El sindicato JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, ha exigido el cese inmediato del Director Adjunto Operativo (DAO) del cuerpo y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la admisión a trámite de una querella judicial a la que ha tenido acceso El Independiente en su contra por presuntos delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos.

En un comunicado difundido este martes, la organización sindical ha expresado su “profunda preocupación” por la gravedad de los hechos denunciados y por la relevancia institucional del cargo investigado, al tratarse del máximo responsable operativo del cuerpo policial.

JUPOL ha subrayado su “respeto absoluto a la presunción de inocencia”, recordando que corresponde exclusivamente a los tribunales determinar los hechos y posibles responsabilidades. Sin embargo, considera que la continuidad en el puesto del DAO resulta “insostenible desde el punto de vista de la ejemplaridad, la ética pública y la protección de la propia institución”.

Prudencia institucional

El sindicato reclama que se aparte al DAO mientras se sustancia la investigación judicial, una medida que, según señala, “no supone una condena anticipada”, sino que responde a un criterio de “prudencia institucional” y busca evitar cualquier posible interferencia derivada de su posición jerárquica.

“La ejemplaridad no puede ser una exigencia exclusiva para los agentes de base mientras se flexibiliza cuando se trata de los más altos mandos. La vara de medir debe ser la misma para todos”, sostiene la organización.

JUPOL también ha advertido del impacto que esta situación puede tener sobre la imagen del conjunto del cuerpo, integrado por más de 70.000 agentes, y ha insistido en que la credibilidad institucional debe preservarse mediante decisiones firmes y transparentes.

Responsabilidades políticas

Además, el sindicato ha trasladado su exigencia directa al Ministerio del Interior, al considerar que el DAO es un cargo de designación política cuya permanencia depende del departamento que dirige el ministro. Desde este periódico hemos intentado contactar con el ministerio pero no hemos obtenido respuesta.

El sindicato también ha reclamado la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al considerar que fue “el primer valedor del DAO” y quien impulsó la modificación normativa que permitió prolongar su permanencia en el cargo más allá de la edad de jubilación obligatoria, mediante un real decreto aprobado en el contexto de las medidas para los damnificados y víctimas de la DANA.

“No puede estar ni un solo minuto más en su puesto”, sostiene la organización sindical, que considera que mantener en el cargo al ministro compromete la credibilidad política de la gestión.

Asimismo, han solicitado la activación de todos los mecanismos de protección para la presunta víctima, con el fin de garantizar que no exista ningún tipo de presión, represalia o condicionamiento profesional durante el proceso judicial.

Según JUPOL, si los hechos denunciados implicaran un abuso de superioridad o el uso de la jerarquía para influir en la víctima, se trataría de una “quiebra gravísima de los principios que rigen el mando policial”.