La exconcejala de Móstoles que denunció internamente al alcalde, Manuel Bautista (PP), y cuyo caso fue difundido por el diario El País, entre otros medios, ha presentado una querella por un presunto delito de acoso sexual y laboral, además de delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos. La acción judicial se dirige también contra el Partido Popular como persona jurídica.

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El abogado de la exedil, Antonio Suárez-Valdés, ha confirmado a EFE que la querella se ha presentado este lunes en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Móstoles. Según ha precisado, se fundamenta en los artículos 184.5 y 31 bis del Código Penal, que contemplan la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

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En un comunicado, el letrado ha señalado que “la omisión primero y el fracaso después de los mecanismos internos de protección de la víctima y la ausencia de respuesta institucional por parte del Partido Popular, han obligado a nuestra representada a buscar amparo directo en la vía penal, que intentó evitar inicialmente”.

La querella se apoya, según la defensa, en “un nutrido soporte probatorio” con el que se tratará de acreditar, en primer lugar, la existencia de una presunta solicitud de favores de carácter sexual por parte del alcalde, que habría pretendido mantener una relación personal con la concejala. En segundo término, sostiene que, tras el rechazo de la denunciante, se produjo “un presunto patrón sistemático de hostigamiento y abuso de superioridad jerárquica” con el objetivo de aislarla e invisibilizarla profesionalmente hasta su dimisión en 2024.

Declaración de Ayuso

La acción judicial incluye al PP como persona jurídica por la supuesta falta de activación eficaz de los mecanismos internos de protección y por la ausencia de una respuesta institucional adecuada. En este contexto, la defensa solicitará la declaración como testigos, entre otros, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; del secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano; y de la vicesecretaria de organización del PP madrileño, Ana Millán, en relación con la gestión interna del caso.

La querella recoge asimismo la difusión de correos electrónicos intercambiados por la exconcejala con la Comunidad de Madrid, que fueron enviados a varios medios de comunicación y en uno de los cuales apareció su identidad. Según el abogado, estos hechos “podrían tipificarse como delitos de revelación de secretos”.

Suárez-Valdés ha subrayado que se trata de “un procedimiento de alta complejidad técnica”, dado que parte de los hechos denunciados se habrían producido en la intimidad y que los correos electrónicos oficiales de la exedil fueron borrados.