El portavoz de IU en el Congreso y miembro de Sumar, Enrique Santiago, ha denunciado este jueves que la reciente desclasificación de documentos sobre el 23-F parece responder a una "nueva operación de blanqueo" de la figura de Juan Carlos I. Santiago ha expresado su sorpresa ante el hallazgo de papeles sin firma que aluden a una supuesta nota del comité central del PCE que, según afirma, no existe en los registros históricos de su formación.

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Para el diputado de IU, el entonces jefe del Estado estaba al tanto de la conspiración que se fraguaba y optó por "dejar transcurrir muchas horas" para evaluar el equilibrio de fuerzas entre los distintos capitanes generales antes de intervenir. Esta visión crítica subraya una profunda "decepción" entre los socios habituales del Ejecutivo, quienes consideran que los archivos liberados no aportan datos novedosos y mantienen las mismas incógnitas que ya existían sobre el golpe de Estado.

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En sintonía con estas críticas, el portavoz del BNG, Néstor Rego, ha calificado de prematura la idea de que el monarca salvó la democracia, sugiriendo que todavía hay información relevante que "sigue siendo oculta". Rego ha ido más allá al señalar que el rey emérito debería regresar a España para rendir cuentas ante la justicia, no solo por las dudas sobre el 23-F, sino por sus presuntas actividades vinculadas a la corrupción y el incumplimiento fiscal.

Desde las filas de Compromís, los diputados Alberto Ibáñez y Àgueda Micó han coincidido en que lo hecho público es material que "más o menos" ya se conocía. Ante lo que consideran una transparencia a medias, Ibáñez ha anunciado que su grupo está finalizando la revisión de los legajos para preparar una batería de preguntas en la Cámara Baja con el objetivo de esclarecer los puntos oscuros que aún persisten sobre la asonada militar.

Por su parte, las formaciones vascas han puesto el foco en la necesidad de una apertura total de los archivos del Estado. La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha instado a desclasificar "muchos más" documentos secretos, mientras que Maribel Vaquero (PNV) ha evitado valorar si el papel del rey fue decisivo para frenar el golpe, argumentando que todavía deben analizar con detenimiento toda la información que vaya saliendo a la luz.

Finalmente, los socios parlamentarios han reclamado de forma unánime la derogación definitiva de la Ley de Secretos Oficiales de la etapa franquista. Consideran que solo mediante una "desclasificación total" se podrá cerrar este capítulo de la historia, alejando cualquier sospecha de protección institucional hacia la figura del emérito y garantizando el derecho a la verdad sobre los acontecimientos de 1981.