Fernando Grande-Marlaska llegó al Ministerio del Interior en 2018 con el objetivo político de cerrar la etapa de escándalos que heredaba el ministerio y proyectar una imagen de regeneración institucional en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Su perfil de juez de la Audiencia Nacional, asociado a la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, reforzaba la narrativa de un ministro técnico capaz de imponer disciplina y transparencia en una institución golpeada por las polémicas.

Siete años después, sin embargo, dos crisis simultáneas, la caída del Director Adjunto Operativo (DAO) y uno de los mayores escándalos de narcotráfico interno en la historia del cuerpo con el que fuera jefe de la UDEF como cabecilla, cuestionan el balance de esa promesa de “limpieza” y abren interrogantes sobre la eficacia real del control político ejercido durante su mandato y sobre todo de la intervención del equipo de Asuntos Internos.

Un DAO que debía estar jubilado

El nombramiento de la nueva cúpula policial fue uno de los primeros movimientos estratégicos del ministro. En ese contexto, Marlaska situó al frente de la estructura operativa de la Policía Nacional a uno de sus hombres de máxima confianza, el ahora cesado José Ángel González Jiménez. Desde 2018, el DAO se convirtió en la figura clave de la organización interna del cuerpo, con capacidad para influir en nombramientos, destinos y grandes operativos. La estabilidad de esa estructura fue defendida durante años por el Ministerio, incluso cuando surgieron tensiones internas en la cúpula.

El episodio que mejor simboliza esa apuesta política fue la modificación aprobada en el contexto de las ayudas urgentes por la DANA de Valencia. La norma permitió prolongar la permanencia de González en el cargo de DAO más allá de la edad ordinaria de jubilación. Aquella decisión, interpretada por sectores policiales como un “blindaje”, buscaba mantener la continuidad del mando en un momento sensible para el Ministerio.

Agresión sexual

La crisis ha estallado en el seno de los mandos de Interior esta semana cuando un juzgado de Madrid ha admitido a trámite una denuncia presentada por una inspectora que acusaba al DAO de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación. Según el escrito judicial al que ha tenido acceso El Independiente, el mando habría instrumentalizado su posición jerárquica y los recursos del propio Ministerio para cometer los hechos y posteriormente intentar silenciar a la víctima.

La denuncia sostiene que utilizó “medios de titularidad pública” como la vivienda, el coche y los teléfonos que se le dan a la persona que ocupa el puesto de DAO desde Interior de forma “intencionada para usos privados totalmente ajenos al servicio público”.

El relato de la denunciante describe cómo, el pasado 23 de abril de 2025, después de haber mantenido una relación "de afectividad" entre ambos y la víctima querer cortar ese vínculo, el mando comenzó a presionar a la víctima de forma telefónica en varias ocasiones. Ella se trasladó finalmente en un vehículo policial hasta un restaurante y posteriormente hasta el domicilio oficial del DAO. Allí, según la querella, se produjo la agresión, en la que el mando habría invocado su posición con una frase que resume el núcleo de la acusación: “Oye, que soy el DAO”.

La utilización de medios institucionales no se habría limitado al episodio inicial. La querella detalla una “campaña sistemática” de llamadas desde teléfonos oficiales del despacho del Director Adjunto Operativo, incluso después de que la víctima cambiara de destino. También señala la intervención de un asesor policial, el comisario San Juan, que habría ofrecido mejoras laborales para evitar la denuncia, proponiéndole que “elija a qué destino/puesto de trabajo quiere ir”.

"No sabíamos nada"

El Ministerio reaccionó exigiendo la renuncia inmediata del mando tras conocer el contenido de la querella. Marlaska defendió públicamente que no existía conocimiento previo dentro de Interior. “Evidentemente no se sabía nada hasta ayer”, afirmó, insistiendo en que, de haber tenido información, la destitución se habría producido antes. Según el ministro, la rapidez de la decisión demostraba precisamente la ausencia de conocimiento previo.

La caída del DAO abrió una crisis interna sin precedentes en la cúpula policial. La comisaria Gema Barroso ha asumido provisionalmente el puesto y ha ofrecido protección policial a la denunciante, que ha aceptado la medida después de conocerse que su identidad ha sido filtrada en grupos de policías. Paralelamente, el Ministerio ha ordenado una “investigación reservada” para esclarecer quién pudo conocer los hechos con anterioridad y ha apartado al Comisario San Juan de sus labores.

