La regularización extraordinaria de inmigrantes que va a llevar a cabo el Gobierno está generando la aparición de mafias que buscan lucrarse de esta situación. Una de las exigencias para acceder al proceso es acreditar un mínimo de cinco meses de residencia en España.

Algunas mafias están vendiendo tickets de empresas conocidas como Telepizza con fechas anteriores para aparentar que sus clientes cumplen ese requisito. “Hemos visto que les están cobrando grandes cantidades de dinero por tickets de Telepizza, certificados de empadronamiento o contratos de trabajo” que puedan servir como justificante de que estas personas están desde una fecha en España, explican las fuentes consultadas.

El problema se debe, en gran medida, a la falta de información clara sobre la regulación, advierten los agentes. Aunque se ha anunciado que los inmigrantes podrán acceder a la regularización siempre que “no tengan antecedentes penales y puedan acreditar un mínimo de cinco meses de residencia en España”, aún no se ha publicado un Real Decreto que detalle el procedimiento, los plazos ni los documentos concretos que deberán presentarse, advierten, lo que genera dudas sobre qué se considerará realmente a la hora de determinar cuánto lleva una persona en el país.

Un vacío que usan las mafias

Esta ambigüedad ha generado confusión entre los propios interesados y ha creado un vacío que las mafias están aprovechando para sacar rédito económico, ofreciendo desde tickets de Telepizza con fechas antiguas hasta certificados de empadronamiento o contratos de trabajo falsificados. “Todo está muy difuso, al final, estás perjudicando a las personas que podrían aprovecharse de manera legal”, señalan las fuentes, añadiendo que la falta de criterios claros también dificulta el trabajo de las oficinas de extranjería, ya saturadas por el volumen de solicitudes y sin medios suficientes para verificar la autenticidad de los documentos.

Otro de los elementos que genera preocupación es la distinción entre antecedentes penales y policiales. Para la nueva regularización, solo se tendrán en cuenta los antecedentes penales, es decir, aquellos que se registran tras una sentencia firme. Los antecedentes policiales, como detenciones o investigaciones abiertas, no se consideran un impedimento para regularizarse.

Esto, advierten los agentes, “puede provocar que una persona que cometa hoy un asesinato, y que en abril no tenga antecedentes penales, pueda regularizarse antes de ser juzgada”, alertan las fuentes. La duración de los procesos judiciales, con recursos a tribunales superiores y al Tribunal Supremo, hace que exista un largo periodo en el que una persona podría obtener una autorización de residencia sin tener aún antecedentes penales registrados.

Las prisiones

La situación también se refleja en las prisiones, donde algunas personas en prisión preventiva, aún sin sentencia firme, están interesándose en la regularización. Los sindicatos alertan de que estos internos ya están preguntando a sus abogados cómo conseguir papeles antes de la condena.

Aunque las normas establecen que no se deben tener antecedentes penales, la situación legal de estos internos podría dar lugar a disputas sobre el arraigo y la integración, complicando la aplicación de las expulsiones. “Ya hay internos preguntando a sus abogados cómo conseguir papeles antes de la condena”, indican las fuentes.

El incremento de las llegadas irregulares a España también ha contribuido a la presión sobre el sistema. En Ceuta y Melilla se ha detectado un aumento notable de entradas. “España se percibe más laxa, y las mafias lo saben”, explican los agentes. Los grupos organizados adaptan sus rutas según la presencia policial y la capacidad de control en cada zona, alternando entre la vía canaria, la costa andaluza y las islas Baleares para garantizar que los migrantes lleguen a España.

Además, la saturación de extranjería y de los recursos policiales aumenta el riesgo de fraude. “Van a ser miles y miles de solicitudes… y no sabemos cómo se van a gestionar”, reconocen. La falta de medios humanos y materiales hace difícil comprobar la autenticidad de documentos, prevenir falsificaciones y evitar que se lucren las redes organizadas. En este contexto, las personas con menos recursos son las más vulnerables, ya que podrían pagar a intermediarios sin garantías de que los trámites tengan éxito.