamente sin ningún problema hasta que tengan antecedentes penales”, advierten los agentes, alertando del riesgo de que reincidentes se beneficien de estas medidas. Marlaska, sin embargo, subraya que el Gobierno trabaja para proteger a los funcionarios públicos y garantizar el cumplimiento de las normas.