¿Episodio aislado?

Pero la caída del DAO no es un episodio aislado. Coincide en el tiempo con un caso aún más grave que afecta directamente al núcleo de las unidades de investigación económica de la Policía. Este suceso se suma al escándalo conocido en los últimos meses, donde se vincula directamente al que fuera jefe de la UDEF con una red de narcotráfico internacional que habría introducido en España decenas de toneladas de cocaína con la colaboración de un mando policial en activo.

En el centro de la investigación se sitúa Óscar Sánchez Gil, exresponsable de la Sección Operativa de la unidad en Madrid, a quien los investigadores atribuyen un papel “clave” dentro de la organización criminal liderada por Ignacio Torán Delgado, su principal socio e interlocutor.

A cambio de pagos, el inspector jefe habría utilizado su acceso a los sistemas policiales para alertar de investigaciones, advertir de inspecciones y orientar las decisiones del grupo sobre cómo hacer más segura la entrada de droga en España y garantizar la impunidad de las operaciones.

73 toneladas de cocaína

Según los datos recabados por los investigadores, la organización introdujo al menos 58.499 kilogramos de cocaína en 37 contenedores marítimos, a los que se suman 1.605 kilos intervenidos en mayo de 2021 y otros 13.062 kilos incautados en octubre de 2024 en el puerto de Algeciras, el mayor alijo de esta droga intervenido en España y el segundo en Europa.

En total, más de 73 toneladas de cocaína cuyo valor de mercado supera los 2.060 millones de euros. En las comunicaciones intervenidas por los agentes, el mando policial aparecía bajo los alias “Aduana” y “Amigo”, y describía su actividad dentro del grupo como una “doble ocupación” compatible con su trabajo oficial.

El papel del inspector jefe no se habría limitado a facilitar información. Según la investigación, también asesoraba sobre debilidades en actuaciones judiciales y policiales, llegando a proporcionar autos judiciales que autorizaban registros para que miembros de la red pudieran eludir a la justicia.

Desde su posición comprobaba si los contenedores utilizados por empresas importadoras de fruta, como TRAPANI EXPORT S.L. y ABADIX FRUITS S.L, estaban bajo vigilancia policial y transmitía la información al grupo para ajustar sus movimientos. Incluso, según los agentes, llegó a proponer desviar la atención hacia cargamentos legales para asegurar el paso de los que transportaban cocaína.

13 toneladas incautadas

El golpe policial de octubre de 2024, con la incautación de 13 toneladas de cocaína en Algeciras, hizo saltar todas las alarmas dentro de la organización. Mensajes intervenidos reflejan cómo el líder transmitía a sus colaboradores las dudas del mando policial sobre continuar en el negocio pocos días antes de su detención: “Pero el amigo no tiene ganas. Y yo menos”, escribió, reconociendo en otra conversación que atravesaba un momento de “mucha tensión” y estaba “muy asustado”. Aun así, admitía que el contacto policial les había avisado previamente de movimientos que les permitieron reaccionar: “Gracias a Dios el amigo se ha portado. Siempre lo hace. Y nos ha dicho todo antes de que pase”.

Para los investigadores, la existencia de un colaborador en un puesto clave de la Policía permitió a la organización sortear controles y mantener durante años un flujo constante de cocaína procedente de Sudamérica, suministrada en origen por el narcotraficante Alejandro S. Vega, alias “El Tigre”, bajo la dirección de Torán en España.

La causa, coordinada en la Audiencia Nacional por el juez Francisco de Jorge, se aceleró tras el hallazgo del macroalijo y derivó en la detención del inspector jefe, en prisión provisional desde entonces. En su domicilio, los agentes hallaron cerca de 20 millones de euros ocultos en un hueco de la pared.

Con estos escándalos queda bastante claro que lejos de consolidar la “limpieza” prometida, los acontecimientos han abierto dudas sobre los mecanismos de control interno, los nombramientos y la capacidad real del Ministerio para detectar desviaciones en los niveles más altos de la estructura policial, además de poner en duda la labor de Asuntos Internos,. En lugar de cerrar una etapa de escándalos, Interior se enfrenta ahora a otra distinta, pero igualmente demoledora para la credibilidad institucional.