La Intervención General de la Administración del Estado ha detectado incrementos de presupuesto cercanos al 20% en tres obras adjudicadas por ADIF, dependiente del Ministerio de Transportes, a la constructora Acciona que forman parte de la investigación del 'caso Koldo' sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública. Es en esta pieza en la que se investiga al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, señalado por sus vínculos con esta empresa.
Así consta en un informe remitido al instructor de la causa en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, al que ha tenido acceso El Independiente. El interventor señala que en los tres contratos adjudicados a Acciona, bien en solitario o en UTE (Unión Temporal de Empresas con Ferrovial Agroman, se tramitaron modificaciones del proyecto que elevaron el precio del contrato ligeramente por debajo del 20%.
Según el documento, estas modificaciones se produjeron tras el acto de comprobación del replanteo, el trámite que marca el inicio de la ejecución de la obra, cuando el contratista puso de manifiesto una serie de "defectos" en el proyecto inicial que obligaron a modificarlo.
La Intervención subraya que en los tres casos estas modificaciones incumplieron la normativa sobre modificaciones contractuales, ya fuera la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 o las condiciones aplicables a los contratos sujetos a la normativa de los llamados sectores excluidos. El informe analiza un total de once contratos de obra pública vinculados a esta pieza del 'caso Koldo': cinco adjudicados por ADIF y seis por la Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Transportes.
Respecto a los contratos de Carreteras, el interventor también detecta incrementos presupuestarios cercanos al 20% en algunas de las obras analizadas. Asimismo, apunta a irregularidades en los criterios de adjudicación, basados en "juicios de valor", y señala que en la mayoría de los contratos la puntuación otorgada por los funcionarios de las demarcaciones de carreteras no figura justificada formalmente y se incorpora como anejo sin firmar a la valoración técnica.
Esta pieza del 'caso Koldo' investiga las presuntas irregularidades en la concesión de obra pública por parte del Ministerio de Transportes cuando estaba dirigido por José Luis Ábalos. En ella están siendo investigados, además de Cerdán, la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y el exdirector general de Carreteras Javier Herrero.
Cinco contratos a Acciona
Entre los contratos adjudicados por ADIF analizados por la Intervención figura el proyecto de soterramiento de la red ferroviaria en Murcia, en el que resultó adjudicataria una UTE en la que participaba Acciona. La adjudicación estuvo determinada principalmente por los criterios basados en juicios de valor, que otorgaron a la oferta ganadora una ventaja de más de tres puntos respecto al segundo clasificado y de al menos 5,8 puntos frente al resto de licitadores.
Otro de los expedientes examinados por ADIF corresponde al proyecto de soterramiento en el tramo Estación del Carmen-Barriomar, también en Murcia. Hacienda sostiene que esta actuación no debió tramitarse como un proyecto independiente, sino como una modificación de un contrato anterior de soterramiento ya en ejecución. A su juicio, la decisión de licitarla por separado pudo obedecer a la intención de evitar que las modificaciones superasen el 20% del contrato inicial, umbral a partir del cual habría sido necesario solicitar dictamen del Consejo de Estado.
El informe también analiza un tercer contrato adjudicado correspondiente a la construcción de la plataforma del corredor mediterráneo de alta velocidad entre Murcia y Almería en el tramo Pulpí-Vera, en el que participaba Acciona. En este caso, la modificación del proyecto aprobada en julio de 2022 supuso un incremento de 24,1 millones de euros, equivalente al 19,93% del importe de adjudicación.
En el ámbito de la Dirección General de Carreteras, la Intervención identifica incrementos de presupuesto similares en dos contratos adjudicados a Acciona en unión temporal con otras empresas. Se trata de la obra de refuerzo del Puente del Centenario de Sevilla y de un tramo de la autovía A-68 entre Arrúbal y Navarrete (La Rioja), donde las modificaciones elevaron el coste de los proyectos en un 19,02% y un 19,98%, respectivamente.
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