José Ángel González Jiménez, quien fuera Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, se enfrenta a una querella criminal que le acusa de una presunta agresión sexual con penetración, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos.

El escrito judicial, presentado ante el Tribunal de Instancia de Madrid, describe un patrón sistemático en el que el alto mando no solo se prevalió de su jerarquía sobre la víctima, sino que instrumentalizó los recursos materiales y humanos del Ministerio del Interior para consumar los delitos y posteriormente intentar silenciar a una agente de la policía con la que habría tenido una relación “de afectividad” anteriormente.

La denuncia sostiene que el DAO utilizó "medios de titularidad pública (vivienda, vehículo, conductor, asesor) de forma intencionada para usos privados totalmente ajenos al servicio público", y en ciertas ocasiones los delitos de los que se acusa a José Ángel González fueron cometidos utilizando estos medios.

El vehículo oficial y la orden jerárquica

Los hechos denunciados por la agente se remontan al 23 de abril de 2025. Ese día, la víctima se encontraba prestando servicio en la Comisaría Local de Coslada cuando recibió múltiples llamadas del DAO González exigiendo su presencia en el restaurante donde él estaba comiendo con el Comisario Óscar San Juan. La agente se excusó diciendo que estaba trabajando y el DAO “haciendo uso explícito de su autoridad institucional, le instó e instruyó para que abandonara su puesto de trabajo” con el fin de ir con él.

Para ello, según relata la querella, el mando ordenó que la víctima fuera trasladada en un vehículo oficial camuflado de la propia comisaría, un Renault Kadjar gris, hasta el restaurante donde él se encontraba. Al finalizar la comida, el DAO despidió a su conductor oficial y ordenó a la víctima que fuera ella quien condujera el vehículo policial para llevarle a su domicilio, abusando de los recursos adscritos a su cargo.

El destino de aquel trayecto fue una vivienda de titularidad pública adscrita al cargo de Director Adjunto Operativo. Según el relato de la víctima, el DAO empleó “más de veinte minutos de presión psicológica” para lograr que ella subiera al piso, bajo el pretexto de que debían "hablar" en un lugar donde no fueran vistos por vecinos o el portero. Una vez en el interior, concretamente en la cocina, la situación derivó en una agresión.

La querella detalla que el exjefe de la Policía, ignorando los rechazos rotundos y continuados de la mujer, inició un acercamiento físico que tornó en agresividad. El mando policial habría bloqueado el paso de la agente y, tras proferir diversos insultos ante su resistencia, procedió a bajarle los pantalones de forma violenta continuando presuntamente con un delito de agresión sexual con penetración.

El escrito describe actos de penetración que el presunto agresor acompañó de una frase que resume el espíritu de la denuncia: "Oye, que soy el DAO". Con esta invocación a su cargo, el máximo responsable uniformado de la Policía pretendía, presuntamente, anular cualquier capacidad de oposición de su víctima.

Teléfonos del despacho y el asesor

La presunta utilización de los medios del Estado no terminó en la vivienda oficial. Tras el episodio de abril, y ante el bloqueo por parte de la víctima de los canales de comunicación telefónica, el DAO habría recurrido de forma sistemática a los teléfonos oficiales de su despacho para seguir hostigando a la funcionaria. Las llamadas desde los terminales de la Dirección Adjunta se repitieron durante meses, incluso cuando la agente ya había sido trasladada de destino en un intento por alejarse de su agresor.

El control sobre los recursos públicos alcanzó también al personal de confianza. La querella señala que el Comisario San Juan, asesor del DAO, intervino directamente para frenar las intenciones de la víctima de judicializar el caso.

El 13 de julio de 2025, este asesor contactó con la víctima para proponerle que "elija a qué destino/puesto de trabajo quiere ir", instándola a enviarle su preferencia por WhatsApp. Ante la advertencia de la víctima de que denunciaría los abusos sufridos, el asesor respondió: "Tú me llamas porque él te ha dicho que me llames", evidenciando que actuaba bajo instrucciones del DAO para ofrecer compensaciones laborales a cambio de evitar el escándalo.

Malversación de caudales

La querella pone especial énfasis en el presunto delito de malversación de caudales públicos, al considerar que el DAO no solo abusó de su poder personal, sino que desvió recursos del Estado para fines estrictamente delictivos y privados. Según el escrito, el uso del coche oficial camuflado para el traslado de la víctima, la utilización de la vivienda como escenario de la agresión y el empleo de los teléfonos del despacho para el hostigamiento posterior, constituyen una administración desleal de los bienes de Interior.

La acusación sostiene que estos elementos, sostenidos con fondos públicos y destinados exclusivamente al servicio de la seguridad nacional, fueron instrumentalizados para facilitar la comisión de los delitos contra la libertad sexual y para articular una maquinaria de presión institucional, que incluyó la intervención de asesores a sueldo del Estado, con el único objetivo de garantizar la impunidad del máximo mando de la Policía.