La Generalitat ha enviado un correo a su personal de prisiones pidiendo que se informe de aquellos presos que, estando en espera de juicio o a la espera de una sentencia condenatoria, cumplan con los requisitos de la nueva regularización puesta en marcha por el gobierno de Pedro Sánchez.

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En el correo, al que ha tenido acceso El Independiente, se indica que solo podrían acogerse al proceso aquellos internos que “puedan acreditar un mínimo de cinco meses de residencia en el territorio y que no tengan antecedentes penales”. Además, la comunicación solicita que se realice “una prospección del número de personas internas que cumplirían estos requisitos y que nos hagáis llegar el resultado”, con el objetivo de disponer de una estimación aproximada del volumen de personas potencialmente afectadas.

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Imagen del correo enviado desde la Generalitat | El Independiente

Desde los sindicatos alertan de que, aunque se trate de un recuento de datos, la medida podría tener implicaciones jurídicas importantes “si una persona extranjera en prisión preventiva obtiene una autorización de residencia, su defensa podría invocar con más fuerza el arraigo y la integración para oponerse a la expulsión prevista en el Código Penal”, lo que, según advierten, podría complicar la aplicación de la expulsión en casos de delincuencia reiterada.

1.888 presos en prisión preventiva

El sindicato también pone de relieve que no todos los presos extranjeros serían susceptibles de acogerse a esta regularización. Actualmente, en Cataluña hay 1.888 internos en prisión preventiva, de los cuales 1.307 son extranjeros, lo que representa el 69,23% del total. Sin embargo, según SICAP FEPOL, “un gran porcentaje ya tiene papeles; no todos son objeto de regularización”, por lo que aún no se puede determinar con exactitud cuántos internos podrían encajar en los criterios marcados por la Generalitat.

En conversación con El Independiente explican que los internos preventivos técnicamente no tienen antecedentes penales derivados de causas anteriores, lo que les permitiría acceder al proceso antes de una condena. “La gente se está informando sobre esta regularización extraordinaria para, antes de una previsible condena, regularizar su situación y reforzar su defensa frente a una eventual expulsión”, señalan. Además, advierte que algunos internos incluso podrían buscar justificantes o recibos para acreditar su estancia mínima en España, aprovechando la brecha jurídica que podría abrir la medida.

3.969 delincuentes multirreincidentes

El sindicato también alerta de que esta situación se produce en un contexto más amplio de cambios legales orientados a combatir la multirreincidencia. Según datos de Mossos d’Esquadra, actualmente hay 3.969 delincuentes multirreincidentes activos en las calles de Cataluña. En este escenario, SICAP FEPOL considera que cualquier medida que pueda debilitar la respuesta penal “debe analizarse con extrema prudencia”, insistiendo en que cualquier regularización debería ir acompañada de mecanismos de revisión que eviten efectos indeseados sobre la seguridad pública.

Para SICAP FEPOL, la medida deja claro un riesgo legal que podría derivar en debates judiciales y administrativos complejos. “Técnicamente, se podría dar la situación de que alguien cometa un delito, esté en prisión preventiva y obtenga papeles antes de ser condenado; luego, su abogado podría alegar arraigo para evitar la expulsión”, resume Pueyo, subrayando la necesidad de precaución en la gestión de esta iniciativa.