La Intervención General de la Administración del Estado ha remitido un informe al instructor del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, en el que detalla que en tres contratos que ADIF realizó con la constructora Acciona "los criterios determinantes de la adjudicación han sido los de juicios de valor". El interventor ha detectado irregularidades en la concesión de contratos de obra pública por parte del Ministerio de Transportes.

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Así consta en la documentación, a la que ha tenido acceso El Independiente. El organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, añade que en dos de estos contratos "no parece posible que la diferencia de puntuación por este criterio de juicios de valor se pudiera revertir con la puntuación obtenida por los criterios basados en fórmulas (precio)".

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El interventor ha analizado cinco contratos adjudicados por ADIF y seis contratos de la Dirección General de Carreteras en el marco de la parte del 'caso Koldo' en el que se investigan las presuntas irregularidades en la concesión de obra pública por parte del Ministerio cuando estaba dirigido por José Luis Ábalos. Se trata de la pieza en la que está imputado el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

De los cinco contratos de ADIF examinados, tres fueron adjudicados a Acciona Construcción, bien en solitario o en UTE (Unión Temporal de Empresas) con Ferrovial Agroman. Los otros dos, de menor cuantía, recayeron en una UTE formada por Obras Públicas y Regadíos y ASCH Infraestructuras y Servicios, y en la empresa Levantina Ingeniería y Construcción.

El informe señala que en los tres contratos adjudicados a Acciona se produjeron incidencias en el acto de comprobación del replanteo —el trámite que marca el inicio de la ejecución de la obra—, cuando el contratista detectó una serie de "defectos" que obligaron a tramitar modificaciones del proyecto. Estas modificaciones supusieron incrementos del precio del contrato ligeramente por debajo del 20% en los tres casos y, además, incumplieron la normativa sobre modificaciones contractuales.

Respecto de los contratos de la Dirección General de Carreteras analizados, el interventor señala que dos de los seis se adjudicaron a Acciona en UTE con otras empresas, y en ellos se produjeron modificaciones que han supuesto un incremento de presupuesto "cercano al 20% al igual que ha ocurrido en los tres contratos adjudicados por ADIF".

Asimismo, señala que las principales irregularidades detectadas en la adjudicación de contratos de la Dirección General de Carreteras tienen que ver, nuevamente, con criterios de adjudicación basados en "juicios de valor". Además, en la mayoría de los contratos la puntuación otorgada por los funcionarios de la Demarcación de Carreteras no figura justificada formalmente y se acompaña "como anejo sin firmar" a la valoración de la Subdirección de Construcción.